Por Enrique Guillermo Avogadro
Néstor Kirchner, a quien la posibilidad de apropiarse del dinero ajeno lo llevaba al éxtasis, decidió ahogar a las compañías petroleras mediante el congelamiento de los precios en boca de pozo con el exclusivo propósito de inducir a Repsol a desprenderse en su favor de un alto porcentaje de las acciones de YPF y huir del país. Como testaferro, utilizó a la familia Eskenazi, también propietaria del Banco de Santa Cruz, con la cual mantenía relaciones derivadas de la apropiación de los "fondos de Santa Cruz" y su colocación en cuentas en el exterior a nombre personal del pingüino mayor.
A raíz de esa demencial conducta, la Argentina perdió el autoabastecimiento energético, ya que las empresas afectadas dejaron de invertir en exploración de nuevos yacimientos y, durante muchos años, consumimos los que conocíamos; cuando prácticamente se acabaron, debimos importar masivamente gas con la consiguiente sangría masiva de las divisas que quedaban en el Banco Central, generando así inflación y un nuevo nicho de gigantesca corrupción.
Además, el kirchnerismo montó un monumental sistema de subsidios a la energía y el transporte que, en la práctica, benefició a los habitantes de la Capital Federal y el Conurbano; mientras aquí nos regalaban la luz y el gas, en especial a la alta clase media, nuestros conciudadanos del interior debían pagarlos a precios que duplicaban y triplicaban los que aquí regían.
Así llegamos al 2015, cuando la inquilina de la Casa Rosada se marchó a su lugar en el mundo para fundar el "club del helicóptero" e intentar desestabilizar a su sucesor. Contaba con la inestimable ayuda del campo minado que había preparado, un altísimo porcentaje de pobres a los que se debía atender, un imparable déficit público, un descrédito internacional enorme y el Banco Central sin reservas. Mauricio Macri contribuyó a la maniobra urdida cometiendo el ya irreparable error de no desnudar la situación ante la sociedad, que transitaba una crisis gravísima sin percibirla.
El Gobierno decidió enfrentarla gradualmente y, para ello, debió recurrir al endeudamiento externo, habilitado por el levantamiento del cepo cambiario, la solución al problema con los holdouts y la promesa de una mayor seguridad jurídica, tan deteriorada e indispensable para recibir inversiones directas en nuestra economía. La oposición, formando un coro infernal, maldice diariamente contra la creciente deuda y se cansa de reírse del fracaso en convocar a los dueños del dinero local e importado para que lo pongan aquí, en la economía productiva.
La discusión en el Congreso sobre los aumentos tarifarios, en especial de la energía eléctrica, mostró a las claras de que madera están hechos nuestros distinguidos representantes. Si bien era lógico esperar una actitud bastarda de parte de quienes militan en la Unión Ciudadana, ese engendro que sacó de la manga Cristina Fernández para no correr con los colores del peronismo, al cual había recomendado suturar una parte de su anatomía, y también de la cerril izquierda, hasta ahora el "PJ racional" (Miguel Pichetto) y los renovadores (Sergio Massa) se habían portado razonablemente bien.
Mientras algunos aúllan en la calle (el mugriento Roberto Baradel debió regresar en primera clase por Lufthansa para encabezar la "marcha de las velas") por el crimen de intentar que todos comencemos a pagar por la energía lo que realmente vale (aún con los aumentos, seguimos pagando mucho menos que nuestros vecinos), gritan aún más fuerte contra el endeudamiento, único camino posible para evitar el ajuste realmente necesario del gasto público que reclaman muchos economistas de nota.
Los legisladores que quieren torcer el brazo del Gobierno y hacerlo retroceder -algunos hasta han iniciado acciones judiciales para retrotraer los precios de la electricidad y el gas a los que tenían a principios del año pasado- no dicen cuál es la alternativa que ofrecen para financiar los demenciales subsidios que pretenden renovar. Lamentablemente, las opciones son escasas ya que, si lo lograran, habría que dejar de invertir en escuelas, rutas y hospitales, la inflación volvería a desmadrarse y los parques generador, transportador y distribuidor de energía recaerían en la obsolescencia, con las consiguientes interrupciones del servicio.
Peor aún, porque desaparecerían los muchos inversores que acaban de firmar los contratos de generación de energía renovable (eólica y solar), que no podrían sostenerlos al no recibir los precios pactados. Y ello repercutiría de inmediato en todos los campos de la economía; en realidad, la mera discusión planteada ya está llenando de inquietud a quienes comenzaban a ver nuestro país como atractivo y observan con preocupación esta nueva muestra de inseguridad jurídica.
Pero, más allá de la actitud de la oposición, que prueba una vez más la validez del "teorema de Baglini", la similar reacción de la sociedad en su conjunto le permite competir por el campeonato: mientras despotrica en las redes sociales y en los medios de prensa contra las nuevas tarifas, el consumo de electricidad sigue incrementándose a una velocidad que supera al crecimiento de la economía. Y ello sólo puede significar una cosa: para una gran parte de la población, la energía sigue siendo tan barata que puede derrocharla; y no debemos olvidar que, en el otro extremo económico-social, la tarifa social protege a quienes no pueden pagarla.
También compiten por el título hipócrita los organismos de falsos y tuertos derechos humanos. Todos hemos visto las merecidas celebraciones que realizan cada vez que un nieto desaparecido es identificado y recupera su identidad, y miramos en cobarde pasividad los escraches que realizan cada vez que a un militar se le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria, que ya goza, por ejemplo, Milagro Salas. Y qué decir de aquéllos que esperan el juicio en total libertad, como Amado Boudou, Cristóbal López, Fabián de Souza, Carlos Zannini, Luis D'Elía, Ricardo Echegaray y tantos otros reos de corrupción o traición a la Patria, mientras los presos políticos se pudren en las cárceles por prisiones preventivas que exceden los diez y quince años.
Pero lo que hoy los hace aspirantes al título es el estruendoso silencio con que han recibido la noticia de la aparición con vida del Dr. Antonio Manuel Gentile, de cuya muerte se responsabilizó por años al régimen militar de 1976. No escuché, ni creo que nadie lo haya oído, decir nada sobre este curioso episodio a Estela Carlotto, Hebe Bonofini, Horacio Verbitsky o tantos otros panegiristas de los terroristas de todo pelaje.
Ese silencio tiene una razón de efectividad conducente ya que, cuando uno recorre el Parque de la Memoria, comprueba la inclusión, entre las casi ocho mil placas que tienen nombre de presuntos muertos por represión estatal, a muchos fusilados por las propias organizaciones guerrilleras, suicidados o caídos al intentar copar instalaciones militares. Todos sabemos que sus familiares han recibido ingentes indemnizaciones de parte del Estado nacional; a pesar de que se trata de miles de millones de dólares, la identidad de sus receptores y los montos pagados en cada caso se mantienen en la oscuridad por obra y gracia de la Secretaría de Derechos Humanos, que se niega cerradamente a informar sobre el tema.
Y esto nos lleva a otro competidor por el título, Sergio Maldonado, que intenta sostener, contra toda prueba y evidencia, que la muerte de su hermano ahogado en un río del sur se debió a la represión de la Gendarmería Nacional, y que ya ha logrado cobrar dos millones de pesos de manos del Estado idiota, que todos mantenemos con nuestros impuestos.
Transformarnos en un país serio y confiable, para propios y extraños, nos llevará muchos años, pero debemos comenzar a recorrer ya mismo ese camino, porque mañana será tarde.
A raíz de esa demencial conducta, la Argentina perdió el autoabastecimiento energético, ya que las empresas afectadas dejaron de invertir en exploración de nuevos yacimientos y, durante muchos años, consumimos los que conocíamos; cuando prácticamente se acabaron, debimos importar masivamente gas con la consiguiente sangría masiva de las divisas que quedaban en el Banco Central, generando así inflación y un nuevo nicho de gigantesca corrupción.
Además, el kirchnerismo montó un monumental sistema de subsidios a la energía y el transporte que, en la práctica, benefició a los habitantes de la Capital Federal y el Conurbano; mientras aquí nos regalaban la luz y el gas, en especial a la alta clase media, nuestros conciudadanos del interior debían pagarlos a precios que duplicaban y triplicaban los que aquí regían.
Así llegamos al 2015, cuando la inquilina de la Casa Rosada se marchó a su lugar en el mundo para fundar el "club del helicóptero" e intentar desestabilizar a su sucesor. Contaba con la inestimable ayuda del campo minado que había preparado, un altísimo porcentaje de pobres a los que se debía atender, un imparable déficit público, un descrédito internacional enorme y el Banco Central sin reservas. Mauricio Macri contribuyó a la maniobra urdida cometiendo el ya irreparable error de no desnudar la situación ante la sociedad, que transitaba una crisis gravísima sin percibirla.
El Gobierno decidió enfrentarla gradualmente y, para ello, debió recurrir al endeudamiento externo, habilitado por el levantamiento del cepo cambiario, la solución al problema con los holdouts y la promesa de una mayor seguridad jurídica, tan deteriorada e indispensable para recibir inversiones directas en nuestra economía. La oposición, formando un coro infernal, maldice diariamente contra la creciente deuda y se cansa de reírse del fracaso en convocar a los dueños del dinero local e importado para que lo pongan aquí, en la economía productiva.
La discusión en el Congreso sobre los aumentos tarifarios, en especial de la energía eléctrica, mostró a las claras de que madera están hechos nuestros distinguidos representantes. Si bien era lógico esperar una actitud bastarda de parte de quienes militan en la Unión Ciudadana, ese engendro que sacó de la manga Cristina Fernández para no correr con los colores del peronismo, al cual había recomendado suturar una parte de su anatomía, y también de la cerril izquierda, hasta ahora el "PJ racional" (Miguel Pichetto) y los renovadores (Sergio Massa) se habían portado razonablemente bien.
Mientras algunos aúllan en la calle (el mugriento Roberto Baradel debió regresar en primera clase por Lufthansa para encabezar la "marcha de las velas") por el crimen de intentar que todos comencemos a pagar por la energía lo que realmente vale (aún con los aumentos, seguimos pagando mucho menos que nuestros vecinos), gritan aún más fuerte contra el endeudamiento, único camino posible para evitar el ajuste realmente necesario del gasto público que reclaman muchos economistas de nota.
Los legisladores que quieren torcer el brazo del Gobierno y hacerlo retroceder -algunos hasta han iniciado acciones judiciales para retrotraer los precios de la electricidad y el gas a los que tenían a principios del año pasado- no dicen cuál es la alternativa que ofrecen para financiar los demenciales subsidios que pretenden renovar. Lamentablemente, las opciones son escasas ya que, si lo lograran, habría que dejar de invertir en escuelas, rutas y hospitales, la inflación volvería a desmadrarse y los parques generador, transportador y distribuidor de energía recaerían en la obsolescencia, con las consiguientes interrupciones del servicio.
Peor aún, porque desaparecerían los muchos inversores que acaban de firmar los contratos de generación de energía renovable (eólica y solar), que no podrían sostenerlos al no recibir los precios pactados. Y ello repercutiría de inmediato en todos los campos de la economía; en realidad, la mera discusión planteada ya está llenando de inquietud a quienes comenzaban a ver nuestro país como atractivo y observan con preocupación esta nueva muestra de inseguridad jurídica.
Pero, más allá de la actitud de la oposición, que prueba una vez más la validez del "teorema de Baglini", la similar reacción de la sociedad en su conjunto le permite competir por el campeonato: mientras despotrica en las redes sociales y en los medios de prensa contra las nuevas tarifas, el consumo de electricidad sigue incrementándose a una velocidad que supera al crecimiento de la economía. Y ello sólo puede significar una cosa: para una gran parte de la población, la energía sigue siendo tan barata que puede derrocharla; y no debemos olvidar que, en el otro extremo económico-social, la tarifa social protege a quienes no pueden pagarla.
También compiten por el título hipócrita los organismos de falsos y tuertos derechos humanos. Todos hemos visto las merecidas celebraciones que realizan cada vez que un nieto desaparecido es identificado y recupera su identidad, y miramos en cobarde pasividad los escraches que realizan cada vez que a un militar se le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria, que ya goza, por ejemplo, Milagro Salas. Y qué decir de aquéllos que esperan el juicio en total libertad, como Amado Boudou, Cristóbal López, Fabián de Souza, Carlos Zannini, Luis D'Elía, Ricardo Echegaray y tantos otros reos de corrupción o traición a la Patria, mientras los presos políticos se pudren en las cárceles por prisiones preventivas que exceden los diez y quince años.
Pero lo que hoy los hace aspirantes al título es el estruendoso silencio con que han recibido la noticia de la aparición con vida del Dr. Antonio Manuel Gentile, de cuya muerte se responsabilizó por años al régimen militar de 1976. No escuché, ni creo que nadie lo haya oído, decir nada sobre este curioso episodio a Estela Carlotto, Hebe Bonofini, Horacio Verbitsky o tantos otros panegiristas de los terroristas de todo pelaje.
Ese silencio tiene una razón de efectividad conducente ya que, cuando uno recorre el Parque de la Memoria, comprueba la inclusión, entre las casi ocho mil placas que tienen nombre de presuntos muertos por represión estatal, a muchos fusilados por las propias organizaciones guerrilleras, suicidados o caídos al intentar copar instalaciones militares. Todos sabemos que sus familiares han recibido ingentes indemnizaciones de parte del Estado nacional; a pesar de que se trata de miles de millones de dólares, la identidad de sus receptores y los montos pagados en cada caso se mantienen en la oscuridad por obra y gracia de la Secretaría de Derechos Humanos, que se niega cerradamente a informar sobre el tema.
Y esto nos lleva a otro competidor por el título, Sergio Maldonado, que intenta sostener, contra toda prueba y evidencia, que la muerte de su hermano ahogado en un río del sur se debió a la represión de la Gendarmería Nacional, y que ya ha logrado cobrar dos millones de pesos de manos del Estado idiota, que todos mantenemos con nuestros impuestos.
Transformarnos en un país serio y confiable, para propios y extraños, nos llevará muchos años, pero debemos comenzar a recorrer ya mismo ese camino, porque mañana será tarde.
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