Otras voces desmienten las cifras de los 30.000 desaparecidos
No obstante el relato consolidado por funcionarios, militantes y periodistas que alcanzó a la enseñanza primaria y secundaria, algunas voces de la propia militancia trataron de acercarse a la verdad parcial de la tragedia sucedida (nadie hablaba de “los otros muertos”) por lo que creemos adecuada difundir sus expresiones y acciones.
Al respecto es interesante conocer lo expresado por Graciela Fernández Meijide en su libro La historia íntima de los derechos humanos en Argentina, Ed. Sudamericana, año 2009, refiriéndose a la discusión que a principios del gobierno militar de facto tenían las “Madres” en Europa que querían implantar la consigna: “aparición con vida”, con los dirigentes de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) una de las principales estructuras creadas para difundir el relato parcializado y falaz. Graciela F. Meijide sabía que no se podía llegar a 10.000 de ningún modo y por ello consultó a uno de los voceros de esa cifra, Eduardo Luis Duhalde el principal de ellos, quien le expresó: “… Si hablábamos de detenidos con vida aunque fuera en cárceles desconocidas, clandestinas, no lográbamos el mismo eco que si denunciábamos un genocidio... Los exiliados políticos que vivían en el exterior intentaban movilizar conciencias y lograr adhesiones de organismos internacionales… objetivamente los testimonios de los liberados de ESMA, La Perla y Campo de Mayo –por coincidencia o decisión táctica– aportaron a esa estrategia que tal vez haya dado lugar en 1977, a la credibilidad sobre la cifra de 30.000 desaparecidos”.
Con esas expresiones que denotan su mendacidad mantenida desde 1983 en su libro El estado terrorista argentino hasta su muerte en 2012, se puede deducir el grado de seriedad, objetividad, ecuanimidad y afán de justicia que tenía el funcionario impuesto por Néstor Kirchner, desde el inicio de su gobierno en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde como se expresó, sólo se ocupó de los DDHH de sus amigos ideológicos de los 70 y de sus familias. No obstante la falsedad jurídica conocida, Eduardo L. Duhalde desde ese cargo y con la anuencia y apoyo de Kirchner, insistió persistentemente haciendo presión sobre los fiscales y jueces que entendían en los juicios a militares y otros funcionarios del Estado, para que imputaran en los procesos por delitos de lesa humanidad inventados por ellos, la participación dentro de la figura del genocidio.
Su espíritu rebelde de marxista leninista lleno de odio contra los militares que impidieron que los revolucionarios tomaran el poder, le impidió ser un funcionario eficaz con las responsabilidades de un cargo republicano. Además de haber sido señalado como el “impulsor” de la denuncia de los 30.000 desaparecidos que impactaba nacional e internacionalmente como “un genocidio”. Algunos jueces por presiones del Consejo de la Magistratura atentos a que Duhalde u otros funcionarios pudieran solicitarles un juicio político, por temor o por compartir ideología, dictaron algunas sentencias condenando a los imputados de determinados delitos finalizando: …en el marco del genocidio ocurrido entre 1976 y 1983, lo que demuestra que la sentencia de ese tribunal no ha sido ajustada a derecho y sólo fue una argumentación retórica para satisfacer al activismo de izquierda y el servilismo al gobierno kirchnerista.
Para información del lector, el 9 de abril de 1956 el gobierno argentino adhirió a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, aprobado el 9 de diciembre de 1949 por la “III Asamblea de la ONU”, que fue ratificada por Ley 14.467/59. En esa convención se entendió por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal…
El Estatuto de Roma vigente desde 2002, lo define exactamente igual. Nuestro Congreso no ha incorporado ese delito al Código Penal. No hubo genocidio en la Argentina. Sólo acciones militares de aniquilamiento sobre organizaciones armadas clandestinas que atacaron las instituciones de la República asesinando a hombres, mujeres y niños para conquistar el poder por las armas. Ninguna de las OPM se caracterizaban precisamente por pertenecer en forma exclusiva a cualquiera de los grupos citados en la Convención de 1949 y en el Estatuto de Roma.
El ex militante del ERP Horacio Vázquez Rial, radicado en Madrid, en un artículo escrito el 17 de agosto de 2009, en el link https://www.libertaddigital.com/opinion/agosto/los-desaparecidos-1276236892.html de un diario online de Madrid, con el título “Las guerras de toda la vida. Los desaparecidos” dice: “A principios de este año, en Buenos Aires, estuve a punto de escribir un artículo sobre este asunto. Estaba harto de la obviedad de que los desaparecidos no fueron 30.000, de saber que esa es una cifra política y de que la real se puede estimar con considerable aproximación. Pero sabía que si yo lo decía, lo escribía, lo gritaba, nadie me iba a hacer caso, o lo que es peor, se iban a tomar medidas contra mi persona por semejante atrevimiento.
Con esas expresiones que denotan su mendacidad mantenida desde 1983 en su libro El estado terrorista argentino hasta su muerte en 2012, se puede deducir el grado de seriedad, objetividad, ecuanimidad y afán de justicia que tenía el funcionario impuesto por Néstor Kirchner, desde el inicio de su gobierno en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde como se expresó, sólo se ocupó de los DDHH de sus amigos ideológicos de los 70 y de sus familias. No obstante la falsedad jurídica conocida, Eduardo L. Duhalde desde ese cargo y con la anuencia y apoyo de Kirchner, insistió persistentemente haciendo presión sobre los fiscales y jueces que entendían en los juicios a militares y otros funcionarios del Estado, para que imputaran en los procesos por delitos de lesa humanidad inventados por ellos, la participación dentro de la figura del genocidio.
Su espíritu rebelde de marxista leninista lleno de odio contra los militares que impidieron que los revolucionarios tomaran el poder, le impidió ser un funcionario eficaz con las responsabilidades de un cargo republicano. Además de haber sido señalado como el “impulsor” de la denuncia de los 30.000 desaparecidos que impactaba nacional e internacionalmente como “un genocidio”. Algunos jueces por presiones del Consejo de la Magistratura atentos a que Duhalde u otros funcionarios pudieran solicitarles un juicio político, por temor o por compartir ideología, dictaron algunas sentencias condenando a los imputados de determinados delitos finalizando: …en el marco del genocidio ocurrido entre 1976 y 1983, lo que demuestra que la sentencia de ese tribunal no ha sido ajustada a derecho y sólo fue una argumentación retórica para satisfacer al activismo de izquierda y el servilismo al gobierno kirchnerista.
Para información del lector, el 9 de abril de 1956 el gobierno argentino adhirió a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, aprobado el 9 de diciembre de 1949 por la “III Asamblea de la ONU”, que fue ratificada por Ley 14.467/59. En esa convención se entendió por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal…
El Estatuto de Roma vigente desde 2002, lo define exactamente igual. Nuestro Congreso no ha incorporado ese delito al Código Penal. No hubo genocidio en la Argentina. Sólo acciones militares de aniquilamiento sobre organizaciones armadas clandestinas que atacaron las instituciones de la República asesinando a hombres, mujeres y niños para conquistar el poder por las armas. Ninguna de las OPM se caracterizaban precisamente por pertenecer en forma exclusiva a cualquiera de los grupos citados en la Convención de 1949 y en el Estatuto de Roma.
El ex militante del ERP Horacio Vázquez Rial, radicado en Madrid, en un artículo escrito el 17 de agosto de 2009, en el link https://www.libertaddigital.com/opinion/agosto/los-desaparecidos-1276236892.html de un diario online de Madrid, con el título “Las guerras de toda la vida. Los desaparecidos” dice: “A principios de este año, en Buenos Aires, estuve a punto de escribir un artículo sobre este asunto. Estaba harto de la obviedad de que los desaparecidos no fueron 30.000, de saber que esa es una cifra política y de que la real se puede estimar con considerable aproximación. Pero sabía que si yo lo decía, lo escribía, lo gritaba, nadie me iba a hacer caso, o lo que es peor, se iban a tomar medidas contra mi persona por semejante atrevimiento.
Ahora, finalmente, una madre, de las históricas, de Plaza de Mayo, con una interesante –y poco clara– historia política a sus espaldas, publica un libro y lo dice. Ella tiene la autoridad de la que yo carezco porque a mí sólo me desaparecieron gente querida, con la que no tenía más lazos que los del afecto que, muchas veces, son más poderosos que los de sangre… Graciela Fernández Meijide perdió un hijo a manos de las fuerzas conjuntas… Después hizo política. Fue decisiva, precisamente por su condición de madre de desaparecido, de activista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de miembro de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en el triunfo electoral de la Alianza que llevó al gobierno –aunque no al poder–a Fernando de la Rúa…”
Ahora, la ex senadora, ex ministra, ex casi todo, publica un libro y dice que no hay 30.000 (la cifra de la CONADEP 1984 era de 8.960). Cabe mencionar que la mencionada Graciela F. Meijide, en el libro citado, página 124, dice que en enero de 2009 solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación la lista definitiva de los desaparecidos y que le respondieron que “no la estaban dando”, aunque a su pregunta si podía tomar como válida la que la Secretaría exhibía en Internet, le contestaron afirmativamente. (www.derhuman.jus.gov.ar/anm).
La negativa a poder investigar y observar el contenido de las denuncias, y también de los denunciantes y “sus mandantes” junto con resoluciones posteriores sobre los pagos a los causahabientes tiene una clasificación de “seguridad” tan alta que ni siquiera los planes de operaciones del Estado Mayor Conjunto la deben tener. (¿Por qué razón, nos preguntamos?) A más de 33 años de los hechos y a 32 años de las denuncias que dieron origen a las listas de la CONADEP ningún periodista, historiador o investigador de las instituciones de la República puede revisar la documentación que ampara los listados y la adecuada acreditación de los 225.000 pesos/dólares que la Ley 24.411 de Menem impuso como indemnización para pagarle a los familiares de “desaparecidos” y a los muertos, en combate y en cualquier otra situación.
Continuando con el libro de G. Fernández Meijide, observamos que ante la disparidad de datos y la mezcla de situaciones en los listados de referencia, donde están juntos los presuntos desaparecidos y los muertos (incluso en combate, al atacar unidades del ejército o de policías) y su diferencia con los nombres exhibidos en el “Parque de la Memoria” donde toman las fechas de las presuntas víctimas desde 1969 a 1983, la autora expresa:
En homenaje a la verdad, y sobre todo por respeto a las víctimas, resultaría deseable que se hiciera un esfuerzo para lograr una lista sujeta a la realidad de toda la información seria que hoy no existe. Así se evitaría cualquier sospecha de la intención de utilizar el número de víctimas como herramienta de controversia política.
Sigue el periodista Horacio V. Rial: “…¿Por qué una parte de la sociedad argentina y con ella el gobierno neoperonista y neomontonero, es tan reacia a aceptar ese hecho? Porque el hecho no viene solo. Viene con otra cifra y otro concepto. No cambia moralmente nada el que el número sea menor, pero cambia la relación con las bajas del ejército, la marina y la aeronáutica, que fueron en el mismo período alrededor de 1.200 en combate y por atentados. Y a partir de allí, cobra cierta validez la idea de que lo que tuvo lugar entre 1973 y 1983 en Argentina fue una guerra.
Ahora, la ex senadora, ex ministra, ex casi todo, publica un libro y dice que no hay 30.000 (la cifra de la CONADEP 1984 era de 8.960). Cabe mencionar que la mencionada Graciela F. Meijide, en el libro citado, página 124, dice que en enero de 2009 solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación la lista definitiva de los desaparecidos y que le respondieron que “no la estaban dando”, aunque a su pregunta si podía tomar como válida la que la Secretaría exhibía en Internet, le contestaron afirmativamente. (www.derhuman.jus.gov.ar/anm).
La negativa a poder investigar y observar el contenido de las denuncias, y también de los denunciantes y “sus mandantes” junto con resoluciones posteriores sobre los pagos a los causahabientes tiene una clasificación de “seguridad” tan alta que ni siquiera los planes de operaciones del Estado Mayor Conjunto la deben tener. (¿Por qué razón, nos preguntamos?) A más de 33 años de los hechos y a 32 años de las denuncias que dieron origen a las listas de la CONADEP ningún periodista, historiador o investigador de las instituciones de la República puede revisar la documentación que ampara los listados y la adecuada acreditación de los 225.000 pesos/dólares que la Ley 24.411 de Menem impuso como indemnización para pagarle a los familiares de “desaparecidos” y a los muertos, en combate y en cualquier otra situación.
Continuando con el libro de G. Fernández Meijide, observamos que ante la disparidad de datos y la mezcla de situaciones en los listados de referencia, donde están juntos los presuntos desaparecidos y los muertos (incluso en combate, al atacar unidades del ejército o de policías) y su diferencia con los nombres exhibidos en el “Parque de la Memoria” donde toman las fechas de las presuntas víctimas desde 1969 a 1983, la autora expresa:
En homenaje a la verdad, y sobre todo por respeto a las víctimas, resultaría deseable que se hiciera un esfuerzo para lograr una lista sujeta a la realidad de toda la información seria que hoy no existe. Así se evitaría cualquier sospecha de la intención de utilizar el número de víctimas como herramienta de controversia política.
Sigue el periodista Horacio V. Rial: “…¿Por qué una parte de la sociedad argentina y con ella el gobierno neoperonista y neomontonero, es tan reacia a aceptar ese hecho? Porque el hecho no viene solo. Viene con otra cifra y otro concepto. No cambia moralmente nada el que el número sea menor, pero cambia la relación con las bajas del ejército, la marina y la aeronáutica, que fueron en el mismo período alrededor de 1.200 en combate y por atentados. Y a partir de allí, cobra cierta validez la idea de que lo que tuvo lugar entre 1973 y 1983 en Argentina fue una guerra.
No hay un solo militante de la izquierda montonera, que hoy gobierna o finge hacerlo, que acepte eso. Decir que hubo una guerra equivale a dar sostén a la teoría de los dos demonios –así se llama– que es la doctrina oficial de la dictadura: guerra antisubversiva. Lo que ellos dicen es que hubo simple, puro y llano terrorismo de Estado frente a los miembros de la organizaciones armadas y otras, también revolucionarias, que habían elegido métodos menos contundentes. Pero al principio de aquel infierno, yo formaba parte de una de las organizaciones armadas, concretamente el Ejército Revolucionario del Pueblo, en la fracción 22 de agosto (fecha que evocaba el asesinato de militantes en la cárcel de Trelew) trotskista. Y me consta que el ERP 22 le declaró la guerra, formalmente, al Ejército Argentino –en algún sitio, entre mis papeles, he conservado un panfleto que invita a sumarse al combate–, en la línea guevarista de crear todos los Vietnam posibles. Y exactamente lo mismo hicieron los montoneros, incalculablemente más numerosos y mejor organizados. Éste es un hecho fundacional, innegable, objetivo. En modo alguno una teoría de la dictadura”.
También se refiere el autor del artículo a la reacción del pro terrorista Secretario de DDHH Eduardo Luis Duhalde quien le escribió una carta a la señora Fernández Meijide en fuertes términos donde le expresaba, para oponerse a su cuestionamiento: “El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final está en poder de los asesinos…”
Y continúa Velázquez Rial: “Se trata de una falacia evidente, porque cada familia sabe perfectamente cuántos de sus miembros faltan y las familias que han desaparecido en su totalidad son muy escasas: siempre queda alguien que recuerda, y es muy raro el que no haya denunciado cuando, durante el gobierno de Raúl Alfonsín y en el proceso a las juntas militares, se invitó a todo el mundo a hacerlo”.
También creemos conveniente tomar conocimiento de las opiniones del periodista editor, jefe del diario Perfil, Ceferino Reato (autor de los libros Operación Traviata –asesinato de Rucci– y Operación Primicia –ataque al Regimiento 29 de Formosa–) quien en un artículo publicado el 16 de octubre de 2010 en la revista Noticias, titulado: “Cuántos desaparecidos hay”, en el subtitulado se pregunta ¿por qué no se investiga la cifra exacta de víctimas? y ¿de dónde salió la cifra de 30.000?
En su inicio plantea la situación actual de la siguiente manera:
“Siete años en el poder, con los derechos humanos como una de sus prioridades, y el kirchnerismo jura no saber cuántas víctimas hubo durante la dictadura. Por el contrario, se aferra a la cifra mágica de los 30.000 desaparecidos, un número que ya nadie sabe bien de dónde salió. Y acusa a quienes se atreven a cuestionar esa cifra de hacerle el juego a la derecha más recalcitrante para disminuir la dimensión de la tragedia…” La tragedia debe tener la dimensión exacta que la verdad histórica le va a otorgar y no la que quieren darle voces interesadas y falaces sobre hechos distorsionados que sirven a mezquinos intereses políticos, ideológicos y económicos.
El autor, a continuación hace una serie de consideraciones, finalizando el párrafo: “A esta altura, sostener que los desaparecidos fueron 30.000 es convertir a ese problema en insoluble, en una bandera que sirve para hacer política con los derechos humanos pero nada más”.
Programa “El Espejo” de América TV del viernes 18 de octubre de 2014 “Inventamos 30.000 desaparecidos para obtener subsidios de Holanda, Inglaterra, Francia, Italia, España, y otros países”, palabras de Luis Labraña, Lic. en Lingüística, ex Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), ex montonero, habló sin pelos en la lengua de su rol en las organizaciones subversivas y lo que querían por medio del combate: “destruir el Ejército y hacerse cargo del poder. No hay dudas de que fue una guerra… Preparamos un ejército para tomar el Estado… Nos equivocamos. Primero, éramos muy jóvenes e ignorantes para discernir lo correcto o incorrecto… Cuando llegué exiliado a Holanda me di cuenta que estaba equivocado. Se podrían haber salvado muchas vidas... Los militares y nosotros matamos, ambos por la Patria… Ellos mataban porque eran parte del aparato del Estado y tenían que defenderlo… Hoy no tenemos FFAA. No tenemos servicio militar obligatorio… Doy clases en un Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y veo como el relato está destruyendo a la escuela…”
El mismo Lic. Luis Labraña (alias Mariano) escribió el prólogo del libro Mentirás tus muertos de José D’angelo, Ed. El Tatú, 2015, libro en cuya tapa posterior se registra lo que expresó el ex guerrillero: “Cuando en los Países Bajos se decide darle una mano a las Madres de Plaza de Mayo, estaba Hebe de Bonafini, se forma la organización Solidaridad con las Madres Argentinas y, para pedir el subsidio ellas habían llevado la cifra de 3.800 desaparecidos con sus nombres. La gente de Holanda dijo que era poco, que era necesario llamar la atención pública. Ahí surgió la cifra de 30 mil (…) el hecho de los 30.000 desaparecidos nadie me lo puede discutir porque fui yo quien puso ese número en Holanda” (expresiones repetidas en el artículo “Un ex montonero contra las pensiones de por vida”, diario Perfil). Video c/audio programa de TV América “Mauro la pura verdad” 21/12/2014. Se puede ubicar en Youtube. En el diálogo el dirigente peronista y ex militante de la JP Julio Bárbaro expresa que los desaparecidos “demostrados” son 8.000 más otros 1.000 anteriores al gobierno de facto del 24 de mar de 1976 y al responder una apreciación del conductor del programa, le repite que son los “demostrados” ya que de lo contrario pueden decir que fueron “un millón”.
En las respuestas de las anteriores personas que datan desde hace bastante tiempo atrás y fundamentalmente en los registros oficiales de los presuntos desaparecidos involuntarios que figuran en los listados de la CONADEP de 1984 y de 2006, queda descartada definitivamente la cifra de 30.000 desaparecidos inventada por la necesidad de aumentar grandemente la cantidad real (ocho veces las 3.800 víctimas que tenían en ese momento) para impactar en la opinión pública internacional. (Cifra que fuera trasladada posteriormente al ámbito nacional como fábula con carácter emotivo para impresionar a la opinión pública y sacar ventajas políticas y económicas).
Insistencia de funcionarios en seguir mintiendo
Consultada por el autor de este libro en 1999, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia sobre la cifra oficial de desaparecidos en la década del 70, la coordinadora de la ex CONADEP, señora Doly Scachery, informó no disponer del dato solicitado en razón de hallarse en procesamiento permanente. Reiterado el pedido, explicando que los datos eran para publicar en un libro, la mencionada funcionaria expresó que si bien la información no estaba actualizada “no debía bajarse de la cifra de 30.000”. ¡Excelente criterio para cumplir con su función en un órgano oficial!
Aclaramos que en 1998 los listados insertos en Internet en el link “Grupo Fahrenheit” que era alimentado por la Secretaría de DDHH de la Nación figuraban 7.661 presuntos desaparecidos de los cuales 701 pertenecían al período anterior al 24 de marzo de 1976 o sea que los desaparecidos por desaparición forzada (sin descontar los muertos en enfrentamientos no llegaban a 7.000).
El 07 de septiembre de 2001 la subsecretaria de Derechos Humanos Diana Conti anunció a los MCS que ya habían contabilizado 15.000 desaparecidos y que seguirían buscando hasta los 30.000 desaparecidos estimados. Como se observa los funcionarios de todos los presidentes constitucionales, en este caso de Fernando de la Rúa, un radical que seguía la política de Menem en cuanto a este tema, siempre se mantuvieron en la Secretaría (Subsecretaría según la época), los ex terroristas, sus parientes y los militantes ideológicamente afines para evitar que se difundiera la realidad, manteniendo vivo el relato falaz sobre la guerra interna. Peligrosa intencionalidad del órgano del Estado Nacional responsable del tema que tiene la obligación ética de alcanzar la verdad sobre la tragedia de los desaparecidos. Esta actitud constituye una evidencia más del uso político de los DDHH en perjuicio de la sociedad que cree ingenuamente en el eslogan del gobierno y las ONG pertinentes: “Memoria, verdad y justicia”.
Sin embargo, al margen de esa mentira existe también una decisión elaborada por los abogados pro terroristas, como el ya mencionado Secretario de DDHH Eduardo L. Duhalde, que estuvieron intentando infructuosamente instalar en la opinión pública que hubo “un genocidio” (similar al asesinato de seis millones de civiles inocentes en los campos de concentración de Alemania). Para ello, junto con algunos profesionales querellantes trabajaron preparando testigos para imponer en la opinión pública y en los estrados judiciales:
• Que las víctimas eran inocentes civiles opositores y no militantes instruidos para matar.
• Que había que instalar el número de 30.000 desaparecidos.
• Que sobre esa base había que sostener que los niños nacidos en cautiverio fueron 500 o más (que se suman a los menores detenidos con sus padres).
• Que los “carceleros” además de someterlos a brutales torturas, violaban a todas las mujeres.
Por supuesto el relato enseñado a los testigos por los abogados, coordinado y aumentado con descripciones de acciones antihumanas para obtener la repulsa a las fuerzas legales que los combatieron, no se refería a sus crímenes de civiles (hombres, mujeres y niños) desarmados ni al asesinato de soldados que cumplían con la ley del Servicio Militar Obligatorio, ni a los explosivos que mataban indiscriminadamente. Tampoco se referían a los fusilados de sus mismas organizaciones debido a actividades penadas en sus códigos revolucionarios. Tampoco a la política de suicidio instalada entre sus miembros para evitar la delación imponiendo a los militantes los graves tormentos falsos que iban a sufrir. Nunca hablaban de los que habían sido liberados para conocer su tratamiento ni por qué los liberaron. Nunca hablaban de esos combatientes que, detenidos, pactaban con los militares para salvar sus vidas sin ninguna presión física mediante (ver libro Los traidores de Carlos Manuel Acuña, ya citado) que colaboraban entregando a sus compañeros a los que incluso interrogaban ellos mismos porque sabían qué preguntar (como prueba está la cantidad de terroristas liberados que viajaron al exterior en compensación por su ayuda para lograr el aniquilamiento de las estructuras terroristas subversivas).
Consultada por el autor de este libro en 1999, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia sobre la cifra oficial de desaparecidos en la década del 70, la coordinadora de la ex CONADEP, señora Doly Scachery, informó no disponer del dato solicitado en razón de hallarse en procesamiento permanente. Reiterado el pedido, explicando que los datos eran para publicar en un libro, la mencionada funcionaria expresó que si bien la información no estaba actualizada “no debía bajarse de la cifra de 30.000”. ¡Excelente criterio para cumplir con su función en un órgano oficial!
Aclaramos que en 1998 los listados insertos en Internet en el link “Grupo Fahrenheit” que era alimentado por la Secretaría de DDHH de la Nación figuraban 7.661 presuntos desaparecidos de los cuales 701 pertenecían al período anterior al 24 de marzo de 1976 o sea que los desaparecidos por desaparición forzada (sin descontar los muertos en enfrentamientos no llegaban a 7.000).
El 07 de septiembre de 2001 la subsecretaria de Derechos Humanos Diana Conti anunció a los MCS que ya habían contabilizado 15.000 desaparecidos y que seguirían buscando hasta los 30.000 desaparecidos estimados. Como se observa los funcionarios de todos los presidentes constitucionales, en este caso de Fernando de la Rúa, un radical que seguía la política de Menem en cuanto a este tema, siempre se mantuvieron en la Secretaría (Subsecretaría según la época), los ex terroristas, sus parientes y los militantes ideológicamente afines para evitar que se difundiera la realidad, manteniendo vivo el relato falaz sobre la guerra interna. Peligrosa intencionalidad del órgano del Estado Nacional responsable del tema que tiene la obligación ética de alcanzar la verdad sobre la tragedia de los desaparecidos. Esta actitud constituye una evidencia más del uso político de los DDHH en perjuicio de la sociedad que cree ingenuamente en el eslogan del gobierno y las ONG pertinentes: “Memoria, verdad y justicia”.
Sin embargo, al margen de esa mentira existe también una decisión elaborada por los abogados pro terroristas, como el ya mencionado Secretario de DDHH Eduardo L. Duhalde, que estuvieron intentando infructuosamente instalar en la opinión pública que hubo “un genocidio” (similar al asesinato de seis millones de civiles inocentes en los campos de concentración de Alemania). Para ello, junto con algunos profesionales querellantes trabajaron preparando testigos para imponer en la opinión pública y en los estrados judiciales:
• Que las víctimas eran inocentes civiles opositores y no militantes instruidos para matar.
• Que había que instalar el número de 30.000 desaparecidos.
• Que sobre esa base había que sostener que los niños nacidos en cautiverio fueron 500 o más (que se suman a los menores detenidos con sus padres).
• Que los “carceleros” además de someterlos a brutales torturas, violaban a todas las mujeres.
Por supuesto el relato enseñado a los testigos por los abogados, coordinado y aumentado con descripciones de acciones antihumanas para obtener la repulsa a las fuerzas legales que los combatieron, no se refería a sus crímenes de civiles (hombres, mujeres y niños) desarmados ni al asesinato de soldados que cumplían con la ley del Servicio Militar Obligatorio, ni a los explosivos que mataban indiscriminadamente. Tampoco se referían a los fusilados de sus mismas organizaciones debido a actividades penadas en sus códigos revolucionarios. Tampoco a la política de suicidio instalada entre sus miembros para evitar la delación imponiendo a los militantes los graves tormentos falsos que iban a sufrir. Nunca hablaban de los que habían sido liberados para conocer su tratamiento ni por qué los liberaron. Nunca hablaban de esos combatientes que, detenidos, pactaban con los militares para salvar sus vidas sin ninguna presión física mediante (ver libro Los traidores de Carlos Manuel Acuña, ya citado) que colaboraban entregando a sus compañeros a los que incluso interrogaban ellos mismos porque sabían qué preguntar (como prueba está la cantidad de terroristas liberados que viajaron al exterior en compensación por su ayuda para lograr el aniquilamiento de las estructuras terroristas subversivas).
“Memoria, verdad y justicia”
Al respecto del lema de las organizaciones de derechos humanos parcializados y referidos sólo a los 70, a continuación transcribimos unos párrafos expresados por el doctor Facundo Manes especialista neurocientífico y profesional médico de reconocida idoneidad:
“En Estados Unidos se hizo un estudio entre 297 supuestos autores de homicidios. Eran personas que habían sido condenadas y estaban presas. Con el tiempo se supo que esa gente era inocente, a través de material genético en las escenas de crimen. El 70% había sido condenado por testimonios. Hoy sabemos que la memoria humana no es algo fotográfico. Cada vez que se evoca, se reconstruye: la memoria no es un fiel reflejo de aquello que pasó, sino más bien un acto creativo. Hoy sabemos también, por ejemplo, que los jueces muchas veces deciden por las emociones. Todas estas investigaciones producen dilemas morales y éticos…”
Sobre los dilemas morales y éticos de los jueces no se especifica cómo influye “la memoria en el caso de los testigos que son entrenados por los abogados querellantes”, cuando los mismos ni siquiera estuvieron en el lugar del hecho o recuerdan una verdad diferente a la que luego relatan.
Al respecto del lema de las organizaciones de derechos humanos parcializados y referidos sólo a los 70, a continuación transcribimos unos párrafos expresados por el doctor Facundo Manes especialista neurocientífico y profesional médico de reconocida idoneidad:
“En Estados Unidos se hizo un estudio entre 297 supuestos autores de homicidios. Eran personas que habían sido condenadas y estaban presas. Con el tiempo se supo que esa gente era inocente, a través de material genético en las escenas de crimen. El 70% había sido condenado por testimonios. Hoy sabemos que la memoria humana no es algo fotográfico. Cada vez que se evoca, se reconstruye: la memoria no es un fiel reflejo de aquello que pasó, sino más bien un acto creativo. Hoy sabemos también, por ejemplo, que los jueces muchas veces deciden por las emociones. Todas estas investigaciones producen dilemas morales y éticos…”
Sobre los dilemas morales y éticos de los jueces no se especifica cómo influye “la memoria en el caso de los testigos que son entrenados por los abogados querellantes”, cuando los mismos ni siquiera estuvieron en el lugar del hecho o recuerdan una verdad diferente a la que luego relatan.
Otro ejemplo: Jean William Fritz Piaget, epistemólogo, psicólogo y doctor en Biología revivía un secuestro del que fuera víctima a muy temprana edad. Rememoraba como su niñera había intentado defenderlo de sus captores hasta, incluso ser herida. Recordaba al policía luego interviniente y el bastón que portaba. Sus reminiscencias eran nítidas y muchos pequeños detalles se perpetuaron en su memoria. Años más tarde, su niñera despertó una mañana con un ataque de conciencia y confesó a los padres de Piaget que el mencionado secuestro nunca había ocurrido y que ella había desatendido a la criatura durante un tiempo y había creado esa historia para ocultar su negligencia.
Académicamente también se define la memoria como un relato emocional de los procesos históricos vividos o conocidos que se transforma en un argumento –a veces inconsciente– para justificar su ideología del presente. Podemos también conocer el popular ejemplo conocido acerca de un grupo de personas que presencia un choque en una esquina y, al ser interrogadas luego de un tiempo, los recuerdos del hecho difieren bastante o incluso notablemente entre cada uno.
En suma, la memoria representa las vivencias de la existencia de una persona o un grupo de ellas pero, también sus fantasías creativas o insinuadas y políticamente, representa además sus intereses particulares.
Desaparecidos que no responden a la figura de “desaparición forzada”
Al no permitirse el acceso a la documentación a investigadores ajenos al organismo, de las denuncias y todo otro documento que avale la identidad y la forma y fecha de su desaparición así como a las investigaciones complementarias realizadas para determinar la comprobación de la desaparición forzada, quedan mayores dudas sobre la veracidad de los números del Informe Final de la CONADEP (1984). Como dijimos y probaremos en el “Documento correspondiente al Anexo 1 de ese informe”, (inserto en la página web del capítulo 8), tiene una enorme cantidad de errores, fruto de denuncias con datos incompletos, falsos o sin sustento legal para comprobar la existencia real de la persona física denunciada, así como si su desaparición “fue obligada o voluntaria”. En la actualidad existen estadísticas de muertos pero no de desapariciones voluntarias.
La asociación civil “Luchemos por la vida” en sus estadística de los últimos 24 años consigna que en nuestro país murieron 182.522 personas por accidentes de tránsito y que el promedio anual es de 7.605 muertos por año. En 2015 las estadísticas oficiales de muertes dolosas en promedio desde 2003 al 2015 están en 7 cada 100.000 habitantes o sea un promedio anual de 3.580 asesinados por año. A continuación dejamos constancia de las dudas existentes para asegurarnos que los casos de personas físicas denunciadas como desaparecidas en el Anexo 1 del informe “Nunca Más” se encuadren realmente en la figura de “desaparición forzada de personas”.
• ¿Sabemos qué número anual estadístico de desapariciones existían en el país (por fugas domésticas, trata de personas, asesinatos con ocultamiento del cadáver, etc. y eventualmente su aparición?) ¿Tenemos centralizados los datos en un organismo nacional? Desgraciadamente ¡no! No existe en el país un órgano que centralice esos datos y por lo tanto no tenemos una estadística centralizada de los casos pertinentes. Quiere decir que puede haber en las denuncias un caso, diez, cincuenta, doscientos o más.
• Existen asesinatos realizados por las mismas organizaciones a militantes en virtud de sus códigos, cuyos cuerpos no aparecieron o fueron denunciados como desaparecidos.
• ¿Hay personas –militantes terroristas o no–muertas por organizaciones paramilitares (Triple A; COR; etc.) o asesinadas por delincuentes comunes cuyos cuerpos se encontraron carbonizados o en estado de descomposición, o que fueron enterrados como NN sin conocimiento de los familiares y que no pudieron ser identificados posteriormente?.
¡Seguramente sí! En el libro In memorian, Volumen III, editado por la Biblioteca del Oficial del Círculo Militar en el año 2000, Anexo 4 (páginas 578 a 601) existe un listado documentado de 476 víctimas de esas organizaciones paramilitares que actuaron desde julio de 1973 al 21 de marzo de 1976, de las cuales:
■ 41 aparecieron calcinados sin identificación (NN).
■ 62 aparecieron asesinadas a balazos y sin identificar (NN).
■ 15 aparecieron totalmente destrozadas por haber sido dinamitadas (NN).
Los miembros de las OPM que murieron combatiendo contra las fuerzas legales a los que se identificó luego de haber sido enterrados como NN y que, por errores de las autoridades o decisiones equivocadas de los jueces no fueron identificados públicamente (sus datos no fueron dados a publicidad para conocimiento de sus familiares).
Por ejemplo: en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 (Formosa), el 5 de octubre de 1975, murieron, entre otros, los terroristas Oscar Ramón Boero, Reinaldo José Ramón Briggiler, José Daniel Graziano, Jorge Alberto Livieres y Alfredo Rubén Velázquez, quienes fueron enterrados como NN en el cementerio principal de Formosa, conocido como Cementerio Norte y al ser identificados, el juez no hizo publicar sus datos en los MCS. Otros atacantes muertos habían sido retirados por sus familiares.
Los cinco nombrados figuran como desaparecidos en el libro de D’Andrea Mor Memoria Debida, Ed. Colihue, año 1999. Sin embargo, en el Anexo 1 de la CONADEP de 1984, sólo fueron denunciados tres de ellos (Boero, Graziano y Velázquez). Lo más llamativo es que se dice que Velázquez desapareció el día 30 de setiembre de 1975 y Graziano el 1 de octubre de 1975, cuando ambos murieron atacando el Regimiento 29 de Monte el día 5 de octubre de 1975. Al respecto, es significativo aclarar que algunos familiares de ellos habrían cobrado la indemnización prevista en la Ley 24.411 ($/u$s 225.000). Ver Anexo 1 de 1984 y 2006. Esta misma situación es probable haya ocurrido en otros casos similares, especialmente en el ataque al Batallón de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno” en el que intervinieron alrededor de 300 militantes del ERP e individuos de otras organizaciones.
Fallecimiento de Duhalde. Continúa la mendacidad histórica
Ante la muerte repentina del mencionado Duhalde, la presidente de la Nación, designó en el cargo de Secretario de Derechos Humanos de la Nación a un hijo de desaparecidos, Martín Fresneda, que asumió el 15 de mayo de 2012 y quien en su discurso de asunción y recordando al ex presidente Kirchner, muerto dos años antes, dijo: “…Acá estamos Néstor querido, con la fuerza y el coraje de los 30.000 desaparecidos”
Académicamente también se define la memoria como un relato emocional de los procesos históricos vividos o conocidos que se transforma en un argumento –a veces inconsciente– para justificar su ideología del presente. Podemos también conocer el popular ejemplo conocido acerca de un grupo de personas que presencia un choque en una esquina y, al ser interrogadas luego de un tiempo, los recuerdos del hecho difieren bastante o incluso notablemente entre cada uno.
En suma, la memoria representa las vivencias de la existencia de una persona o un grupo de ellas pero, también sus fantasías creativas o insinuadas y políticamente, representa además sus intereses particulares.
Desaparecidos que no responden a la figura de “desaparición forzada”
Al no permitirse el acceso a la documentación a investigadores ajenos al organismo, de las denuncias y todo otro documento que avale la identidad y la forma y fecha de su desaparición así como a las investigaciones complementarias realizadas para determinar la comprobación de la desaparición forzada, quedan mayores dudas sobre la veracidad de los números del Informe Final de la CONADEP (1984). Como dijimos y probaremos en el “Documento correspondiente al Anexo 1 de ese informe”, (inserto en la página web del capítulo 8), tiene una enorme cantidad de errores, fruto de denuncias con datos incompletos, falsos o sin sustento legal para comprobar la existencia real de la persona física denunciada, así como si su desaparición “fue obligada o voluntaria”. En la actualidad existen estadísticas de muertos pero no de desapariciones voluntarias.
La asociación civil “Luchemos por la vida” en sus estadística de los últimos 24 años consigna que en nuestro país murieron 182.522 personas por accidentes de tránsito y que el promedio anual es de 7.605 muertos por año. En 2015 las estadísticas oficiales de muertes dolosas en promedio desde 2003 al 2015 están en 7 cada 100.000 habitantes o sea un promedio anual de 3.580 asesinados por año. A continuación dejamos constancia de las dudas existentes para asegurarnos que los casos de personas físicas denunciadas como desaparecidas en el Anexo 1 del informe “Nunca Más” se encuadren realmente en la figura de “desaparición forzada de personas”.
• ¿Sabemos qué número anual estadístico de desapariciones existían en el país (por fugas domésticas, trata de personas, asesinatos con ocultamiento del cadáver, etc. y eventualmente su aparición?) ¿Tenemos centralizados los datos en un organismo nacional? Desgraciadamente ¡no! No existe en el país un órgano que centralice esos datos y por lo tanto no tenemos una estadística centralizada de los casos pertinentes. Quiere decir que puede haber en las denuncias un caso, diez, cincuenta, doscientos o más.
• Existen asesinatos realizados por las mismas organizaciones a militantes en virtud de sus códigos, cuyos cuerpos no aparecieron o fueron denunciados como desaparecidos.
• ¿Hay personas –militantes terroristas o no–muertas por organizaciones paramilitares (Triple A; COR; etc.) o asesinadas por delincuentes comunes cuyos cuerpos se encontraron carbonizados o en estado de descomposición, o que fueron enterrados como NN sin conocimiento de los familiares y que no pudieron ser identificados posteriormente?.
¡Seguramente sí! En el libro In memorian, Volumen III, editado por la Biblioteca del Oficial del Círculo Militar en el año 2000, Anexo 4 (páginas 578 a 601) existe un listado documentado de 476 víctimas de esas organizaciones paramilitares que actuaron desde julio de 1973 al 21 de marzo de 1976, de las cuales:
■ 41 aparecieron calcinados sin identificación (NN).
■ 62 aparecieron asesinadas a balazos y sin identificar (NN).
■ 15 aparecieron totalmente destrozadas por haber sido dinamitadas (NN).
Los miembros de las OPM que murieron combatiendo contra las fuerzas legales a los que se identificó luego de haber sido enterrados como NN y que, por errores de las autoridades o decisiones equivocadas de los jueces no fueron identificados públicamente (sus datos no fueron dados a publicidad para conocimiento de sus familiares).
Por ejemplo: en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 (Formosa), el 5 de octubre de 1975, murieron, entre otros, los terroristas Oscar Ramón Boero, Reinaldo José Ramón Briggiler, José Daniel Graziano, Jorge Alberto Livieres y Alfredo Rubén Velázquez, quienes fueron enterrados como NN en el cementerio principal de Formosa, conocido como Cementerio Norte y al ser identificados, el juez no hizo publicar sus datos en los MCS. Otros atacantes muertos habían sido retirados por sus familiares.
Los cinco nombrados figuran como desaparecidos en el libro de D’Andrea Mor Memoria Debida, Ed. Colihue, año 1999. Sin embargo, en el Anexo 1 de la CONADEP de 1984, sólo fueron denunciados tres de ellos (Boero, Graziano y Velázquez). Lo más llamativo es que se dice que Velázquez desapareció el día 30 de setiembre de 1975 y Graziano el 1 de octubre de 1975, cuando ambos murieron atacando el Regimiento 29 de Monte el día 5 de octubre de 1975. Al respecto, es significativo aclarar que algunos familiares de ellos habrían cobrado la indemnización prevista en la Ley 24.411 ($/u$s 225.000). Ver Anexo 1 de 1984 y 2006. Esta misma situación es probable haya ocurrido en otros casos similares, especialmente en el ataque al Batallón de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno” en el que intervinieron alrededor de 300 militantes del ERP e individuos de otras organizaciones.
Fallecimiento de Duhalde. Continúa la mendacidad histórica
Ante la muerte repentina del mencionado Duhalde, la presidente de la Nación, designó en el cargo de Secretario de Derechos Humanos de la Nación a un hijo de desaparecidos, Martín Fresneda, que asumió el 15 de mayo de 2012 y quien en su discurso de asunción y recordando al ex presidente Kirchner, muerto dos años antes, dijo: “…Acá estamos Néstor querido, con la fuerza y el coraje de los 30.000 desaparecidos”
…previo haber expresado que no iba a ver reconciliación, ni olvidos, ni impunidad. Como observamos, este nuevo funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estaba en línea con el plan de seguir falseando la cifra de la cantidad de desaparecidos (ya que él por trabajar en ese organismo, siempre tuvo el acceso a la nómina y por ello, a la cifra) para continuar el intento de ubicar la acción de las fuerzas legales en la figura de “genocidio”, aunque ya, pasado tanto tiempo gran cantidad de familiares y amigos “blanquearon” la militancia de los muertos y desaparecidos que antes permanecían como ingenuos opositores y por lo tanto definitivamente su intento era en vano y sólo un acto triste de odio y subordinación política. Como se ha expresado en las denuncias que figuran en el Anexo 1 del Informe final de la CONADEP de 1984, existe una gran cantidad del (42%) que no poseían los documentos de identidad que permitieran identificar a las personas presuntas desaparecidas, ya que existen muchos ciudadanos homónimos (que tienen iguales nombres y apellidos) en los padrones electorales.
Para graficar la realidad de esas denuncias incompletas, que no sabemos si fueron hechas de buena fe o por el contrario con intenciones mendaces, hemos ubicado en un buscador de datos de personas nacidas entre 1930 y 1960 –que tenían en 1976 entre 16 y 46 años de edad– y colocamos al azar 9 personas que figuran como desaparecidas, teniendo en cuenta de no colocar los apellidos muy comunes como Fernández, Pérez, García, ya que por ejemplo Juan Carlos González tiene 1.799 homónimos. Veamos:
Nos preguntamos ¿cuál de ellos era el presunto desaparecido? ¿Cómo el pariente o allegado no tenía o podía obtener sus datos y muchas veces, ni siquiera su edad? ¿Quiénes denunciaban? También nos ha sorprendido que muchos números y tipos de documento que colocamos en el buscador de personas de Google el resultado ha sido nulo (no ubicado) cuando las personas vivas registradas en el Padrón Electoral tienen cada una los datos siguientes: tipo y número de documento, fecha de nacimiento, dirección, localidad o provincia, ocupación y Nº postal. ¿Estarían muertos o no existirían?
Es evidente que al margen que los datos puedan ser falsos, (encontramos 278) ya que era común en los subversivos terroristas usar una identidad falsa para alquilar casas y vehículos, visitar “amigos”, desenvolverse en el barrio que actuaban, evitar su identificación real ante autoridades policiales, etc. La cantidad de personas con igual apellido y nombre, ameritaba en la CONADEP comparar con los registros oficiales (padrones electorales o policías pertinentes) para ver si su existencia física era real y colocarlos separados si no lo eran y y exigir a los denunciantes el documento correspondiente.
Conclusiones sobre nómina del Informe Final presentado por el presidente de la CONADEP, el escritor Ernesto Sábato al presidente Raúl R. Alfonsín el día 20 de septiembre de 1984:
Si bien la Comisión dispuso de todo el personal y medios necesarios, perdió objetividad a partir que se fue reemplazando el personal de recepción de las denuncias (cuyo rol debió ser de interrogadores instruidos) por ex militantes, parientes y amigos de los desaparecidos. Se recibieron denuncias sin datos identificatorios, a veces sin nombres y sin apellidos y sin conocimiento ni siquiera de la edad de la presunta víctima. Si la política decidida era lograr la mayor cantidad de denuncias aunque fueran incompletas, por la seriedad e importancia de esta tarea se debió separar esos casos en otro listado complementario y así expresarlo en el informe.
Una omisión poco entendible fue que teniendo la posibilidad de comparar los documentos expresados con el padrón electoral y PFA para confirmar a priori la posible existencia real de la presunta víctima o la falsedad del documento.
Lo expresado en el párrafo anterior se habría corregido si la justicia hubiera investigado la certeza de la desaparición forzada, ordenado por el Presidente en su Decreto 187/83. No lo hizo y ello quitó seriedad a este grave problema de los desaparecidos y muertos, abriendo el camino para la mentira y la corrupción. Pudiendo hacerlo, no se preguntó acerca de su militancia en organizaciones políticas militares para conocer la relación posible con las causas de su desaparición. Más bien se ocultó el hecho, con la idea de no relacionar su actividad ilegal con su estado actual pero dificultando la distinción entre desaparición forzada, voluntarias o debido a delitos comunes.
No se conoce que hayan solicitado a organismos del Estado, incluyendo a jueces y policías, así como a organizaciones civiles, nóminas de personas desaparecidas por razones no políticas para no incluirlas en las denuncias por desaparición forzada.
La CONADEP tenía para entregar listados de desaparecidos procesados en 7.380 legajos y le fueron agregadas, a último momento, 1.580 denuncias más de distintas organizaciones de DDHH que no fueron procesadas por esa comisión responsable y que sumaron los 8.960. ¿Por qué tampoco las separaron con su origen, ya que ellos no la habían procesado?
En síntesis, hubo fallas importantes en la calidad y neutralidad del personal que tomó las denuncias y armó los legajos permitiendo respuestas sin repreguntar ni completar las mismas (55% no tenían documentos de identidad legales y 38% no tenían tipo de documento, sólo un número. No obstante todo lo expresado, este documento de la CONADEP ha sido tomado como una “Biblia de los Derechos Humanos” y ninguna autoridad, ni siquiera judicial, ha investigado y comprobado en 30 años todas esas denuncias a pesar de los muy probables hechos de corrupción cometidos por los funcionarios y los abogados que actuaron.
A los funcionarios del nuevo gobierno
Somos conscientes que no es fácil como país salir al exterior para explicar que se les ha mentido oficialmente ya que no sólo lo hicieron los grupos militantes sino también los funcionarios acreditados y las visitas oficiales siguieron con el engaño de los 30.000 “inocentes ciudadanos desaparecidos”.
Los funcionarios del nuevo Gobierno tienen la responsabilidad de modificar esa falacia pidiendo disculpas oficialmente de parte del pueblo argentino, además de afirmar la Justicia Federal de acuerdo a nuestra Constitución Nacional eliminando los jueces corruptos y los jueces militantes que no hacen justicia sino política.
Una omisión poco entendible fue que teniendo la posibilidad de comparar los documentos expresados con el padrón electoral y PFA para confirmar a priori la posible existencia real de la presunta víctima o la falsedad del documento.
Lo expresado en el párrafo anterior se habría corregido si la justicia hubiera investigado la certeza de la desaparición forzada, ordenado por el Presidente en su Decreto 187/83. No lo hizo y ello quitó seriedad a este grave problema de los desaparecidos y muertos, abriendo el camino para la mentira y la corrupción. Pudiendo hacerlo, no se preguntó acerca de su militancia en organizaciones políticas militares para conocer la relación posible con las causas de su desaparición. Más bien se ocultó el hecho, con la idea de no relacionar su actividad ilegal con su estado actual pero dificultando la distinción entre desaparición forzada, voluntarias o debido a delitos comunes.
No se conoce que hayan solicitado a organismos del Estado, incluyendo a jueces y policías, así como a organizaciones civiles, nóminas de personas desaparecidas por razones no políticas para no incluirlas en las denuncias por desaparición forzada.
La CONADEP tenía para entregar listados de desaparecidos procesados en 7.380 legajos y le fueron agregadas, a último momento, 1.580 denuncias más de distintas organizaciones de DDHH que no fueron procesadas por esa comisión responsable y que sumaron los 8.960. ¿Por qué tampoco las separaron con su origen, ya que ellos no la habían procesado?
En síntesis, hubo fallas importantes en la calidad y neutralidad del personal que tomó las denuncias y armó los legajos permitiendo respuestas sin repreguntar ni completar las mismas (55% no tenían documentos de identidad legales y 38% no tenían tipo de documento, sólo un número. No obstante todo lo expresado, este documento de la CONADEP ha sido tomado como una “Biblia de los Derechos Humanos” y ninguna autoridad, ni siquiera judicial, ha investigado y comprobado en 30 años todas esas denuncias a pesar de los muy probables hechos de corrupción cometidos por los funcionarios y los abogados que actuaron.
A los funcionarios del nuevo gobierno
Somos conscientes que no es fácil como país salir al exterior para explicar que se les ha mentido oficialmente ya que no sólo lo hicieron los grupos militantes sino también los funcionarios acreditados y las visitas oficiales siguieron con el engaño de los 30.000 “inocentes ciudadanos desaparecidos”.
Los funcionarios del nuevo Gobierno tienen la responsabilidad de modificar esa falacia pidiendo disculpas oficialmente de parte del pueblo argentino, además de afirmar la Justicia Federal de acuerdo a nuestra Constitución Nacional eliminando los jueces corruptos y los jueces militantes que no hacen justicia sino política.
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