La República es asunto de todos, no solo de quienes circunstancialmente cumplen funciones públicas. No podemos permanecer indiferentes ante quienes siguen socavando el Estado de Derecho.
Por Jorge R. Enríquez
Hoy más que nunca debemos consolidar el cambio. Claro que hay enormes resistencias y personajes del pasado que hacen mucho ruido, pero no nos confundamos: como dijo Hipólito Yrigoyen, todo taller de fragua parece un mundo que se derrumba. Lo que estamos fraguando, con el liderazgo del presidente Mauricio Macri, es una verdadera República, con división de poderes, con sujeción a la Constitución y las leyes, con desarrollo económico y con equidad social. Solo así habremos derrotado ese flagelo intolerable en un país como el nuestro, que es que un tercio de los argentinos viva en la pobreza.
Por cierto, es una tarea de todos los argentinos. En un país que tantos problemas tiene con la cultura de la legalidad, es imperioso que con nuestra conducta cotidiana y nuestro compromiso cívico le demos carnadura a una arquitectura institucional sólida que sirva de marco para el despegue económico y la igualdad de oportunidades. No podemos aceptar que haya jueces y fiscales sospechados de corrupción, ni subordinados a los intereses de una fracción política. Por eso, es necesario que la doctora Alejandra Gils Carbó, que ha dado sobradas muestras de no ser independiente, deje su cargo. No cumple el mandato constitucional de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, sino que encarna la garantía de la impunidad. Ha perseguido a un fiscal independiente como José María Campagnoli por investigar las acciones de lavado de Lázaro Báez. Maniobra constantemente para ubicar fiscales de una insólita agrupación que ha partidizado como nunca se había visto a nuestra magistratura, “Justicia Legítima”. La única Justicia legítima es la que aplica la ley. La que la tuerce para alcanzar determinados fines políticos y para proteger a los amigos es absolutamente ilegítima.
Del mismo modo, es vergonzoso que el juez Eduardo Freiler no haya podido ser todavía suspendido en sus funciones y sometido a juicio político. Su enriquecimiento patrimonial está a la vista, es escandaloso y no ha merecido hasta ahora ninguna explicación razonable, pero el kirchnerismo lo protege, como antes protegió a Norberto Oyarbide. Un magistrado de esas características ha perdido toda autoridad moral y no puede despertar la más mínima confianza de la sociedad.
Otro que parece gozar de una extendida protección, en este caso judicial, es Julio De Vido, quien manejó por doce años las obras públicas con “retornos” y precios inflados. Es absurdo cortar la cadena de responsabilidad en sus inferiores. Lo ha dicho con todas las letras hace pocos días el presidente Macri: “Si el señor De Vido, que es un emblema, tiene demasiados amigos en la Justicia Federal, los jueces tienen que saber que (…) los argentinos queremos saber la verdad”.
La República es asunto de todos, no solo de quienes circunstancialmente cumplen funciones públicas. No podemos permanecer indiferentes ante quienes siguen socavando el Estado de Derecho. Debemos hacer oír nuestra voz en todos los ámbitos. Somos muchos más los que creemos en los valores constitucionales, pero si no luchamos por ellos las minorías activas pueden doblegarnos. Lo dijo hace más de dos siglos Edmund Burke: “Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada”.
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