“madres justicieras”: Hicieron parodia de un “juicio ético y político” a Martínez de Hoz

Un “jurado”, integrado por las madres que viven del Estado, resolvió declarar "culpable" al ex ministro de Economía, Martínez de Hoz, por los delitos de “genocidio represivo y económico” y lo “condenó a la pena de reclusión perpetua por tiempo indeterminado”.

Con este “juicio simbólico”, que tuvo un “objetivo ético”, las madres de Plaza de Mayo intentaron concretar lo que el Poder Judicial aún no resolvió, que es llevar a juicio al ex Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

“A Martínez de Hoz le cabe la misma responsabilidad que a la Junta Militar, por ser funcional a sus intereses, que dejaron 30.000 desaparecidos, 9.000 presos políticos, miles de personas asesinadas, más de un millón de exiliados, y cientos de niños apropiados”, dijo Eduardo Barcesat que, junto con Hebe de Bonafini, integró el “tribunal de acusación” que el jueves pasado se escenificó en la Plaza de Mayo.

A Martínez de Hoz también le cabe, según señaló el “tribunal”, “la responsabilidad del genocidio del hambre que generó su política económica, basada en la desindustrialización y el endeudamiento externo”.

"Que todos sepan quienes son estos personajes, muy emparentados con lo que hoy es el sector llamado del campo, que también busca desestabilizar al gobierno”, dijo Hebe de Bonafini.

Agregó que “a este juicio le seguirán otros, a obispos, representantes de la burocracia sindical y periodistas que fueron cómplices de la dictadura”, y agregó que "cuando los pueblos condenan son cada vez más libres".

Entre los personajes que constituyeron el “jurado” estuvo presente el ministro de justicia, seguridad y derechos humanos, Julio Alak; el secretario de derechos humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y el subsecretario de derechos humanos, Luis Alem, quienes exigieron al Congreso “que salga de su letargo y dé nulidad a normas que fueron dictadas durante el gobierno de los militares”.

Previo a los "fundamentos jurídicos y políticos" de esta condena, dieron su “testimonio” en un estrado armado en el centro de la Plaza de Mayo, Felisa Miceli (ex ministra de Economía), Julio Piumato (líder gremial de los judiciales), Alberto Piccini (actual titular de la UOM de Villa Constitución y ex obrero de Acindar, detenido en 1977 durante siete años tras protagonizar un reclamo a las autoridades de Acindar) y Pablo Llonto (psicólogo e historiador).

Fueron “fiscales” en esta parodia “juicio”, los abogados Antonio Rojas Salinas y Sergio Gandolfo, y el licenciado Andrés Asiaín, en tanto que la “defensa”, que nadie quiso asumir, se constituyó con audios con palabras de Martínez de Hoz respecto al plan económico que llevó adelante en el tiempo que duró el régimen de facto.

"Recurran a los poderes constituidos para lograr la nulificación y derogación de todas las leyes vigentes que son violatorias de la soberanía nacional e inciden en la distribución de la riqueza", dijo Barcesat.

Expresó también su deseo de que "este juicio ético actúe como un acicate o impulsador de aquello que necesariamente deberá ser transitado ante el tribunal judicial” y advirtió al ministerio público de la Nación que "es indispensable juzgar a todos los que han tenido participación como autores directos, mediatos, partícipes necesarios o encubridores, en este genocidio".

"La responsabilidad no se agota en los ejecutores del plan, está también en el genocidio silencioso del hambre como consecuencia de un plan económico para empobrecer al pueblo argentino, que se conjugó con el terrorismo de Estado", dijo Barcesat.

Tras la exposición de “testigos”, “fiscales” y “tribunal”, el abogado sentenció "quedó claro que el plan llevado adelante por Martínez de Hoz durante la dictadura militar formó parte de un proyecto que empezó antes y que necesitaba de la desaparición forzada masiva de personas para su implementación".

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