El cuestionamiento de Cristina de Kirchner, desde Madrid, España, al llamado 'Camarón' involucra a la Presidente en una polémica que merecería un poco de rigor histórico porque, de lo contrario, ella termina asumiendo una suerte de apología del terrorismo setentista que terminó atacando a Juan Perón, a quien ella acaba de reivindicar como una suerte de Barack Obama adelantado. ¿En qué quedamos?
Por Edgar Mainhard
La Presidenta consideró en Madrid, España, que "la creación de un fuero especial sería lo que buscarían aquellos que persiguen invalidar los juicios en materia de derechos humanos" en el país. Y recalcó "la necesidad de que sean juzgados y castigados todos aquellos que han violado derechos humanos".
La presidenta Cristina de Kirchner consideró, durante su visita a la Casa América, en Madrid, España, que "hay un escenario de fuerte retraso y demora en los juicios en materia de derechos humanos" en la Argentina, pero aclaró que esa situación "viene de unos cuantos años, porque estamos a 25 años de democracia", y destacó la anulación de las llamadas 'Leyes del Perdón', durante la presidencia de Néstor Kirchner.
La Presidente recordó "el famoso Camarón", durante la Revolución Argentina, el cual "fue catalogado de absolutamente inconstitucional porque violaba un principio esencial del Derecho Penal Internacional como es el del juez natural".
En el Derecho, el juez natural es la garantía que posee toda persona a ser juzgada por un tribunal constituido con anterioridad a la ocurrencia del hecho delictual.
Cristina de Kirchner reconoció "la angustia que todos tenemos, la sensación de injusticia por la demora de estos juicios".
Sin embargo, enfatizó que "lo peor que podría pasar es crear instrumentos legislativos que precisamente permitieran a quienes están acusados y están siendo juzgados, el argumento para presentarse ante foros internacionales, alegando que se los saca del juez natural y de principios básicos del Derecho Penal occidental".
En ese caso, los abogados de los acusados podrían "plantear la nulidad de las causas, inclusive plantearlas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin necesidad siquiera de recurrir a ningún juez internacional como pudiera ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Cristina mencionó también que "una de las claves que se está dando en la demora de los juicios es el tema de las pruebas, apelaciones y demás".
"Se plantearon -continuó la Presidente- algunos proyectos formulados por la oposición. Se pretendía que las pruebas en un juicio pudieran valer en otro juicio, algo que es imposible, porque una de las claves que hace al derecho de defensa y del debido proceso es que cada acusado pueda controlar adecuadamente las pruebas por las cuales se fundamenta la acusación contra él", dijo.
La Cámara Federal en lo Penal, mal llamada 'Camarón' o, peor aún, 'Camara del Terror', fue creada en mayo de 1971, por Ley 19.052, en días de Alejandro Agustín Lanusse presidente de facto, y derogada por la Ley 20.510 que Héctor J. Cámpora firmó en 1973.
Lanusse, con el asesoramiento de su ministro de Justicia, Jaime Perriaux, ante la ineficacia del sistema judicial convencional (y en contra de las tesis de los tribunales militares), creó la Cámara Federal para juzgar en instancia única y en forma oral y pública "los delitos de índole federal que lesionen principios básicos de la organización constitucional o de la seguridad de las instituciones".
Probablemente Juan Domingo Perón no habría derogado la Ley 19.052, y habría sido uno de los tantos enfoques diferentes entre Perón y Cámpora acerca de cómo tratar al terrorismo.
La Cámara Federal intervino en todas las detenciones de militantes de las organizaciones armadas y otros presos políticos, y sus vocales eran los jueces Ernesto Ure, Juan Carlos Díaz Reynolds, Carlos Enrique Malbrán (Sala 1°); César Black, Eduardo Munilla Lacasa, Jaime Smart (Sala 2°); y Tomás Barrera Aguirre (sucedido por Esteban Vergara), Jorge Quiroga, Mario Fernández Badesich (Sala 3°). Los fiscales fueron Jorge González Novillo, Gabino Salas y Osvaldo Fassi.
La Cámara estaba integrada por 9 jueces y 3 fiscales, divididos en 3 salas. Para cada causa, el juez asignado debía culminar la investigación preliminar en menos de 40 días, y luego de que el fiscal y los defensores ofrecieran sus pruebas, se realizaba un juicio frente a los 3 jueces, quienes dictaban una sentencia.
En un tiempo muy breve se juzgó a más de 2.000 imputados y se condenó a más de 600. Por supuesto que la Cámara fue creada por un gobierno de facto pero Cristina de Kirchner no puede dejar de reconocer que ese tribunal ayudó a detener el terrorismo que atentaba contra el Estado que, por entonces, intentaba ya el regreso a la democracia representativa.
¿O Cristina se encuentra públicamente a favor de aquel terrorismo?
En los años de expansión de la guerrilla urbana, de orientación castrista, la Cámara Federal -cuyo objetivo era la defensa del Estado- logró detener, sin procedimientos ilegales, a la mayoría de los jefes terroristas.
Quienes cuestionan la vigencia de la Cámara Federal en lo Penal (el caso de Eduardo Luis Duhalde o del procurador general Esteban Righi), se encuentran justificando los actos terroristas de los años '70 que apuntaban a la disolución del Estado con el argumento de facilitar el arribo de la democracia. Sin embargo, más tarde, también arremetieron contra la democracia y contra el presidente constitucional Juan Perón porque, en verdad, explicitaron su verdadero proyecto: ejecutar una suerte de Revolución Popular de inspiración cubana que modificara las instituciones republicanas.
Al 'Camarón' se le acusa de que no tenía instancia de apelación y que se le permitía no dar a conocer la imputación a los imputados, a quienes podían mantener incomunicados por 20 días.
Pero, sin embargo, la Cámara condenó a 5 de los responsables del secuestro y asesinato del presidente de Fiat Argentina, Oberdan Sallustro; a la vez que absolvió a 7 de los acusados. ¿Acaso Cristina de Kirchner estuvo a favor del asesinato de Sallustro? ¿Qué dirá su frecuente conterturlio, Cristiano Rattazzi?
La batalla cultural promovida por quienes defienden 'la herencia' terrorista de los años '70 (Horacio Verbitsky, Carlos Kunkel, Carlos Zannini, y otros), afirma que el 'Camarón' encubría el interrogatorio con torturas, precisamente por la incomunicación prolongada.
Sin embargo, ninguno de ellos ha podido demostrar que la Cámara Federal o alentara torturas o encubriera torturas. El 'gran pecado' del 'Camarón' habría sido la supuesta no investigación de la 'masacre' de Trelew (Chubut, el 22 de agosto de 1972) por el juez Quiroga, quien se trasladó al lugar de los hechos.
Sin embargo, lo ocurrido en Trelew -una ejecución ilegal protagonizada por personal de la Armada Argentina- fue un acontecimiento traumático dentro de la Revolución Argentina que abandonaba el poder, que excedió al propio Quiroga. De todas maneras, hay una investigación histórica en marcha sobre los procedimientos de la Cámara, que -según se informó a Urgente24- será presentada en un libro de próxima aparición.
El 28 de abril de 1974 fue asesinado Jorge Vicente Quiroga. En cuanto a Munilla Lacasa, sufrió un atentado pero salvó su vida de milagro cuando iba a ser ultimado a balazos. Y el abogado Carlos Bianco, prosecretario de la Cámara, fue secuestrado durante un mes y medio por el ERP 22 de agosto para obtener información bajo tortura acerca del juez Quiroga.
¿Qué opinión tiene al respecto Cristina de Kirchner, quien afirma que defiende los derechos humanos?
La Ley de Amnistía (Ley Nº 20.508) y la disolución de la Cámara Federal y la derogación de los procedimientos especiales en materia penal (Ley Nº 20.510) del 26 de mayo de 1973, liberaron en forma indiscriminada a quienes se encontraban procesados por el 'Camarón', en uno de los acontecimientos más insólitos de la historia política y judicial argentina, provocando el enojo de Perón con Cámpora, y facilitaron su regreso a actividades delictivas, ya antidemocráticas.
De acuerdo Jaime Smart, "(...) Cuando fracasa el atentado al Dr. Munilla Lacasa, la mayoría nos vamos del país. Yo me fui a Venezuela con el Dr. Munilla Lacasa, el Dr. Malbrán se fue a Perú, Ure y Díaz Reynolds a Uruguay, Fassi (fiscal) a México".
Lo más grave fue que, a partir de entonces, el Poder Judicial por completo decidió no tener nada que ver con la represión de la guerrilla, y así se abrieron las puertas a la represión ilegal, rebautizada como 'terrorismo de Estado'.
Que integrantes de la organización Quebracho -a menudo idiotas útiles- reivindiquen el asesinato del juez Quiroga (a las 14:30 del 28 de abril de 1974, ejecutado por Raúl Argemí y Marino Amador Fernández -quienes tenían información obtenida bajo tortura al abogado Carlos Alberto Bianco, ex funcionario de la Cámara- y así llegaron al 1506 de Viamonte, donde Quiroga iba a visitar a un amigo de apellido Rébori; le pegaron 14 balazos calibre 11.25 de pistolas ametralladoras Halcón. Quiroga se desangró en la vereda. Murió 2 horas más tarde en el hospital Rawson), es muy diferente a que una Presidente de la Nación cuestione sin argumentos sólidos a la Cámara Federal de 1971.
(La policía llegó pocas semanas después hasta la calle Fragata Sarmiento 1071, en Ramos Mejía, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Allí encontraron un rastrojero robado preparado con una bomba de 3 kilos de trotyl, un indicador eléctrico mecánico de activación, una ametralladora Halcón cargada, una falsificadora de credenciales, papeles del ERP, miles de proyectiles y un cuaderno con los datos del interrogatorio al Dr. Bianco. Argemí, Violeta Ana Moratto y Fernández fueron acusados por el homicidio de Quiroga, tenencia de armas de guerra y de explosivos, acopio de municiones, asociación ilícita calificada y uso de documentos falsos en concurso real. Y se les sumó luego la sentencia por el homicidio de Hermes Quijada: 25 años de prisión. Pero salieron en libertad el 15 de agosto de 1984).
No se trata de tomar partido con frivolidad sino de conocer la historia y cómo se construyó el Estado del que Cristina de Kirchner es Presidente.
Urgente 24
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