William Butler Yeats
Por Enrique Guillermo Avogadro
Algunos lectores me han llamado la atención por decir H° Aguantadero para referirme al Congreso y a cada Cámara. Sin embargo, y más allá de merecer el nombre por la clara e impúdica protección que brinda a aquellos de sus miembros procesados o condenados, debo recordar que se lo llamaba "honorable" porque los legisladores, al principio, trabajaban por el honor, o sea, sin percibir salario alguno; no se cobraba por servir a la Patria.
La intervención de Cristina Elisabet Fernández en el debate previo a la votación que autorizó al Juez Claudio Bonadio a allanar sus diferentes domicilios justifica con creces la elección de la cita del epígrafe, aunque el poeta no haya podido imaginar que veríamos tan claro su significado.
Además de la ridiculez de los argumentos políticos a los que recurrió la hipócrita ex Presidente en su defensa, tales como una conspiración global encaminada a perseguir a los líderes ladri-progresistas de la región (Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael Correa y ella misma), más me asombraron las garantías que consideró vulneradas en la causa penal que la afecta y que en un futuro, lamentablemente no breve, la llevará a prisión: inocencia, juez natural, irretroactividad de la ley, no ser juzgado dos veces por la misma causa y el resto de los preceptos del artículo 18 de la Constitución.
En uno de sus malabares dialécticos, la viuda de Kirchner se comparó con los terroristas de los 70's, que "no se quebraban ni se arrepentían", y llegó a decir que, si bien ahora no se desaparece gente (¡citó otra vez a los inventados 30.000, de los cuales 22.000 nadie reclama ni puede justificar cuarenta años después!), las tropas represivas actuales incluyen a la prensa, a la Justicia, a los poderes económicos concentrados y, cuándo no, a los Estados Unidos.
Porque tanto su marido muerto cuanto ella misma, se disfrazaron de revolucionarios ("la izquierda te da fueros", respondió Néstor cuando se le preguntó porqué lo hacía) y ordenaron -el Senador Miguel Pichetto reconoció que fueron sancionadas por expresas indicaciones de la Casa Rosada- al Congreso que derogara las leyes de obediencia debida y punto final y comenzaron a perseguir, con enorme saña, a los militares que habían combatido la subversión en aquellos años, utilizándolos como eficaz cortina para dificultar la percepción de sus propios robos.
A éstos, jovencísimos oficiales entonces y ahora ancianos, se les negaron todas esas garantías que Cristina ahora reclama en su protección: se violaron el principio de inocencia y de defensa en juicio, se cambiaron los jueces naturales, se negó a los defensores la posibilidad de contrainterrogar a los testigos, se les aplicaron prisiones preventivas que excedieron todo límite legal, se les denegó el beneficio de prisión domiciliaria, se los condenó sin pruebas y se ignoraron las que produjeron los abogados en su favor, se fotografió y filmó a los imputados para divulgar las imágenes a la prensa y humillarlos, se los arrastró a las audiencias hasta en camilla, y se desestimaron las incapacidades notorias que les impedía estar en juicio; en los muy escasos casos en que un tribunal desobedeció la política persecutoria que emanaba de la propia Corte Suprema, se escrachó públicamente a los jueces corajudos.
Pese a las promesas que formuló Mauricio Macri en campaña, en el sentido de terminar con el probado curro de los derechos humanos, su Secretario del área, Claudio Avruj, sigue impulsando estas mascaradas y, además, se niega a dar a publicidad las listas de quienes fueron indemnizados y el monto que cada uno de ellos recibió del Estado, una cifra que, en conjunto, supera los US$ 3.500 millones. ¡Otra caja, y no menor!
El otro tema trascendente de estos días, derivados de la misma causa que comenzó con los cuadernos de un chofer, es el impacto que tendrá sobre la maltrecha economía nacional, en función de las complicaciones que, para las principales empresas constructoras del país, traen aparejadas las confesiones de sus propietarios y altos ejecutivos. Muchos piensan que deben ser excluidas de todo el sistema de obra pública; creo que es un error y, si se adoptara esa posición, los inversores privados en acciones de esas compañías y los trabajadores de éstas, deberían pagar un injustificable castigo. Y la otra consecuencia sería que, dado el gran universo complicado en la causa, sólo podrían construir en el país compañías extranjeras, ahora más que reacias a jugar en la Argentina.
Sostengo que, quienes han confesado, y más aquéllos que, con cinismo, mintieron ante el Juez para continuar esperando el proceso en libertad, deben ir ya mismo presos, sean quienes fueran. Pero, a la vez, preservar a las empresas y permitirles, con todos los controles y veedurías del caso para impedir la cartelización y los sobreprecios, participar en las licitaciones y continuar, ajustando a la baja los precios, las obras en curso.
El Gobierno, que tanto apostó a recuperación de la economía a través de la participación público-privada para mantener el ritmo de inversión en obra pública y ahora la encuentra en vilo, está actuando correctamente, ya que está buscando los mecanismos que permitan a los bancos financiar esos proyectos sin contaminarse con la plaga que afecta a sus clientes.
Recordará que en muchas de mis notas me pregunté si estábamos dispuestos a pagar el costo de la limpieza de nuestro sistema político y empresarial; Italia, en los 80's, tuvo que soportar un larguísimo período de debilidad económica, y una situación similar está impactando, desde hace tres años, en el desarrollo brasileño. Pero todo se ha vuelto abstracta, porque el proceso purificador ya resulta imparable, a punto tal que los propios cuadernos han perdido toda importancia. La catarata de confesiones (pruebas) de ex funcionarios y empresarios está confirmando que la asociación ilícita que encabezaron los Kirchner desde los lejanos días de Santa Cruz, saqueó al país hasta dejarlo exánime y de rodillas.
En esa abyecta y humillante posición, la Argentina tuvo que recurrir al FMI en busca de ayuda, pero los causantes directos del estropicio, siempre cínicos, ahora se rasgan las vestiduras, olvidando las usurarias tasas que debimos pagar para que Hugo Chávez (dividió la ganancia con el matrimonio presidencial, en valijas voladoras) prestara el dinero que necesitó Néstor para cancelar la deuda con el Fondo. Y ahora deberemos soportar, además, la violencia que, no lo dudo, desatarán en las calles para intentar forzar la caída del Gobierno y zafar de la cárcel.
Como sociedad, estamos ante una oportunidad única de reconstruirnos desde los cimientos. Estará en nosotros mantener la mirada vigilante sobre los acontecimientos y vivos nuestros reclamos de transparencia y recuperación. Si la clase política sigue mostrándose cómplice de la corrupción, ajena a esas legítimas aspiraciones y dedicada sólo a proteger sus privilegios y prebendas, como hizo el Senado cuando convirtió en inservible el proyecto de ley de extinción de dominio que había llegado de Diputados, todo el sistema actual colapsará y volverá a oírse en la calle el grito "¡Que se vayan todos!"; cuando eso sucedió en otros países, las consecuencias siempre fueron funestas.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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