martes, 25 de noviembre de 2008

Cuando un gobierno es MAFIA

En los últimos años, la modernidad política y la extravagante predilección de los argentinos por ser conducidos al matadero por gobernantes de la mas baja ralea, han determinado que ocurran 20 hechos verdaderamente increíbles, rodeados de la más absoluta impunidad y puestos a congelar por los tres poderes del Estado para quedar, de ese modo, en el olvido total.

Por el Lic. Gustavo Adolfo Bunse

La palabra MAFIA reconoce distintos orígenes aunque el más extendido es el de las organizaciones que se defendían de la constante invasión francesa empezando por Napoleón que se robó los medallones de oro macizo de los pectorales de los 4 caballos de Piazza San Marco en Venecia (actualmente sólo pintados de color dorado).
Morte alla Francia Italia Anhela (MAFIA). Ese es el acrónimo mas aceptado.
Pero sus objetivos ulteriores degeneraron en asuntos no tan patrióticos.
En nuestro país tenemos historia escrita de la llegada de esta gente desde la época en que se instalaron en Rosario dos familias que incluso llegaron a cobrar el “pizzo” en comarcas muy alejadas de esa ciudad santafecina.
Eran conocidos como “Chicho Grande” y Chicho Chico” dos mafiosos de antología quienes al socaire de los gobiernos de turno hicieron su “trabajo” por 10 años y terminaron prestándole servicios a los propios gobernantes.
En los últimos años, la modernidad política y la extravagante predilección de los argentinos por ser conducidos al matadero por gobernantes de la mas baja ralea, han determinado que ocurran 20 hechos verdaderamente increíbles, rodeados de la más absoluta impunidad y puestos a congelar por los tres poderes del Estado para quedar, de ese modo, en el olvido total.
No es preciso hacer alusión a esos episodios. Desde mucho antes de la muerte del empresario Cacho Espinoza se puede hacer un buen catálogo de gestión que solamente pudo haber tenido lugar bajo la advocación divina de una organización mafiosa que tomó la sortija del mando político casi como en un gran descuido de la sociedad, aprovechando su postración histórica.
Es importante tener especialmente en cuenta las advertencias del francés Jean François Gayraud, el más importante estudioso de todas la Mafias en el mundo y de los antecedentes específicos de la incrustación mafiosa que tuvo el gobierno de Giulio Andreotti en Italia, no hace tanto tiempo.

Aquí se puede ver claramente como nuestros inmigrantes italianos (que son un poco más de la mitad de nuestro directorio telefónico) nos han traído a estas tierras, desde las prácticas más sencillas hasta el trágico “expertise” de la más alta gestión política para conducir un país de temerosos.
El arma principal de una mafia no es el asesinato sino la intimidación.
Los legisladores italianos aciertan cuando convierten esta noción en una de las piedras angulares de la definición penal de una organización de tipo mafioso. La intimidación permite a una mafia alcanzar la mayoría de sus objetivos apenas rozando la ilegalidad.
A ella responde la ley del silencio.
Los efectos de la intimidación no se circunscriben sólo a la neutralización de un individuo, sino que afectan a todo su entorno: familia, barrio, trabajo comunidad, amistades y relaciones profesionales.
Puede verificarse de forma explícita y determinada (amenazas directas a una persona concreta), pero también puede ser implícita.
La amenaza no tiene por qué expresarse.

La intimidación sobreentendida crea al final un verdadero clima de miedo generalizado. Las mafias gobernantes saben extender un ambiente de sumisión, sin llegar a provocar la represión directa. Basta, de vez en cuando, con aplicar algún castigo psicológico a los insumisos.
Como dice un proverbio chino: “Mata al pollo para asustar al mono”.
La intimidación no sólo se dirige a la población civil.
Las mafias de gobernantes también pueden atacar, si se da el caso, a los propios representantes del Estado. La intimidación a los servidores de la nación pasa primero “por lo alto”, de forma sutil e insospechada.
Se crean primero organismos especiales para intimidar jueces y luego se empieza a socavar la logística y todos los medios a disposición (Órganos legislativos de evaluación judicial, Tribunal de Magistratura, Fiscalización legislativa de fallos, etc.) Sobrevive el juez que obedece con su fallo.

De inmediato aparece el estrangulamiento logístico y la anemia de insumos.
Nada desestabiliza más a la policía y a la justicia que la falta de medios o las reformas penales paralizantes. Los políticos relacionados con la mafia pueden limitar los medios humanos, jurídicos y materiales de cualquiera de los departamentos de investigación.
¿Cómo puede un juez realizar la instrucción de un caso sin tener policías competentes y encima estando amenazado de expulsión por un Organismo supra judicial?
Los políticos también tienen la posibilidad de instar modificaciones de las leyes procesales en aras de una mayor protección de la presunción de inocencia - léase, de los mafiosos - o de frenar las carreras de funcionarios “imprudentes”. A esto se agregan las campañas de los medios de comunicación pro mafiosos.
Estos obstáculos colocados por el poder político marcan con claridad a los órganos de represión los límites que no deben traspasar. Los cargos públicos, policías o jueces obstinados se quedan aislados y se convierten en blanco de las amenazas.
La intimidación que priva a la justicia de testigos y frena el celo de los servicios represivos consigue, al final, paralizar la acción del Estado.
Los países sin Estado son el clásico ejemplo de gobiernos mafiosos.
En la parte occidental de Sicilia, la política siempre ha mantenido una relación directa con la Cosa Nostra. Tommaso Buscetta fue claro sobre este tema: “En los años cincuenta y hasta comienzos de los setenta, casi todos los principales políticos sicilianos, estaban en contacto con nosotros.
Y muchos de ellos llegaron a ser ministros y secretarios de Estado”.
La Democracia Cristiana fue el principal actor de este gran “compromiso histórico” que no sólo se circunscribió a Sicilia, sino que se extendió por todo el Mezzogiorno. Giulio Andreotti hizo declaraciones claras sobre el apoyo electoral de la Cosa Nostra a la Democracia Cristiana en esa época:

“Los votos de Sicilia provenían de una organización que desde siempre le conseguía a la Democracia Cristiana un fuerte apoyo en sufragios”.
Sin embargo, hasta que no se produjeron, en los años noventa, los distintos testimonios de los mafiosos arrepentidos (pentitti) que mencionaban a la Democracia Cristiana y sus responsables, no se tuvo una idea clara de la gravedad de la colusión. La caja de Pandora se abrió en 1993, cuando Tommaso Buscetta decidió revelar lo que sabía de 178 cómplices políticos de la Cosa Nostra, lo que había callado hasta entonces. El asesinato de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en 1992, fue el detonante que lo impulsó a hablar.
Cuando Giancarlo Caselli, fiscal de Palermo, inició las diligencias penales contra Giulio Andreotti (el 27 de marzo de 1993), parecía estar derribando un tabú de la política italiana. El 10 de junio de 1993, el Senado italiano aprobó la retirada de la inmunidad parlamentaria de Andreotti.
Se trataba, sin dudas, de uno de los hombres más poderosos de la historia del país. Había sido siete veces presidente del Consejo de Ministros y, en 33 ocasiones, el ministro de las principales carteras del país (Interior, Hacienda Economía, Asuntos Exteriores, Defensa, Industria, Sector Público, Patrimonio y Cultura).
En esa época, era senador vitalicio y representaba justo medio siglo de la Democracia Cristiana y de la política del país. Había estado presente en casi todos los gobiernos desde 1947 a 1992.
Sus apodos resumen por sí mismo el temor, el aura y la influencia que ejercía sobre sus contemporáneos: “el Inoxidable”, “Belcebú”, “el Sutil”.
Dos procesos se abrieron contra Andreotti, fundados esencialmente en la declaración de mafiosos arrepentidos. Pero más allá del hombre, se trata de todo un sistema político y un partido, que quedaron así desacreditados en forma pública sin el menor asomo de duda.

El primer proceso se celebró en Perugia.
Giulio Andreotti fue acusado de haber ordenado el asesinato de Carmine Pecorelli, periodista y director de la revista sensacionalista Osservatorio Politico Internazionale, ocurrido el 20 de marzo de 1979. Al parecer, se disponía a publicar información comprometedora para Andreotti acerca de la financiación del partido y, sobre todo, de las circunstancias del asesinato de Aldo Moro en 1978.
El periodista tenía en su poder un documento redactado por Moro, durante su secuestro por las Brigadas Rojas, que acusaba a Giulio Andreotti.
El senador fue absuelto en primera instancia, el 24 de septiembre de 1999, después de un largo proceso en el que se celebraron 162 audiencias y declararon 231 testigos. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2002 fue condenado en apelación, a 24 años de prisión. Ni más ni menos.
Aunque su inmunidad parlamentaria de senador vitalicio lo libró de ir a la cárcel, la justicia había confirmado que la Mafia había matado a Pecorelli por orden de Giulio Andreotti.
El veredicto suscitó fuertes protestas corporativas de la clase política.
Al final, el Tribunal Supremo italiano absolvió a Andreotti de una manera definitiva, el 30 de octubre de 2003.
El fiscal que actuó en el recurso de casación afirmó que “no había pruebas de que Giulio Andreotti tuviera un móvil para ordenar el asesinato”.
Cuando un gobierno es MAFIA, aunque no vayan presos, se nota mucho.

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