No es algo para nada sorprendente en este gobierno que, a medida que se le vaya licuando el poder político, intentará desembozadamente fortalecer su red de impunidad. Está en los jueces y en el Congreso evitarlo, pero antes que nada estará en nosotros, los ciudadanos, cuando votemos este año.
Por Jorge R. Enríquez
A fines del año pasado, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, decidió recortar las atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo del doctor Manuel Garrido.
Mediante una resolución, el mencionado funcionario hizo una interpretación estricta del concepto de "intervención necesaria" que la ley de Ministerio Público le confiere a la Fiscalía, determinando que ya no tendrá intervención directa en causas que no se hayan iniciado por su denuncia, mientras que en las demás actuaciones, sólo podrá asumir la acción penal cuando el fiscal del caso resuelva no seguir adelante.
Si bien formalmente la resolución podría ser válida - según entienden algunos juristas, a la luz de la letra de la ley de Ministerio Público -, no cabe duda alguna de cuál es su verdadera finalidad: sacar del medio a un fiscal verdaderamente independiente, que viene investigando muchos casos de corrupción en los cuales se encuentran involucrados funcionarios gubernamentales, como el famoso "Skanska", la manipulación del INDEC o la causa iniciada por el supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner.
En particular, dos recientes hechos que se encuentran bajo la lupa de este magistrado y que dejarían al desnudo severas irregularidades en el desempeño de funcionarios del actual gobierno, habrían sido los catalizadores de esa mutilación de atribuciones.
Por un lado, emerge el caso "Accolade Pool", que se origina en una demanda contra el Estado por contratos de reaseguro incumplidos por la ya desaparecida Caja Nacional de Ahorro y Seguros, y que fueran suscripto en el exterior entre 1977 y 1982.
La demanda se habría transformado en una gigantesca estafa al Estado mediante la connivencia de funcionarios, porque si bien la Justicia había rechazado en 2003 y 2005 el pago al grupo de aseguradoras, el 25 de octubre de 2007 funcionarios del el Ministerio de Economía reconocieron a los accionantes la suma de $ 53.963.112.-
El crédito fue cedido a diversas empresas y según la denuncia del fiscal Garrido, la operación configuró una maniobra de "lavado de dinero", en una compleja trama de empresas fantasma, de ventas de créditos millonarios a precios viles, de transferencias internacionales efectuadas con la velocidad de un rayo, una enorme cantidad de cesiones de derechos que concluyen en las mismas personas que las originaron.
Es por esa razón que intervienen dos jueces federales. En efecto, mientras el Dr. Sergio Torres, con el fiscal Raúl Pleé, a cargo de la unidad especializada en lavado de dinero, investigan un capítulo de la maniobra, vinculado a este delito, la Dra. Servini de Cubría lleva adelante la causa en la que se investiga a los funcionarios que autorizaron el pago a pesar de que la Justicia había dicho que no correspondía efectuarlo.
Este hecho acaecido en la cartera de Hacienda no es novedoso: algo semejante ya había ocurrido en diciembre de 2006, cuando una autorización de Economía estuvo a punto de permitir el pago de 600 millones de pesos al grupo Greco, maniobra que pudo abortarse cuando fue desenmascarada por el Congreso.
El otro caso es todavía más revelador de la laxitud que se pretende tengan todos los órganos de control. También en el centro de la escena aparece el fiscal Garrido, a partir de una solicitud suya a la Auditoría General de la Nación (AGN), para que le entregara copia certificada de un informe en el cual ese organismo pide que se investigue la razón por la cual el segundo tramo de una obra de tendido eléctrico de alta tensión que va de Río Negro a la ciudad de Pico Truncado costó un 48 % más caro por kilómetro que el primero, lo que equivale a un presunto sobreprecio de unos $-150.000.000 en Santa Cruz.
La AGN, con la sola negativa de su presidente Leandro Despouy, resolvió que ya no le dará información alguna al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, sobre sus asuntos en trámite, por razones de "confidencialidad" (sic) y que sólo brindarán satisfacción a sus requerimientos cuando los informes finales se encuentren aprobados y publicados en Internet.
Esto constituye lisa y llanamente una nueva castración de las atribuciones del Ministerio Público, que conlleva un gravísimo obstáculo para las posibilidades de éxito de toda investigación.
Lamentablemente, las presiones sobre la justicia - que han sido reiteradamente denunciadas desde esta columna - no permiten confiar en la independencia de todos los fiscales. Por eso, la restricción de la actuación de Garrido es un hecho muy preocupante. En la práctica, puede significar la finalización de investigaciones sobre causas de corrupción de alta envergadura.
Ese mismo propósito han tenido las recientes designaciones de dos auditores oficialistas en la AGN, que le aseguran al kirchnerismo mayoría en ese órgano de control hasta 2016, hecho que no se compadece con un régimen republicano, en el cual la mayoría del cuerpo debería representar a la oposición, como sólido resguardo de controles rigurosos que impidan cualquier desviación del acatamiento de las normas vigentes por parte del gobierno.
A partir de estos hechos, no habrá ningún organismo independiente especializado en investigar y perseguir la corrupción, con lo cual nuestro país no estará dando cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que la Argentina es parte.
No es algo para nada sorprendente en este gobierno que, a medida que se le vaya licuando el poder político, intentará desembozadamente fortalecer su red de impunidad. Está en los jueces y en el Congreso evitarlo, pero antes que nada estará en nosotros, los ciudadanos, cuando votemos este año.
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