Se atrasó tres meses, pero aplaudo la decisión del Gobierno de dar a conocer anteayer "El estado del Estado", un inventario preliminar que describe en qué condiciones dejó el kirchnerismo a la nación, después de doce años y medio de ejercer el poder con una inédita vocación por el latrocinio más despiadado; no he tenido tiempo de leerlo en detalle, porque son 223 páginas, y por ello postergaré su análisis. Sin embargo, en esa nefasta herencia se destacan, además de la corrupción, los dos ítems que sirven de título.
Frente el feroz aumento de la inflación desde antes de la fallida entrega del poder por parte de Cristina -cuando la Secretaría de Comercio dejó de ejercer el poder de policía del cual había abusado hasta entonces- se ha planteado la discusión acerca de qué conducta asumir frente a los empresarios y los "formadores de precios"; liberales a ultranza y estatistas trasnochados se preguntan cómo disciplinarlos sin agredir al famoso "mercado".
Para situarnos correctamente frente al tema, debemos partir de un adecuado diagnóstico. Para atraer las indispensables inversiones productivas se requieren, prioritariamente, dos requisitos: la seguridad jurídica y el sostenido suministro de energía. El primero, después de seis meses de gestión de Cambiemos, está encarrilándose y, a mediano plazo, se habrá logrado transmitirlo así. En cambio, para el segundo se necesita tiempo, y nadie puede pensar en invertir -construyendo una fábrica, por ejemplo- si no sabe si tendrá luz y gas para hacer funcionar su proyecto.
Más allá de estar convencido que esa carencia de energía se debe, exclusivamente, a la voluntad de Néstor (q.e.p.d.) de robarse el 25% de YPF, operación que concretó a través de una compañía australiana teóricamente perteneciente a la familia Eskenazy, creo que llegar a la solución permanente de la escasez insumirá más que los tres años y medio que tiene por delante el actual turno presidencial.
Hasta entonces, y como decía Aldo Ferrer, deberemos "vivir con lo nuestro" en materia de fábricas, ya que ese requisito también incide en las decisiones de inversión de los actuales empresarios, habituados hace décadas a exigir barreras a la competencia internacional bajo la amenaza del desempleo generalizado. Así, por la vía de la extorsión más descarada, consiguieron -aún lo hacen- disponer de un coto de caza en el cual pudieron vender baja calidad a altos precios; total, nadie podía venir a poner en riesgo sus pingües negocios.
Sin embargo, existe un camino alternativo, ensayado con éxito por muchos países de la región y de Europa, de dimensiones poblacionales y atrasos tecnológicos comparables a los nuestros. Y ese camino, obviamente, es la apertura total de la economía y la firma de tratados de libre comercio. Antes que los cultores del más acendrado proteccionismo comiencen a gritar y maldecirme, aclaro que esa apertura debe ser concretada a mediano plazo, pero con fecha y hora previamente establecidas. En el ínterin, el Estado debe ofrecer a los industriales los créditos necesarios para que puedan reconvertir sus empresas y prepararlas para la libre competencia internacional. Podemos tener muchos defectos, pero disponemos de las materias primas y de los profesionales necesarios para llevar adelante esa transformación, y los adelantos tecnológicos están disponibles en el mundo.
Nuestro país tiene cuarenta y un millones de habitantes, pero un tercio de ellos se encuentra por debajo de la línea de pobreza; esto se traduce, linealmente, en un mercado interno muy reducido, al que cualquier cimbronazo en sus ingresos -y las actuales circunstancias son una prueba de ello- conmueve y lo hace dejar de consumir. El círculo maldito es, así, perfecto: las empresas, ante la caída en las ventas, comienzan a despedir personal y se incrementa el número de pobres pero, para no perder ganancias, los precios aumentan.
Con la descripción del párrafo anterior, resulta claro que la Argentina no está en condiciones, por su economía de pequeña escala, de fabricar productos en forma masiva; nuestros actuales costos internos (impuestos, salarios y cargas sociales) nos impiden competir con países (Sudeste asiático, China, India, Brasil, etc.) en los cuales la suma de esos ítems resulta sensiblemente inferior. Pero, en cambio, podemos hacerlo en condiciones favorables en aquellos mercados en los que se prioriza la calidad y el diseño sobre el precio, que pasa a ser un factor casi despreciable.
En resumen, ¿por qué fabricar prendas de jean o calzados mediocres y, además, internacionalmente caros cuando podemos vender excelencia, moda, innovación y, por qué no, lujo a un mundo cada vez más pretencioso y rico? Esa es la reconversión a la que me refiero, y allí sí el Estado debe estar presente para alentarla y favorecerla. Si lo logramos, podríamos levantar, sin riesgo alguno para el empleo nacional, todas las barreras aduaneras que hoy impiden que lleguen productos inferiores y más baratos, a los cuales accederían muchos de nuestros más pobres conciudadanos.
Si tuvo el privilegio de viajar, ¿vio a grandes y prestigiosas empresas de cualquier rubro -alimentos, indumentaria, decoración, belleza, etc.- protestar contra los productos baratos extranjeros?; no juegan en los mismos mercados, ni les interesa hacerlo. Si siguiéramos esa receta de vender al mundo de altos precios, estaríamos en condiciones de pagar mejores salarios y ocupar más mano de obra; a la vez, con el arribo de los productos inferiores importados bajaría la inflación y nos beneficiaríamos todos; en una palabra, nos pareceríamos más a Alemania, aunque allí haya más pobres, como sostenía Aníbal La Morsa Fernández sin que se le moviera el bigote.
Cambiando de tema, la marcha que organizaron las dos CTA esta semana confirmó mis temores: la presencia de agrupaciones como Miles (D'Elía), Quebracho (Esteche) y Tupac Amaru (Milagro Salas) requirió de una financiación que sólo Cristóbal Timba López pudo proporcionar, sospecha que se reafirmó cuando vi cómo se tornaba cada vez más virulento el discurso desestabilizador desde su multimedios, encabezado por C5N. Creo que todas esas movidas tienen como destinatarios a los jueces federales, a los cuales se busca inquietar ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo; sin embargo, no podrá transformarse en impunidad, porque los magistrados están mucho más cómodos con Macri, cuya gobernabilidad misma sería puesta en riesgo si los autores de tantos desaguisados no fueran castigados, aunque los famosos sobres hayan dejado de circular con su administración.
Mañana, cuando Lázaro Bóvedas Báez concrete su reunión privada con los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal Penal, seguramente la Justicia se acercará aún más a la ya muy inquieta emperatriz destronada.
Frente el feroz aumento de la inflación desde antes de la fallida entrega del poder por parte de Cristina -cuando la Secretaría de Comercio dejó de ejercer el poder de policía del cual había abusado hasta entonces- se ha planteado la discusión acerca de qué conducta asumir frente a los empresarios y los "formadores de precios"; liberales a ultranza y estatistas trasnochados se preguntan cómo disciplinarlos sin agredir al famoso "mercado".
Para situarnos correctamente frente al tema, debemos partir de un adecuado diagnóstico. Para atraer las indispensables inversiones productivas se requieren, prioritariamente, dos requisitos: la seguridad jurídica y el sostenido suministro de energía. El primero, después de seis meses de gestión de Cambiemos, está encarrilándose y, a mediano plazo, se habrá logrado transmitirlo así. En cambio, para el segundo se necesita tiempo, y nadie puede pensar en invertir -construyendo una fábrica, por ejemplo- si no sabe si tendrá luz y gas para hacer funcionar su proyecto.
Más allá de estar convencido que esa carencia de energía se debe, exclusivamente, a la voluntad de Néstor (q.e.p.d.) de robarse el 25% de YPF, operación que concretó a través de una compañía australiana teóricamente perteneciente a la familia Eskenazy, creo que llegar a la solución permanente de la escasez insumirá más que los tres años y medio que tiene por delante el actual turno presidencial.
Hasta entonces, y como decía Aldo Ferrer, deberemos "vivir con lo nuestro" en materia de fábricas, ya que ese requisito también incide en las decisiones de inversión de los actuales empresarios, habituados hace décadas a exigir barreras a la competencia internacional bajo la amenaza del desempleo generalizado. Así, por la vía de la extorsión más descarada, consiguieron -aún lo hacen- disponer de un coto de caza en el cual pudieron vender baja calidad a altos precios; total, nadie podía venir a poner en riesgo sus pingües negocios.
Sin embargo, existe un camino alternativo, ensayado con éxito por muchos países de la región y de Europa, de dimensiones poblacionales y atrasos tecnológicos comparables a los nuestros. Y ese camino, obviamente, es la apertura total de la economía y la firma de tratados de libre comercio. Antes que los cultores del más acendrado proteccionismo comiencen a gritar y maldecirme, aclaro que esa apertura debe ser concretada a mediano plazo, pero con fecha y hora previamente establecidas. En el ínterin, el Estado debe ofrecer a los industriales los créditos necesarios para que puedan reconvertir sus empresas y prepararlas para la libre competencia internacional. Podemos tener muchos defectos, pero disponemos de las materias primas y de los profesionales necesarios para llevar adelante esa transformación, y los adelantos tecnológicos están disponibles en el mundo.
Nuestro país tiene cuarenta y un millones de habitantes, pero un tercio de ellos se encuentra por debajo de la línea de pobreza; esto se traduce, linealmente, en un mercado interno muy reducido, al que cualquier cimbronazo en sus ingresos -y las actuales circunstancias son una prueba de ello- conmueve y lo hace dejar de consumir. El círculo maldito es, así, perfecto: las empresas, ante la caída en las ventas, comienzan a despedir personal y se incrementa el número de pobres pero, para no perder ganancias, los precios aumentan.
Con la descripción del párrafo anterior, resulta claro que la Argentina no está en condiciones, por su economía de pequeña escala, de fabricar productos en forma masiva; nuestros actuales costos internos (impuestos, salarios y cargas sociales) nos impiden competir con países (Sudeste asiático, China, India, Brasil, etc.) en los cuales la suma de esos ítems resulta sensiblemente inferior. Pero, en cambio, podemos hacerlo en condiciones favorables en aquellos mercados en los que se prioriza la calidad y el diseño sobre el precio, que pasa a ser un factor casi despreciable.
En resumen, ¿por qué fabricar prendas de jean o calzados mediocres y, además, internacionalmente caros cuando podemos vender excelencia, moda, innovación y, por qué no, lujo a un mundo cada vez más pretencioso y rico? Esa es la reconversión a la que me refiero, y allí sí el Estado debe estar presente para alentarla y favorecerla. Si lo logramos, podríamos levantar, sin riesgo alguno para el empleo nacional, todas las barreras aduaneras que hoy impiden que lleguen productos inferiores y más baratos, a los cuales accederían muchos de nuestros más pobres conciudadanos.
Si tuvo el privilegio de viajar, ¿vio a grandes y prestigiosas empresas de cualquier rubro -alimentos, indumentaria, decoración, belleza, etc.- protestar contra los productos baratos extranjeros?; no juegan en los mismos mercados, ni les interesa hacerlo. Si siguiéramos esa receta de vender al mundo de altos precios, estaríamos en condiciones de pagar mejores salarios y ocupar más mano de obra; a la vez, con el arribo de los productos inferiores importados bajaría la inflación y nos beneficiaríamos todos; en una palabra, nos pareceríamos más a Alemania, aunque allí haya más pobres, como sostenía Aníbal La Morsa Fernández sin que se le moviera el bigote.
Cambiando de tema, la marcha que organizaron las dos CTA esta semana confirmó mis temores: la presencia de agrupaciones como Miles (D'Elía), Quebracho (Esteche) y Tupac Amaru (Milagro Salas) requirió de una financiación que sólo Cristóbal Timba López pudo proporcionar, sospecha que se reafirmó cuando vi cómo se tornaba cada vez más virulento el discurso desestabilizador desde su multimedios, encabezado por C5N. Creo que todas esas movidas tienen como destinatarios a los jueces federales, a los cuales se busca inquietar ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo; sin embargo, no podrá transformarse en impunidad, porque los magistrados están mucho más cómodos con Macri, cuya gobernabilidad misma sería puesta en riesgo si los autores de tantos desaguisados no fueran castigados, aunque los famosos sobres hayan dejado de circular con su administración.
Mañana, cuando Lázaro Bóvedas Báez concrete su reunión privada con los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal Penal, seguramente la Justicia se acercará aún más a la ya muy inquieta emperatriz destronada.
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