La reapertura de causas que eran cosa juzgada y la violación del derecho a la prisión domiciliaria han sido denunciadas por un grupo de destacados juristas.
Un conjunto de muy destacados juristas, cuya independencia de opinión no requiere demostración, ha emitido un documento titulado "Manifiesto: la Justicia y los juicios de lesa humanidad", donde cuestionan que se hayan dejado de lado los principios fundamentales de la justicia en el tratamiento de los delitos cometidos durante la represión del terrorismo de los años setenta. El documento objeta también la asimetría en el juzgamiento de estos delitos mientras se han mantenido impunes los cometidos por los grupos armados que desataron la violencia en pos de la implantación en la Argentina de un régimen totalitario marxista al ejemplo de Cuba.
El manifiesto tiene un carácter jurídico. Reclama justamente por la falta de juridicidad en casos en los que prevalecieron la ideología y la exacerbación de sentimientos de venganza. Durante la gestión kirchnerista, las condenas y encarcelaciones de militares y miembros de las fuerzas de seguridad se utilizaron como una pantalla para recoger apoyos políticos y para inhibir críticas, como si con ese proceder se adquiriera un fuero virtual que les permitiera quedar impunes del latrocinio y la corrupción.
Según destaca el manifiesto, se reabrieron procesos que ya habían adquirido categoría de cosa juzgada, se privó a los acusados del derecho a un debido proceso y se les negó la aplicación de la ley penal más benigna. Desapareció la necesaria seriedad procesal en ciertos juicios orales, envueltos en espectáculos cercanos al linchamiento por muchedumbres convocadas al efecto. Testigos y testimonios resultaron en muchos casos fraguados. En varias ocasiones los acusados fueron llevados al tribunal en camilla, sin que siquiera pudieran expresarse. Son 1435 las personas privadas de la libertad, de las cuales 248 llevan más de tres años de prisión preventiva sin sentencia. Han sido 360 los que han muerto en cautiverio y a muchos de ellos se les negó un tratamiento médico razonable. Aun a pesar de la elevada edad de la mayor parte de estos reclusos, superior a los 70 años que establece la ley, se les ha negado la prisión domiciliaria. Sólo en estos últimos meses se advierte una mejor disposición a concederla, aunque en algún caso, como el del general Eduardo Cabanillas, la prisión domiciliaria le llegó cuando ya había iniciado una huelga de hambre.
La declaración hace referencia a la negación de justicia a las víctimas de atentados realizados por los grupos terroristas. Para estos casos todas las instancias judiciales han rechazado sistemáticamente las demandas, al aducir la prescripción por entender que no están alcanzados por la calificación de lesa humanidad debido a que no hubo intervención del Estado. Los juristas interpretan, por el contrario, que "el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, y al que la Argentina ha adherido, considera expresamente tanto los delitos cometidos por el terrorismo de Estado como los perpetrados por bandas armadas dentro de la misma categoría de lesa humanidad y, por ende, sujetos a idéntico régimen de imprescriptibilidad". Para más abundamiento, tanto los Montoneros como el ERP recibieron adiestramiento y apoyo material del Estado cubano. Debe recordarse además que luego del cruento ataque al cuartel de Azul, el entonces presidente Juan Domingo Perón pidió la renuncia a los gobernadores Oscar Bidegain, de Buenos Aires, y Ricardo Obregón Cano, de Córdoba, por considerar que desde sus gobiernos habían prestado apoyo a los grupos terroristas.
Desde esta columna editorial nos hemos ocupado recientemente de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la viuda del capitán Humberto Viola, asesinado en 1974 por el ERP junto a su hijita María Cristina. Esta presentación expone justamente estos antecedentes. No sólo no están sometidos a juicio los responsables de los grupos terroristas, sino que muchos de sus integrantes que en su momento fueron amnistiados o indultados fueron más tarde premiados con cargos públicos y loas en el relato oficial de la era kirchnerista.
Resultan claros los argumentos jurídicos expuestos con profesionalidad en el manifiesto. Pero se podrían agregar otros relacionados con la clara discriminación y el tratamiento asimétrico aplicado a ambas partes de la guerra interna sufrida por nuestro país en los setenta. La interpretación parcial de los hechos ha alcanzado gran parte de los medios y también los textos escolares y las universidades estatales. Sometidos a estos relatos, presiones e inhibiciones, en algunos casos por la propia adhesión a la denominada "justicia legítima", se han desempeñado los jueces a quienes ahora se les reclama nada menos que hacer justicia.
Editorial La Nacion
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