Sigmund Freud
Por Enrique Guillermo Avogadro
Por Enrique Guillermo Avogadro
La sociedad parece haber dejado atrás la preocupación por los problemas de la economía para privilegiar la inseguridad, esa que todos los días cubre de sangre las páginas de los diarios y las pantallas de los televisores, ligada estrechamente al incremento geométrico del narcotráfico durante la larga noche kirchnerista. Como sucede en muchos otros campos de la información, llama más la atención lo que sucede en nuestro inmediato ámbito geográfico -el Conurbano, Rosario, etc.-, algo comprensible si la propia Gobernadora bonaerense ha debido mudar su domicilio a una base militar, que en el interior del país, donde también la inseguridad y la droga están presentes y producen graves daños en el tejido social.
Por eso resulta necesario establecer dos escenarios, diferenciados por el tamaño de la concentración humana. Porque una cosa es combatir esa plaga en las grandes ciudades y otra, muy diferente, es hacerlo en las pequeñas poblaciones en las que, como es sabido, todo el mundo se conoce y donde el delito adquiere otras formas adicionales, como el abigeato. Voy a comenzar por éstas y, para ello, me he puesto a pensar en algunas recetas que han sido probadas, con éxito, en otras latitudes.
La ciudadanía, unánimemente, vincula la inseguridad a la corrupción policial y su necesaria complicidad con el delito, y a la ineficiencia y el "garantismo" judicial, que privilegia el amparo al delincuente sobre su víctima. Entonces, ¿por qué no mirar alrededor e imitar fórmulas eficaces para solucionar gradualmente el problema?
Los gobernadores deben enviar a sus respectivas legislaturas sendos proyectos de ley para reformar todo el sistema judicial y policial en el interior de sus provincias y, una vez probado el éxito de las iniciativas, progresivamente acercarlas a las ciudades de mayores dimensiones. Básicamente, se trata de copiar el sistema que tantos beneficios han traído a los Estados Unidos con los "sheriffs", es decir, poner a cargo de las comisarías de pueblos y ciudades pequeñas a civiles, domiciliados en el mismo sitio y elegidos por el voto popular cada cuatro años. Las ventajas que adoptar esta idea traerían aparejadas son obvias, porque el control sobre la eficiencia de la actividad y la licitud del patrimonio del funcionario serían controladas por sus propios vecinos.
Lo mismo habría que hacer con los fiscales y los jueces de pequeñas causas, también electos por iguales períodos entre sus mismos conciudadanos, ya que sumaría al beneficio de la transparencia, la rápida descongestión de los juzgados de mayor cuantía, que hoy se ven impedidos de ejercer eficazmente su actividad por la falta de medios adecuados, espacio físico y personal.
El otro aspecto, como dije, es la seguridad y la lucha contra el delito en las grandes concentraciones humanas de todo el país. Para entender mi propuesta, que seguramente encontrará resistencias principistas, es necesario reconocer que estamos, literalmente, en guerra; hemos sido llevados a ella por la lucha entre los diferentes carteles para hacerse de territorios de producción y consumo y rutas para importar y exportar drogas, sean de origen natural o sintético. Y es una guerra en la cual llevamos las de perder, porque esas organizaciones disponen de cantidades tan siderales de dinero que les resulta extremadamente fácil comprar voluntades en la política, en la Justicia y en la policía, amén de permitirles acceder al armamento y a los medios de transporte más sofisticados, obviamente muy superiores a los que disponen quienes se le oponen.
El Gobierno se encuentra ante una disyuntiva, la misma que acosó a sus homólogos de otras latitudes: dónde utilizar a las fuerzas de seguridad federales, ¿cumpliendo sus funciones específicas en las fronteras o masivamente enfrentando al delito en el territorio? Creo que la opción ha dejado de existir, ya que la corrupción e ineficacia de las policías locales se ha vuelto innegable y la sociedad así lo percibe; para evitar el riesgo de contaminación, resultará necesario rotar al personal, impidiendo su contacto permanente con los narcotraficantes locales.
Claro que eso significa desguarnecer los lugares por donde la droga y el terrorismo -no lo olvidemos, ya que sigue plenamente vigente- ingresan al país. Como se ve hoy en numerosísimas países, es necesario desplegar en las fronteras terrestres, aéreas, fluviales y marítimas a las fuerzas armadas, con todo su potencial y con los equipos tecnológicos necesarios para encarar ese desparejo combate. Por supuesto, antes habría que dotarlas de las leyes indispensables, tanto para permitirles actuar con eficacia cuanto para garantizarles que no serán luego perseguidos por cumplir sus obligaciones, como sucedió con aquéllos a quienes la democracia convocó a defenderla y luego fueron encarcelados por hacerlo, juzgados y condenados por los mismos terroristas a quienes habían vencido militarmente.
Ya que construir prisiones de alta seguridad, adecuadas para alojar a narcotraficantes, violadores, corruptos y asesinos, resulta hoy una utopía presupuestaria, el Gobierno debe convocar a una licitación nacional e internacional para que empresas privadas se hagan cargo de hacerlo y de administrar la "hotelería", reservando a las fuerzas penitenciarias -también rotándolas con frecuencia- exclusivamente la seguridad. Naturalmente, habría que ubicar estas cárceles en zonas alejadas y de difícil acceso -por ejemplo, la Patagonia central- e impedir, seriamente, la utilización de medios de comunicación por parte de los internos, para evitar que éstos continúen gerenciando desde ellas sus negocios ilícitos. Seré criticado porque impediría la cercanía entre los detenidos y sus familias, pero creo que no debemos privilegiar ese presunto derecho a la tranquilidad de la sociedad entera, perdida por el accionar de los delincuentes.
Insisto en que el Consejo de la Magistratura debe ponerse las botas, "desratizar" la Justicia (Fiscal Germán Moldes dixit) y controlar de cerca a los jueces, para evitar que continúen ejerciendo su ministerio quienes lo han utilizado para sostener cualquier proyecto político y garantizar la impunidad de los corruptos o quienes se encuentren sospechados de connivencia con el delito; una vez desplazada la penosa Procuradora General, Alejandra ¡Giles! Carbó, idéntico procedimiento deberá aplicarse a los fiscales.
Aplaudo el proyecto de reforma que envió el Ejecutivo al Congreso, que impedirá el funcionamiento de la puerta giratoria que tanto ha beneficiado a los delincuentes, en especial durante la era Zaffaroni. Pero coincido con las críticas que se le formulan, ya que su aplicación no podrá ser inmediata, precisamente por aquellas dificultades que señalara la Dra. Servini y muchos de los fiscales.
Para terminar, todos, todos debemos exigir a nuestros representantes que se sienten a la mesa de discusión de una buena vez, y establezcan políticas de estado respecto al tema de la inseguridad porque, como hemos visto en Colombia y México, si no lo hacemos la guerra será prolongada y, sobre todo, enormemente costosa en vidas humanas.
Por eso resulta necesario establecer dos escenarios, diferenciados por el tamaño de la concentración humana. Porque una cosa es combatir esa plaga en las grandes ciudades y otra, muy diferente, es hacerlo en las pequeñas poblaciones en las que, como es sabido, todo el mundo se conoce y donde el delito adquiere otras formas adicionales, como el abigeato. Voy a comenzar por éstas y, para ello, me he puesto a pensar en algunas recetas que han sido probadas, con éxito, en otras latitudes.
La ciudadanía, unánimemente, vincula la inseguridad a la corrupción policial y su necesaria complicidad con el delito, y a la ineficiencia y el "garantismo" judicial, que privilegia el amparo al delincuente sobre su víctima. Entonces, ¿por qué no mirar alrededor e imitar fórmulas eficaces para solucionar gradualmente el problema?
Los gobernadores deben enviar a sus respectivas legislaturas sendos proyectos de ley para reformar todo el sistema judicial y policial en el interior de sus provincias y, una vez probado el éxito de las iniciativas, progresivamente acercarlas a las ciudades de mayores dimensiones. Básicamente, se trata de copiar el sistema que tantos beneficios han traído a los Estados Unidos con los "sheriffs", es decir, poner a cargo de las comisarías de pueblos y ciudades pequeñas a civiles, domiciliados en el mismo sitio y elegidos por el voto popular cada cuatro años. Las ventajas que adoptar esta idea traerían aparejadas son obvias, porque el control sobre la eficiencia de la actividad y la licitud del patrimonio del funcionario serían controladas por sus propios vecinos.
Lo mismo habría que hacer con los fiscales y los jueces de pequeñas causas, también electos por iguales períodos entre sus mismos conciudadanos, ya que sumaría al beneficio de la transparencia, la rápida descongestión de los juzgados de mayor cuantía, que hoy se ven impedidos de ejercer eficazmente su actividad por la falta de medios adecuados, espacio físico y personal.
El otro aspecto, como dije, es la seguridad y la lucha contra el delito en las grandes concentraciones humanas de todo el país. Para entender mi propuesta, que seguramente encontrará resistencias principistas, es necesario reconocer que estamos, literalmente, en guerra; hemos sido llevados a ella por la lucha entre los diferentes carteles para hacerse de territorios de producción y consumo y rutas para importar y exportar drogas, sean de origen natural o sintético. Y es una guerra en la cual llevamos las de perder, porque esas organizaciones disponen de cantidades tan siderales de dinero que les resulta extremadamente fácil comprar voluntades en la política, en la Justicia y en la policía, amén de permitirles acceder al armamento y a los medios de transporte más sofisticados, obviamente muy superiores a los que disponen quienes se le oponen.
El Gobierno se encuentra ante una disyuntiva, la misma que acosó a sus homólogos de otras latitudes: dónde utilizar a las fuerzas de seguridad federales, ¿cumpliendo sus funciones específicas en las fronteras o masivamente enfrentando al delito en el territorio? Creo que la opción ha dejado de existir, ya que la corrupción e ineficacia de las policías locales se ha vuelto innegable y la sociedad así lo percibe; para evitar el riesgo de contaminación, resultará necesario rotar al personal, impidiendo su contacto permanente con los narcotraficantes locales.
Claro que eso significa desguarnecer los lugares por donde la droga y el terrorismo -no lo olvidemos, ya que sigue plenamente vigente- ingresan al país. Como se ve hoy en numerosísimas países, es necesario desplegar en las fronteras terrestres, aéreas, fluviales y marítimas a las fuerzas armadas, con todo su potencial y con los equipos tecnológicos necesarios para encarar ese desparejo combate. Por supuesto, antes habría que dotarlas de las leyes indispensables, tanto para permitirles actuar con eficacia cuanto para garantizarles que no serán luego perseguidos por cumplir sus obligaciones, como sucedió con aquéllos a quienes la democracia convocó a defenderla y luego fueron encarcelados por hacerlo, juzgados y condenados por los mismos terroristas a quienes habían vencido militarmente.
Ya que construir prisiones de alta seguridad, adecuadas para alojar a narcotraficantes, violadores, corruptos y asesinos, resulta hoy una utopía presupuestaria, el Gobierno debe convocar a una licitación nacional e internacional para que empresas privadas se hagan cargo de hacerlo y de administrar la "hotelería", reservando a las fuerzas penitenciarias -también rotándolas con frecuencia- exclusivamente la seguridad. Naturalmente, habría que ubicar estas cárceles en zonas alejadas y de difícil acceso -por ejemplo, la Patagonia central- e impedir, seriamente, la utilización de medios de comunicación por parte de los internos, para evitar que éstos continúen gerenciando desde ellas sus negocios ilícitos. Seré criticado porque impediría la cercanía entre los detenidos y sus familias, pero creo que no debemos privilegiar ese presunto derecho a la tranquilidad de la sociedad entera, perdida por el accionar de los delincuentes.
Insisto en que el Consejo de la Magistratura debe ponerse las botas, "desratizar" la Justicia (Fiscal Germán Moldes dixit) y controlar de cerca a los jueces, para evitar que continúen ejerciendo su ministerio quienes lo han utilizado para sostener cualquier proyecto político y garantizar la impunidad de los corruptos o quienes se encuentren sospechados de connivencia con el delito; una vez desplazada la penosa Procuradora General, Alejandra ¡Giles! Carbó, idéntico procedimiento deberá aplicarse a los fiscales.
Aplaudo el proyecto de reforma que envió el Ejecutivo al Congreso, que impedirá el funcionamiento de la puerta giratoria que tanto ha beneficiado a los delincuentes, en especial durante la era Zaffaroni. Pero coincido con las críticas que se le formulan, ya que su aplicación no podrá ser inmediata, precisamente por aquellas dificultades que señalara la Dra. Servini y muchos de los fiscales.
Para terminar, todos, todos debemos exigir a nuestros representantes que se sienten a la mesa de discusión de una buena vez, y establezcan políticas de estado respecto al tema de la inseguridad porque, como hemos visto en Colombia y México, si no lo hacemos la guerra será prolongada y, sobre todo, enormemente costosa en vidas humanas.
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