El ejemplo debe empezar por el ajuste de la política para tener un Estado al servicio de la sociedad y no del financiamiento de la actividad partidaria.
Un presidente que invita a todos los sectores de la sociedad a ceder algo para enfrentar con reformas permanentes los graves problemas estructurales que tiene la Argentina no puede desentenderse de la necesidad de poner fin al abundante gasto improductivo de un Estado que, desde hace muchos años, ha venido creciendo desproporcionadamente en cantidad de personal, al tiempo que ha visto caer su eficiencia en forma inversamente proporcional.
A pocos días de las elecciones legislativas que le dieron el triunfo a la coalición oficialista Cambiemos, Mauricio Macri convocó a sus ministros a profundizar la austeridad para disminuir el gasto público y el fuerte déficit fiscal. Reiteró que no se puede seguir gastando más de lo que se recauda, al tiempo que cuestionó, con llamativos ejemplos, la desconsideración hacia los esfuerzos de la ciudadanía que reina en varias áreas del Estado. Citó, por caso, los más de 1700 empleados de la Biblioteca del Congreso y la existencia de legisladores con más de 80 personas a cargo.
Podría criticarse también que, sumando los empleados públicos de los niveles nacional, provincial y municipal, hemos pasado de 2,3 a 3,6 millones de personas en los últimos 15 años. Y lo peor es que todos saben que un alto porcentaje de quienes cobran un sueldo del sector público no trabajan para quien les paga. Se trata, en muchos casos, de militantes políticos, de amigos del poder o de simples "ñoquis". Abundan, del mismo modo, trabajadores o funcionarios que efectivamente asisten a las oficinas públicas, pero cuya tarea no representa el más mínimo valor agregado para una estructura estatal de por sí ineficiente. Es así porque no poseen una misión clara, carecen de objetivos o tienen funciones que se superponen con las de otros empleados o funcionarios. En no pocas ocasiones, son el lastre de verdaderas capas geológicas de empleados que se van adosando al aparato estatal, gobierno tras gobierno.
De acuerdo con informaciones periodísticas, estudios que circulan dentro de la Casa Rosada dan cuenta de la existencia de al menos unos 17.000 puestos que pueden calificarse de "superfluos" en el orden nacional. Se trataría de agentes públicos que carecen de tareas asignadas o cuyas funciones se superponen con las de otros empleados.
Desde que el populismo impregna prácticamente todo el arco político en la Argentina, en mayor o menor medida, se ha escuchado que aplicar cirugía mayor en el Estado, aunque éste sea elefantiásico y esté lejos de brindar elementales servicios a sus contribuyentes, implicaría dejar en la calle a miles de argentinos que, fuera del sector público, no estarían en condiciones de amoldarse a los requerimientos del mercado laboral. Habría que preguntarse, en contrapartida, por qué el resto de los argentinos tienen que estar condenados a sostener con sus impuestos un gasto absolutamente improductivo, y por qué se debe seguir manteniendo una ley de estabilidad del empleado público que representa un cáncer para el Estado, además de resultar discriminatoria con el resto de los trabajadores.
Existen, por cierto, alternativas para reducir el peso del Estado sin mayores costos sociales. Si el gobierno de Macri ha puesto de manifiesto su intención de transformar cada plan social en un voucher para convertir a su beneficiario en empleado de una empresa privada que, por contratarlo, recibiría beneficios impositivos, cabe preguntarse por qué no podría adoptarse un plan similar para que una porción de los empleados públicos sean absorbidos de la misma forma por el sector privado.
Se conoció en los últimos días un proyecto de la Dirección de Diseño Organizacional, dependiente de la Jefatura de Gabinete, para achicar en un 20 por ciento el número de cargos políticos. Se trata de una medida esperada, por cuanto el propio gobierno de Macri elevó llamativamente la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones y demás unidades administrativas del Estado nacional. La referida decisión política está causando no poco revuelo en más de una cartera ministerial. Pero es fundamental que se lleve a cabo, como un primer paso hacia una racionalización mucho más efectiva del aparato estatal.
El ejemplo debe empezar por casa y por el ajuste de la política -tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo-, de manera que avancemos hacia un Estado pensado para serle útil a la sociedad y no para continuar financiando en forma espuria la actividad partidaria y el clientelismo.
EDITORIAL DE LA NACIÓN
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