Por Sergio Wisky
Primero, vinieron por los estancieros extranjeros, pero como yo no era uno, no me preocupé. Después, incendiaron los refugios en la montaña, pero como yo no esquío ni hago andinismo, no me importó. Ahora queman banderas argentinas, y quizás sea demasiado tarde.
El parafraseo de esta reflexión que el saber popular le atribuye, equivocadamente, a Brecht bien puede aplicarse a lo que sucede en la zona cordillerana con la denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un movimiento que intensificó sus acciones a partir de la detención de su líder Facundo Jones Huala, cuyo juicio de extradición a Chile comenzará en pocos días.
No se trata de una minoría o una persona en condición de opresión por parte de un Estado autoritario. Las propias comunidades mapuches en su inmensa mayoría se pronunciaron en contra de estos violentos.
Por el contrario, es una minoría sin límites que, en su escalada de violencia, se torna peligrosa si no actúan rápidamente la Justicia y todo el Estado, restaurando esos márgenes que definen la forma republicana de gobierno.
Todo lo que hacen es delito: expresar públicamente y promover el reconocimiento de la soberanía del Estado sobre su propio territorio, incendiar propiedad pública y privada, cortar las vías de comunicación, amenazar con palos, piedras y armas de fuego a quienes residen o transitan en el territorio que reclaman, quemar símbolos patrios.
¿Hasta dónde vamos a dejar que llegue este puñado de gente que pone a la mayoría en situación vulnerable por el miedo que produce su violencia sin límites? ¿Hasta cuándo va a existir un sector de la política que con sus hechos o sus silencios avala o aprovecha a los violentos? ¿En qué momento fiscales y jueces dirán ese "basta" que los hombres y las mujeres de bien ya dijeron hace rato?
Claramente, la república tiene que poner límites y reconocer los suyos propios. De la misma manera en que debe perseguir y juzgar a estos delincuentes, debe, como está haciendo, poner todo su esfuerzo en la búsqueda de Santiago Maldonado y esclarecer las circunstancias de su ausencia. Todo dentro de la ley, con las garantías de la Constitución.
Creo hablar en nombre de la mayoría de los ciudadanos de mi provincia cuando pido que la Justicia actúe, que el delincuente y delirante Jones Huala sea extraditado y que rinda cuentas por sus actos en Chile, y que se sustancien los juicios necesarios a nivel local para que él y sus secuaces paguen el daño que nos hicieron.
El autor es diputado nacional, Unión PRO, Río Negro.
Primero, vinieron por los estancieros extranjeros, pero como yo no era uno, no me preocupé. Después, incendiaron los refugios en la montaña, pero como yo no esquío ni hago andinismo, no me importó. Ahora queman banderas argentinas, y quizás sea demasiado tarde.
El parafraseo de esta reflexión que el saber popular le atribuye, equivocadamente, a Brecht bien puede aplicarse a lo que sucede en la zona cordillerana con la denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un movimiento que intensificó sus acciones a partir de la detención de su líder Facundo Jones Huala, cuyo juicio de extradición a Chile comenzará en pocos días.
No se trata de una minoría o una persona en condición de opresión por parte de un Estado autoritario. Las propias comunidades mapuches en su inmensa mayoría se pronunciaron en contra de estos violentos.
Por el contrario, es una minoría sin límites que, en su escalada de violencia, se torna peligrosa si no actúan rápidamente la Justicia y todo el Estado, restaurando esos márgenes que definen la forma republicana de gobierno.
Todo lo que hacen es delito: expresar públicamente y promover el reconocimiento de la soberanía del Estado sobre su propio territorio, incendiar propiedad pública y privada, cortar las vías de comunicación, amenazar con palos, piedras y armas de fuego a quienes residen o transitan en el territorio que reclaman, quemar símbolos patrios.
¿Hasta dónde vamos a dejar que llegue este puñado de gente que pone a la mayoría en situación vulnerable por el miedo que produce su violencia sin límites? ¿Hasta cuándo va a existir un sector de la política que con sus hechos o sus silencios avala o aprovecha a los violentos? ¿En qué momento fiscales y jueces dirán ese "basta" que los hombres y las mujeres de bien ya dijeron hace rato?
Claramente, la república tiene que poner límites y reconocer los suyos propios. De la misma manera en que debe perseguir y juzgar a estos delincuentes, debe, como está haciendo, poner todo su esfuerzo en la búsqueda de Santiago Maldonado y esclarecer las circunstancias de su ausencia. Todo dentro de la ley, con las garantías de la Constitución.
Creo hablar en nombre de la mayoría de los ciudadanos de mi provincia cuando pido que la Justicia actúe, que el delincuente y delirante Jones Huala sea extraditado y que rinda cuentas por sus actos en Chile, y que se sustancien los juicios necesarios a nivel local para que él y sus secuaces paguen el daño que nos hicieron.
El autor es diputado nacional, Unión PRO, Río Negro.
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