Hay una solución satisfactoria al alcance de casi todos: adelantar las elecciones generales previstas para noviembre. ¿Para qué precipitar irresponsablemente a esa sociedad en un torbellino de violencia?Por Carlos Alberto Montaner
El embajador norteamericano en Honduras, Hugo Llorens, un diplomático extremadamente competente, intentó con toda seriedad que el Congreso no destituyera al presidente Manuel Zelaya. Cuando se le agotaron los argumentos y las presiones, hizo algo que lo enaltece ante lo que parecía inevitable: protegió en su residencia al hijo del gobernante para salvarlo de cualquier desenlace violento.
Afortunadamente, la expulsión de Zelaya de la presidencia y del país ocurrió de manera incruenta. No fue exactamente un golpe militar: el ejército obedeció las órdenes de la Corte Suprema ante las continuadas violaciones de la ley de un gobernante empeñado en hacerse reelegir, aunque violara la Constitución, y en arrastrar al país al campo chavista del "socialismo el siglo XXI" contra la voluntad de sus compatriotas.
No obstante, parece que todavía hay algo peor que el deprimente espectáculo de un presidente libremente electo que es forzado a abandonar el país a punta de fusil: tratar de imponer su regreso por la fuerza. Si Zelaya pone un pie en el país lo van a detener y acusar de diecisiete delitos diferentes que probablemente ha cometido. Lo van a encarcelar y va a ser muy embarazoso para quienes, irresponsablemente, decidan acompañarlo en esa loca aventura.
Esto es gravísimo. Esa situación, agitada por Hugo Chávez y por Daniel Ortega, que ya hablan de invasiones y de recurrir a la fuerza, puede desencadenar un baño de sangre en el país y destruiría la débil institucionalidad política trabajosamente lograda desde hace tres décadas, cuando terminó, felizmente, la época de las dictaduras militares. Lo ha dicho Peter Hakim, presidente del Diálogo Interamericano, sin abandonar su condena enérgica a la forma en que fue destituido: "Zelaya está peleando contra todas las instituciones de el país. No está de ninguna manera en buenas condiciones para gobernar ".
Y es cierto. Según el encuestador mexicano Mitofsky, en una investigación llevada a cabo en abril, el gobernante más impopular de América Latina era Manuel Zelaya. Sólo el 25% del país lo respaldaba, mientras otra encuesta diferente revelaba que el 67% jamás votaría otra vez por él. ¿Por qué? Porque los hondureños le achacaban una profunda corrupción, le suponían vínculos con el narcotráfico, especialmente el proveniente de Venezuela, como revela el ex embajador norteamericano ante la OEA Roger Noriega en un documentado artículo publicado en su blog, y porque la violencia y la pobreza, los dos grandes flagelos que castigan al país, han aumentado dramáticamente durante sus tres años de gobierno.
Sencillamente, la inmensa mayoría del país, sin exceptuar a los sectores más populares, los dos grandes partidos políticos (incluido el del propio Zelaya), las iglesias cristianas, los otros estamentos del Estado y las fuerzas armadas no lo quieren como presidente, aunque todos concordaban en que debía terminar su mandato y dejar el poder en enero de 2010. Sin embargo, no estaban de acuerdo en que vulnerara las leyes para tratar de perpetuarse en la presidencia, como ha hecho Hugo Chávez y tratan de hacer Daniel Ortega, Evo Morales y, probablemente, Rafael Correa. Los hondureños, sin la menor duda, no quieren seguir el camino del caudillismo colectivista y antioccidental, aliado a Irán, Cuba y a Corea del Norte, que preconiza Hugo Chávez.
¿Qué hacer en estas circunstancias? Lo peor, insisto, es recurrir a la fuerza contra la voluntad del propio pueblo. El gobierno del presidente interino Roberto Micheletti ya está llamando a los reservistas y el ejército se prepara para defender la soberanía nacional. Se calienta el discurso nacionalista y empieza a forjarse entre los ciudadanos una mentalidad de "defensa de la patria" frente a los enemigos exteriores. La inmensa mayoría piensa que en el extranjero, hábilmente impulsados por los chavistas, se está preparando una agresión, en la que inexplicablemente esta vez están implicados los norteamericanos del lado de los enemigos de la democracia y el respeto a la ley. Si estalla el conflicto, uno de los países más pobres de América sufrirá la sangría que ya padecieron Guatemala, El Salvador y Nicaragua durante la Guerra fría.
Sin embargo, hay una solución satisfactoria al alcance de casi todos: adelantar las elecciones generales previstas para noviembre. Ya existen los candidatos, libremente elegidos en primarias abiertas, y ambos gozan de mucha popularidad. ¿Para qué precipitar irresponsablemente a esa sociedad en un torbellino de violencia? Una vez seleccionado el nuevo gobierno, provisto de la legitimidad que genera un proceso democrático, los hondureños podrán dejar en el pasado este lamentable episodio. Eso es lo mejor para casi todas las partes en conflicto. Mel Zelaya habría perdido la partida, pero los hondureños no pagarían con su sangre el precio de los errores y las violaciones de la ley de un mal gobernante.
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