Por Alberto Asseff
No voy a internarme en dilucidar si los mapuches son o no de origen argentino porque coherente con mi postura de toda la vida refirmo que al sur del rio Bio Bio, en la latitud de Neuquén, la Intendencia de Buenos Aires tuvo desde 1776 jurisdicción en ambas costas oceánicas y por ende si ese pueblo es el comúnmente llamado araucano puede considerarse originario de nuestro país. Tampoco voy a ahondar en el tema de la historia de la propiedad de las 1.300 hectáreas que hoy ocupan unos cien mapuches en el Pu Lof. Esas tierras inicialmente fueron de capitales ingleses y en los noventa las adquirió el grupo Benetton que produce en sus casi 900 mil hectáreas en la Patagonia 1.340.000 kg de lana que exporta para su manufactura en el exterior. Mi opinión sobre esto será materia de otra nota.
Contrariamente a lo que se afirma, el general Roca no solo repartió tierras entre sus allegados y los sectores más acomodados, sino que también acordó con los caciques aborígenes la propiedad de parte de las áreas incorporadas a ley nacional, mas allá de que eran de pertenencia argentina por el uti possidetis juris 1810. Poseerás como poseías en 1810, principio angular para determinar las fronteras en Iberoamérica, aunque debió hacerse lo más natural, la nonata Confederación, esa que vanamente propugnó Bolivar.
Creo que los capitales y personas extranjeras no residentes deben tener restricciones para acceder a la propiedad en zonas fronterizas como es normal en todo el mundo. Acá en nuestras narices, los británicos vedan la propiedad de los argentinos continentales en las Malvinas y eso lo practica el país más civilizado del planeta. Por lo menos es lo que alardean. Empero, el hecho es que esas 1.300 hectáreas hace un siglo y medio que no estaban ocupadas por los mapuches. Solo en 2002 se inició la ocupación de tierras por parte de algunos mapuches. De todos modos, la Nación Argentina y las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén deben resolver esta cuestión a la luz de dos derechos, el de propiedad reconocido en el art.14 y el de los indígenas que surge del citado inciso 17 del art.75.
El arreglo debe ser pacifico. No cabe alternativa. Desde hace un quinquenio un minúsculo sector mapuche autodenominado Resistencia Ancestral Mapuche, RAM, sostenido por el CELS y la Asamblea Permanente por los DDHH, con financiamiento internacional y con vínculos con los activistas de la chilena Coordinadora Arauco Malleco, CAM, han incendiado forestaciones, puestos de estancia, una estación de tren La Trochita, asesinado en Chile a un matrimonio, privado ilegítimamente de la libertad a varias personas, cortado rutas, sabotearon tendidos eléctricos y ahora asaltado y tomado la Intendencia Municipal de El Bolsón, entre otros actos criminales. En el país tienen abiertas setenta causas judiciales y en Chile varias más.
La propiedad comunitaria que garantiza la Constitución no es soberanía. No hay territorio sagrado donde la ley argentina debe pedir permiso o ser palpados de armas, como le pasó a los buzos de la Prefectura que nada menos estaban buscando a un desaparecido o tener prohibido un rastrillaje. Es patético ver a un juez federal negociando la soberanía. Soy consciente que los sectores literalmente anarquistas quieren la confrontación y a la resolución de un juez que ordena actuar a la Gendarmería la estigmatizan como represión ilegal. Por un lado exigen que se investigue y por otro lo impiden, incluyendo testimonios falsos como el de Matías Santana, el de los binoculares. Cabe reclamar con vehemencia que la soberanía nacional debe imperar en plenitud y que por caso a un falso testigo no debe dejárselo ir sin castigo.
Es inadmisible que todos los días la plaza histórica mayor de nuestro país, la que lleva el esplendoroso nombre de Mayo, sea maculada por encapuchados vandálicos que por ejemplo el sábado 21 de octubre con mazas que traían ex profeso rompieran los escalones del Palacio Municipal y con los cascotes atacaran la Catedral. El viernes 20 hasta el juez que negoció con los ocupantes del Pu Lof recibió arteras e impunes pedradas. Ninguna causa noble puede conseguirse por una vía tan vil y criminal. Ese camino es de guerra, de anarquía y de disolución. La Argentina correcta, que es inmensamente mayoritaria, debe poner al país en caja legal. No pueden continuar los desmadres. O nos amigamos con la ley y la solución pacifica de nuestras querellas o la anarquía golpeará cada vez con más fuerza a nuestras puertas.
La represión de la Gendarmería a un corte de una ruta nacional como la 40 fue dispuesta por un juez y perseguir a quienes lanzan pedradas y amenazan con sus armas es la consecuencia lógica y normal de una manda judicial. Quizás no sea políticamente correcto escribirlo con todas las letras y sin eufemismos, pero así le está yendo de mal a la política por enmascarar la verdad y disimular el delito. O ser cómplice de su comisión.
Reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios argentinos, sí y sin cortapisas. Indigenismo, esto es la violenta y desmesurada exacerbación de los reclamos, con aviesos hilos que los manipulan, no, de ninguna manera.
Verdad y Justicia, claro. Sin hipocresía, sin politización partidista, sin segundas intenciones, sin destruir nuestras instituciones, entre las que incluyo a la Gendarmería Nacional. Si este cuerpo tiene delincuentes de cualquier laya hay que depurarlo, pero jamás demolerla como quieren los anarquistas. Agreguemos a la consigna Verdad, Justicia, Vigencia de la Ley y Soberanía nacional.
Diputado del Mercosur, diputado nacional mc y presidente nacional del partido UNIR
www.unirargentina.org
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