Por Nélida Rebollo de Montes
En América Latina comenzó a defenderse la educación popular gracias a los movimientos emancipadores. La reacción surgió también ante el panorama desolador que ofrecía el estado de abandono educativo. La ignorancia generalizada se debía al crudo analfabetismo. Sin embargo, la cultura superior solo favorecía exclusivamente a los letrados y a los hijos de la gente de posición acomodada.
Los siglos XVII y XVIII se caracterizan por la ignorancia de la masa; sin embargo, el desarrollo de estudios superiores no contempló el crecimiento paralelo de la educación primaria. Por eso la Revolución de Mayo de 1810 surgió de la clase ilustrada; no obstante, el pueblo tenía intuición suficiente de la importancia de la liberación, de fuerzas extrañas.
El pensamiento democrático, liberal, republicano de los ideales de Mayo de 1810 se malogró años después desembocando también en la anarquía y en la tiranía. Hacía falta la elevación del nivel cultural del pueblo. De ahí que en los primeros años de la independencia, las aulas se vaciaron porque los jóvenes tuvieron que formar los ejércitos y participar en la lucha. Surgió luego la imperiosa necesidad de que había que emprender la educación del pueblo.
El problema de los países hispanoamericanos no era solo el de su emancipación de dominios esclavizantes. Era necesario dotarlos de instituciones que estimularan el desarrollo de su creatividad y de su autonomía espiritual. Los promotores de esas impostergables necesidades fueron los libertadores como el general José de San Martín, Simón Bolívar e Hidalgo y hombres de creación interna que aportaron su pensamiento y acción, como Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, José Martí y los organizadores de instituciones que despertaron el anhelo de una auténtica emancipación espiritual. Todos abrazaron el ideal de la educación y cultura, pues la educación democrática promueve la formación de hombres libres, con espíritu abierto, tolerante y capaz de vincularse a deberes y valores. Pero no se puede enseñar la democracia con rigidez autoritaria o mediante autoritarismo.
La urgencia de formar la capacidad para pensar críticamente sin adoctrinamiento ni fanatismos ni siquiera forma parte de la educación ni en la reforma tan mentada. Precísamente a los reformistas de la educación no se les ocurre que la democracia debe ser un principio permanente de la educación en sus aspectos individuales y sociales, como la formación del carácter o la personalidad.
Los docentes, los políticos, los gobernantes deben saber que el principio de la democracia tiene en estos tiempos que afrontar la idea de la educación en una sociedad en continuos cambios. El mundo avanza a pasos agigantados. De ahí la exigencia de contar con un Estado docente.
La democracia, si quiere ser verdadera, hay que concebirla sobre un Estado que organice con seriedad la vida, creando condiciones cada vez mejores de existencia humana; y, como se proponía Sarmiento: “Arrasar la incultura y la intolerancia con el trabajo y la educación y sustituir el despotismo con la libertad mediante la implantación de instituciones democráticas”.
Hay que concebir la democracia inseparablemente ligada a la educación. La ignorancia en un país con vocación democrática conduce al falseamiento institucional y a la anarquía como se ve y se comprueba diariamente.
De ningún modo es educación la que se empeña en imponer, hasta humillar y adoctrinar a través de juicios dictados y consignas ideológicas. Hay que temer a las mentes caóticas, enemigas del orden y de la reflexión. Nadie puede educar para la libertad si no posee espíritu libre.
Nuestro país ha caído en la disolución y en la arbitrariedad que degradan la inteligencia y esterilizan la educación. La indiferencia y la inacción de los que tienen grandes responsabilidades en educación desencadenan frivolidades pedagógicas, pretendiendo suplantar hasta las normas y el respeto desautorizando a los profesionales de la enseñanza sin crear nada mejor para que la educación funcione. Últimamente han permitido que los alumnos tomen colegios y tomen decisiones impertinentes. Esto embrutece y degrada la inteligencia.
Al degradar la educación han aumentado el porcentaje de reprobaciones en los exámenes. El fracaso en la enseñanza y aprendizaje horroriza. No se puede avanzar con el látigo deplorable con el que el oficialismo golpea los oídos con su ideología totalitaria y con la pretensión de eternizarse en el poder.
Es un imperativo educar para garantizar la seguridad, el progreso, la libertad, la educación, la administración de justicia. Con urgencia hay que empeñarse para que los poderes públicos desde los cargos representativos sean desempeñados por personas eficientes, de ilustrada moralidad que defiendan las instituciones.
Carecemos de formación democrática. Es impensable, por ejemplo, que la Ministra de Seguridad de la Nación no concurra al Congreso ni a la justicia cuando se la cita por los graves hechos que incumben a su Ministerio. Entre ellos, el bloqueo de dos importantes diarios y ni siquiera emita un comunicado conjunto con la señora presidente Cristina Fernández de Kirchner, condenando tamaños excesos con los medios periodísticos independientes; y qué decir de la invasión ilegal de gente que habita asentamientos y de pronto ocupa viviendas adjudicadas previo pago acordado con el gobierno como la negación de mandar la policía para preservar el orden y evitar represalias de los propietarios despojados y burlados de sus bienes.
En una República democrática ninguna autoridad es ilimitada. El Estado de Derecho consiste en que la organización política de la sociedad reposa sobre las normas fundamentales cuyo imperio se impone a toda voluntad arbitraria y personal; y, como la autoridad reside en la ley, su limitación está siempre en la ley misma.
Se niegan a entender que el Código Penal ha castigado siempre los excesos, abusos o usurpaciones de la autoridad y reprime la falta de cumplimiento de los funcionarios a los deberes a su cargo. En una democracia se respeta la ley y la observancia de sus disposiciones. Sin el respeto a la ley no puede haber orden jurídico, ni libertad, ni dignidad humana, ni justicia.
El imperio de la ley significa el triunfo del derecho sobre la arbitrariedad. La primera condición para la seguridad de los individuos y para la posibilidad de la justicia son los fines primordiales de la República democrática.
La educación democrática está ausente en nuestro país. El ciudadano clama por la formación de una conciencia cívica y una educación democrática para que la ley se imponga por igual a gobernados y gobernantes.
Nélida Rebollo de Montes, Profesora y periodista, distinguida con el Premio Benefactora de la Cultura. Ingresó en la Academia Provincial de la Historia con el trabajo titulado “Mujeres de mayo y prácticas electorales de 1816”. Con el voto unánime ingresó a la Sociedad Argentina de Escritores, institución que la distinguió con la “Pluma de Oro”, con la “Faja de Honor” y el “Gran Premio de Honor”. Autora del libro “Nuestro Tiempo y Nuestras Razones”, que incluye artículos de su profesión periodística, afrontando la difícil tarea del comentario instantáneo sobre los acontecimientos que se suceden diariamente. La gente valora en ellos el estudio relevante sobre el presente. El libro figura en las Universidades de Yale, de Columbia y en el catálogo online de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica.
Su Ensayo “Rosalía de Castro. Antonio de la Torre : dos testimonios de la pasión poética” fue incluido en la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela de España, en la Biblioteca Pública de Nueva York y en la Universidad Stony Brook de Nueva York de Estados Unidos de Norteamérica. Fue galardonada, en 1986, con el premio internacional “Honoris Causa”, otorgado por la Acción Católica Argentina con sede en Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica. En el mismo año, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) la premió en el año internacional de la Paz.
Fue elegida, en 1990, “Ciudadana Ilustre” de la Municipalidad de la Capital de San Juan y condecorada, en 1994, por el Diario la Razón. El Centro de Artistas Plásticos de San Juan la consagró, en el mismo año, “Benefactora del Arte”. Tres veces premiada, en 1997, 2001 y 2005, por ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina) y, en 1990, con el “Santa Clara de Asís”.
La Dra. Rebecca Ann Bill de la Universidad de Stanford de California, Estados Unidos, contratada por FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia de la República Argentina) consultó como fuente de de información un artículo periodístico de la Profesora Nélida Rebollo de Montes (argentina) titulado “La Suprema Corte de Justicia en la Presidencia de Mitre” y un libro del Dr. Harold J. Berman (estadounidense) de la Universidad de Cambridge y profesor emérito de la Universidad de Harvard. De ambos autores la Dra. Bill utilizó datos para su obra de investigación “Medición de la autonomía judicial. Juzgado Federal de primera instancia en lo penal de la República Argentina".
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