domingo, 9 de diciembre de 2018

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Es proverbial la hipocresía de políticos inescrupulosos e izquierdistas ante la resolución 956/2018 que dispone que el uso de armas letales es válido por parte de las fuerzas federales de seguridad en "defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" o "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas".

Por 
Alfredo Nobre Leite


 
Y también "para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención"; lo que no es ninguna novedad por haber sido establecido por ley en el año 2008 y reglamentado en 2016, y ser el protocolo de seguridad normado por la ONU. 

Lo que es normal en todas las policías del mundo, de utilizar el arma letal ante un delincuente que resista la voz de alto y huya (como sucedió en caso Chocobar, que el 8 de diciembre pasado salvó al turista norteamericano Joseph Wolwek de ser asesinado por Pablo Kukoc, de 18 años, que le había aplicado 18 cuchilladas en el corazón, siendo detenido, por haberle abatido, y la Corte Suprema ratificó su procesamiento por "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber" (¿?; sic); al tiempo que el presidente Mauricio Macri lo recibió en su despacho y le dijo que "Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente", para cesar la comisión del delito.

En nuestro país el servidor público tenía que esperar ser atacado a tiros, arriesgando su vida -las estadísticas de la muerte de estos servidores públicos son elocuentes en la Federal y en la provincia de Buenos Aires, aunque que la gobernadora María Eugenia Vidal haya pospuesto la aplicación del protocolo, por ahora. Y lo que más llama la atención es que ante la inseguridad rampante que asola a la población, que vivimos entre rejas, alarmas y hasta armados en los hogares para evitar ser asaltados y asesinados, la reacción de la diputada Elsia Carrió que, irresponsablemente, explota políticamente el nuevo Reglamento, ignorando la realidad palpable y haciéndose la distraída o pensar que vivimos en Escandinavia, en vez de la Argentina, que luego de ciertas horas nocturnas nadie camina por la calle so pena de ser asaltado y asesinado, y ha tenido el tupé de aludir una supuesta "violación de los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo", que cabe únicamente en una mente afiebrada, y para procurar un rédito político visto la elección presidencial próxima (le recuerdo que según Aristóteles, "la política sin ética es negocio de truhanes").

No puede ignorar que durante la "década exitosa" del kirchnerato, el Estado defendía a la delincuencia, e inculpaba a la sociedad por no darle lo que exigía (en lugar de trabajar como cualquier hijo de vecino); y los jueces y fiscales del "garantismo" en su peor acepción, de la escuela del abolicionista del Código Penal, Raúl Eugenio Zaffaroni, transformaron las comisarías y tribunales en "puertas giratorias" (para la delincuencia), quienes aplicaban la lábil legislación penal con lenidad, para que los delincuentes zafaran, como decía el numen del garantismo, y que tuvo el coraje de liberar a ladrones de autos estacionados en la calle por considerar que habían sido abandonados por sus dueños.

En Estados Unidos, Canadá y las naciones europeas, ningún delincuente se atreve a amenazar a un agente policial (que no tiene porqué esperar que lo amenace con un arma de fuego) o ser apedreado como sucedió en la Plaza de los Dos Congresos, durante la reforma de la ley de Seguridad Social, y no poder utilizar la fuerza para cesar el delito (en Canadá el delincuente que no obedezca a un policía a 15 metros de distancia, éste lo dispara). Sin embargo, acá, según la diputada Carrió y los charlatanes izquierdistas ponen el grito en el cielo si un policía cumpliendo con su deber de cesar el delito, utiliza su arma (según la normativa anterior tenía que esperar que lo disparen antes de ejercer su autoridad).

Basta de hipocresía que el bien a tutelar es la tranquilidad y el orden de la sociedad, y no de delincuentes y asesinos a quienes se debe aplicar todo el peso de la ley, metiéndoles en la cárcel para escarnio de la delincuencia; y por otro lado, se recomponga la cultura del trabajo, perdida durante el kirchnerato que dejó un 30% de la población bajo el umbral de la pobreza, y nadie quiere trabajar para ganar el pan cotidiano, sino vivir del trabajo del prójimo.

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