Calafate, ese "lugar en el mundo"

Hay gente a la que le va muy bien en la Argentina del aumento de la pobreza y de los estragos de la Gripe A, como a los Kirchner, que en sólo un año, en 2008, aumentaron su patrimonio en el 158 por ciento. Toda una enseñanza para quienes se quejan de que en el país ya no se puede crear riqueza, en especial en el sector inmobiliario.

Por Ceferino Reato (*)

Pero, una muestra también de que el matrimonio presidencial debería prepararse para cuando ya no esté en el poder y la Justicia los coloque en la mira, con esos bríos que suelen impulsar a los jueces cuando los políticos pierden poder.

Por lo pronto, algunos abogados ya anunciaron que presentarán nuevas denuncias contra los Kirchner por el presunto delito de enriquecimiento ilícito o ampliarán las que ya hicieron y que en su momento fueron rechazadas por la Justicia. Les llama la atención la magnitud del crecimiento patrimonial, que pasó de 17.824.941 pesos a 46.036.711 pesos, más de 28 millones de pesos en un solo año.

En su primera declaración jurada como Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner informó que el año pasado vendieron 16 inmuebles, entre ellos un terreno que habían comprado a la municipalidad de El Calafate en 2006, durante la gestión de uno de sus compañeros de militancia, el ex intendente Néstor Méndez. Le debe estar muy agradecidos: pagaron 132.079 y lo vendieron el 1º de marzo de 2008 a 6.300.000; en una sola operación ganaron más de 6.100.000 pesos.

Con razón, la Presidenta dijo el lunes después de la dura derrota electoral que El Calafate era "mi lugar en el mundo". Porque a esos fabulosos negocios con tierra que era pública debe agregarse la notable expansión de los negocios hoteleros en esa localidad, siempre durante el año pasado.

El amigo chileno

Claro que los abogados que desconfían del incremento patrimonial de los Kirchner destacan que esa venta fue realizada a un grupo chileno que en los últimos años invirtió en cadenas de supermercados que han necesitado para operar del visto bueno de organismo del Gobierno, que dictaminaron que una compra en ese sector no implicaba una violación a la libre competencia.

También sospechan estos abogados aguafiestas, potenciados por los medios de comunicación que sólo ven las cosas negativas, que el matrimonio presidencial puede estar "blanqueando" dinero que ya tenían: les llama la atención el aumento coincidente en casi todos los alquileres que pagan los inquilinos de los Kirchner.
Todas estas sospechas deberán ser remitidas a la Justicia, que, como ya se dijo, rechazó denuncias similares.

Pero eso fue antes de que los Kirchner perdieran poder. Antes del conflicto con el campo y, en especial, antes de la dura derrota del 28 de junio. Ese resultado está cambiando la dinámica del Gobierno; lo está obligando a abrirse a un diálogo con los partidos políticos, con el empresariado y con la CGT.

Senderos complicados

Al Gobierno le está costando encontrar el rumbo en esta apertura y eso es explicable porque durante demasiados años vivió encerrado, sin necesidad de encontrar consensos más que con los aliados de la primera hora. Por eso, las idas y vueltas en el formato del diálogo.

Al principio, el kirchnerismo intentó, comprensiblemente, que el diálogo se limitara a una serie de temas y a un número restringido de interlocutores. Pensaba en dividir la agenda política de la agenda económico y social, postergando al máximo las invitaciones a la Unión Cívica Radical, a la Coalición Cívica, al PRO, al peronismo disidente, y al campo, es decir a las fuerzas y a los sectores con los que está más enfrentado.

Pero, la protesta unánime de la oposición forzó al oficialismo a cambiar el orden de invitados al diálogo político, con lo cual la UCR pasó al primer lugar. En cuanto al campo, será invitado a dialogar la semana próxima, luego de la cena del martes, que reunió a la plana mayor del Gobierno con la CGT, los industriales, los banqueros y los empresarios de servicios.

Todo esto en el marco de un agravamiento de la pobreza, según señaló la Iglesia, que detectó que ya afecta a casi el 40 por ciento de la población. Es una cifra que debería impulsar al Gobierno y a todos los actores políticos, económicos y sociales a un diálogo amplio y eficaz.

(*) Periodista y licenciado en Ciencia Política.
Autor del libro "Operación Traviata ¿Quién mató a Rucci?"

El Tribuno

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