HONOR Y MISERIA EN EL JUICIO POR EL OPERATIVO INDEPENDENCIA

Más allá de las defensas valientes y brillantes de los abogados defensores tucumanos, no albergo la menor esperanza de justicia por parte de jueces que son fieles a la “política de Estado” antes que a la Constitución Nacional.

Por Mauricio Ortín

Participé como miles de argentinos del Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Todos, soldados, suboficiales y oficiales de las fuerzas legales, ya en combate, ya custodiando a los civiles, cumplimos con nuestro deber al derrotar a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Giménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo. Han pasado cuarenta años de aquella patriada, tiempo más que suficiente para que vencedores y vencidos escriban la historia mirando hacia adelante y no como si tuvieran los ojos en la nuca. Conviene precisar que fue el Estado nacional, presidido por el gobierno de María Estela Martínez de Perón, con la aquiescencia del Congreso, el Poder Judicial, los gobernadores y todas las fuerzas políticas el que ordenó a las Fuerzas Armadas y de seguridad aniquilar la subversión en Tucumán. Paradójicamente, casi medio siglo después, son los mismos actores políticos los que implementaron una “política de Estado” para perseguir a aquellos que cumplieron con su anterior “política de Estado” de aniquilar la subversión. Los que ayer ordenaron aniquilar, hoy se constituyen en inclementes jueces de aniquiladores. 

En los juicios de lesa humanidad, el del Operativo Independencia no es la excepción, lo que verdaderamente se juzga es el “delito aberrante” haber reprimido a un intocable del ERP o de Montoneros. Tanto es así que la comisión del delito de “violación de domicilio” se convierte en “lesa humanidad” si se perpetró contra el subversivo-víctima que asesinó al capitán Viola y a su hija María Cristina. Crimen, éste último, infinitamente menos grave para la justicia argentina. Y ¡guay! de que algún letrado “defensor de genocidas” en el oral se le ocurra “re victimizarlos” con preguntas le revuelvan sus “pecados de juventud”.

Párrafo aparte merece el alegato final del fiscal Pablo Camuña. Su esfuerzo retórico está dirigido a condenar al Operativo Independencia como empresa maligna para, luego, deducir la culpabilidad objetiva de los acusados por el mero hecho de haber participado en ese operativo. De allí que las pruebas resulten ociosas y el testimonio del enemigo de los imputados le baste y sobre para pedir perpetua. El alegato de Camuña podría definirse como un mamarracho jurídico “políticamente correcto” a la altura de la cobardía generalizada que atraviesa la sociedad argentina. Para Camuña, “El Ejército, con las unidades sumadas a él o puestas bajo su control, invadió y ocupó la provincia de Tucumán durante un período que llegó por lo menos hasta 1978”. Pero ¿cómo se entiende esto? Acaso, que ¿hay que considerar al Ejército argentino como el enemigo invasor del territorio nacional? ¿Camuña coincide con la tesis de los terroristas? 

Es más, ¿por qué las FF.AA. ocuparon y ocupan Tucumán y el resto del territorio nacional? ¡Porque éste, todavía, es argentino! El invasor, el que hacia flamear una bandera extraña a la celeste y blanca, el que aliado al Estado cubano pretendía adueñarse de la “cuna de la Independencia” y mutilarla del territorio nacional, fue el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

Agrega, “que no existió una guerra”…. “Vamos a analizar y rechazar la porfiada, descabellada y por cierto cobarde alusión a la guerra”. 

Desconozco si Camuña había nacido cuando se libraron los combates, entre otros, de Manchalá y Acheral; pero, en caso de haber actuado de buena fe, bien podría haberse ahorrado semejante dislate poniendo atención a la montaña de documentación presentada por la defensa o a las declaraciones de los testigos-combatientes de Manchalá durante el juicio. 

¿Son “cobardes”, como dice Camuña, los imputados que hacen “alusión a la guerra” para explicar sus conductas? ¿O son cobardes los guerrilleros que siempre la reivindicaron y la niegan en los juicios? 

Repugna escuchar cuando los Perdía, Mattini, Verbitsky, Anguita y compañía lloran presentándose como víctimas inocentes... ¿Habrán sido así de miserables los que no sobrevivieron? Cuesta imaginarse a un Roberto Santucho patético y lastimero. Descartado que los subversivos fueron parte argentina del movimiento hippie mundial, quienes se encontraban de picnic en el monte tucumano predicando el amor a la naturaleza y la paz del mundo, quedan sólo dos opciones para definirlos: o fueron soldados peleando (por extraviada que fuera) su guerra revolucionaria o fueron criminales seriales, psicópatas o degenerados que asesinaban por el placer perverso de matar. 

Ante la duda, y a pesar del deshonor con que los ofenden los Camuña, prefiero pensar que murieron como ¿valientes? soldados. Pero hay más, ¿por qué el fiscal habría de perder semejante oportunidad de equiparar al Operativo Independencia con el horror nazi de Treblinka, de igualar a la víctima Ana Frank con el victimario Gorriarán Merlo? Los judíos europeos fueron asesinados por el “delito” nazi de existir. Es un agravio y un deshonor al martirio de millones de inocentes el, siquiera, equipararlos con esos repugnantes seres que no respetaban ni la vida propia, ni la ajena.

Como broches del alegato, Camuña solicita al Tribunal: 

1) que en la sentencia se declare que, durante el Operativo Independencia, no existió “enfrentamiento armado” (no se sabía de la adhesión a la corriente historiográfica estalinista del fiscal) y 

2) que los juicios que en su época condenaron a los asesinos del capitán Viola y su hija sean declarados nulos (nadie podrá acusarlo de incoherente). 

El juicio al Operativo Independencia es, salvando las distancias, como el juicio por crimen de lesa humanidad que podría ¿instruirse? al comando militar que mató a Osama Bin Laden o el que podría abrirse a los 88.000 policías franceses que participaron en la caza y muerte de los dos terroristas que atentaron contra la revista Charlie Hebdó. Como mínimo, sería considerado “Traición a la Patria”.

Las cosas son así y poco o nada se puede hacer para evitar que esos ancianos se pudran en prisión. Más allá de las defensas valientes y brillantes de los abogados defensores tucumanos, no albergo la menor esperanza de justicia por parte de jueces que son fieles a la “política de Estado” antes que a la Constitución Nacional. 

No soy genocida, ni invasor, ni violador de los derechos humanos por haber sido parte del Operativo Independencia. Al contrario y por eso mismo me debo el reconocimiento de haber estado allí. Guardo celosamente el diploma que acredita mi participación de soldado argentino, que tiene en mi hogar el lugar de honor que se merece…

Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de SALTA