A lo largo de la década pasada, los dos presidentes Kirchner (Néstor y Cristina) construyeron un “relato” mendaz para tratar de justificar sus caprichosas manipulaciones de la economía argentina y disimular el populismo que impregnara a sus dos gestiones. Ese “relato” tuvo toda suerte de capítulos. Esto es cortinas de humo y mecanismos de distracción. Hasta algunos de corte patológico, como veremos enseguida.
Uno de ellos, manejado con la perversidad que los conformaba, fue realmente sorprendente y consistió en la “exaltación principista” de los juicios en materia de crímenes de lesa humanidad perpetrados en la Argentina en la década de los 70. Extraña estrategia para quienes, hasta entonces, poco y nada habían hecho en ese campo. Para esto último los Kirchner contaron con la ayuda interesada de algunos jueces que se prestaron a manejos que ahora están quedando al descubierto y que, desgraciadamente, destiñen su actuación. Disfrazarse de “paladines” de los derechos humanos era realmente importante para los Kirchner porque, de esa manera, desviaban la atención sobre las mil fórmulas de corrupción que pusieron en marcha durante sus mandatos y que hoy, gracias a la acción de algunos jueces federales, está quedando al descubierto, ante el asombro de propios y extraños. Nunca en la historia argentina hubo gobiernos nacionales que hicieran de la corrupción no sólo un negocio, sino una costumbre y hasta una suerte de culto. Nunca despojos del tamaño que hoy se está revelando. Transformarse en “poderosos” económicamente suponía actuar hegemónicamente en el escenario de la política, disponiendo de recursos que ningún otro partido político tenía a su disposición, ni podía alcanzar. Hoy la justicia está –entre otras cosas- revisando la actuación de los magistrados sumisos a los Kirchner, que coreaban su discurso único y exaltaban su presunto “coraje político”. Si para muestra basta un botón, acaba de dictarse una sentencia ejemplar por parte de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que lleva fecha 9 de junio de 2016. Se trata de la decisión del caso “Carrizo Salvadores”. Ella recayó en una investigación de presuntos delitos de lesa humanidad que esa Cámara encontró no eran tales, anulando la sentencia que había sido apelada. Nos referiremos enseguida a los insólitos argumentos por los cuales finalmente se revocó la decisión apelada. Porque son duros. Amargos. Y no tienen desperdicio. Y porque sugieren cuál era el modo de actuar, cual acólitos desaprensivos, de algunos magistrados. El Dr. Eduardo Rafael Riggi, el camarista que formula el voto más importante, señaló que el tribunal inferior había realizado “una interpretación no sólo errónea, sino antojadiza y subjetiva del marco histórico-político de los hechos materia de juzgamiento”. Concluyó que la decisión apelada se refería a una “realidad que no se encuentra acreditada por ningún medio de prueba o que directamente no existía”. Eso supone que la decisión anulada era tendenciosa. O, peor aún, que ella era mendaz. Lo que es sumamente grave. Para explicar su criterio, el Dr. Riggi aclara que “esos acontecimientos fueron tergiversados”. Esto es, trastocados o trabucados por los magistrados que en su momento habían dictado la sentencia que fuera apelada. Nuevamente, un proceder escandaloso. El mencionado camarista agregó que los hechos a los que se refiere la sentencia que revoca no existieron más que “en la exclusiva subjetividad de los señores magistrados y que carecen por ende de todo sustento en las pruebas incorporadas”. El Dr. Riggi describe amablemente un proceder a todas luces repudiable, al que califica de “falto de seriedad”, “antojadizo y arbitrario”, producto de “preconceptos”. En cualquier sistema judicial esa descripción alude a conductas inaceptables, merecedoras de sanciones. La revocatoria suscrita por el Dr. Riggi fue asimismo especialmente severa respecto de la “prueba” diligenciada en la causa en la que intervenía. Muy particularmente respecto de los testimonios de dos testigos que, créase o no, habían pertenecido al movimiento guerrillero marxista que respondía al nombre de Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), razón por la cual el Dr. Riggi entendió que estaban lejos de ser imparciales y que eran, en cambio, partes interesadas en las investigaciones de sus propias “andadas”, lo que hace que sus respectivos testimonios fueran inaceptables, debiendo quedar excluidos de cualquier valoración, por su evidente nulidad absoluta. Es evidente que quienes perpetraron delitos de lesa humanidad deben asumir las responsabilidades que les caben, pero sólo en juicios que –naturalmente- respeten la verdad. No en procedimientos amañados que desprestigian a la justicia argentina y generan la nulidad de las respectivas actuaciones. La independencia de los jueces es un componente central de toda democracia y es, a la vez, una garantía del debido proceso legal. De allí su trascendencia. La revocación de una sentencia mendaz supone corregir el rumbo. Pero es importante señalar que el Poder Judicial argentino actúa bajo gruesos nubarrones que –para muchos- sugieren rincones de parcialidad. Por esto precisamente el 77% de los argentinos dice no confiar en su justicia y espera que en adelante se tomen las acciones necesarias para que actuaciones como la reseñada no se vuelvan a repetir. Ocurre que el descaro es, a veces, total. A punto tal, que dos camaristas que habían sido, ellos mismos, integrantes del mencionado ERP y actuaban en otras causas de “lesa humanidad”, acaban de ser separados de una de ellas por su instancia judicial superior. Nunca sintieron la necesidad obvia de inhibirse, esto es de apartarse de las causas en las que intervenían. Por ausencia total de imparcialidad. Todo lo contrario, tuvieron la repudiable audacia de dictar sentencias que luego fueron revocadas. Paradójicamente, ellos son todavía magistrados, pese a lo acontecido. Lo que muestra cuán lejos está la sociedad argentina todavía de contar con un Poder Judicial imparcial. Hay aún mucho que hacer en la búsqueda de la imparcialidad que siempre debe caracterizar a los magistrados judiciales. Queda un largo camino por recorrer para reparar una democracia que los dos presidentes Kirchner desajustaron perversamente, en todos sus poderes. Sin reparos de ningún tipo, en busca de aureolas falsas que obviamente no les pertenecían. Emilio J. Cárdenas Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas
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