La militancia de los presuntos desaparecidos
A partir de la difusión del Informe de la CONADEP ocurrido a fines de 1984 a través de medios escritos orales y televisados de todo el país, se conoció que miembros de las fuerzas del Estado –durante el enfrentamiento armado interno debido a la guerra revolucionaria en curso– cuando procedían a detener personas consideradas militantes de las organizaciones político militares (OPM) se encontraban con el caso de mujeres embarazadas (o no) acompañadas de hijos menores de muy corta edad.
En tales circunstancias y ante la ausencia de familiares directos que pudieran hacerse cargo de la guarda de estos últimos, esos niños eran llevados con su madre a los Centros de Reunión de Prisioneros (CRP). La realidad, conocida posteriormente, fue que las mujeres eran preservadas hasta dar a luz. Los menores así como los recién nacidos se debían entregar según las órdenes de los Comandos superiores a sus familiares directos o en su defecto a las instituciones pertinentes como la Casa Cuna, Ministerio de Bienestar Social u organismos provinciales similares, etc. En algunos casos sucedió que niños pequeños o recién nacidos fueron entregados ilegalmente a personas allegadas a los responsables de la custodia de esas mujeres –médicos, personal policial, fuerzas de seguridad o militares– cuya situación biológica no les permitía tener hijos y deseaban criarlos como si fueran propios.
Esta situación fue analizada inicialmente en el juicio a los Comandantes (Causa 13/84) en cuya Sentencia del 9 de diciembre de 1985 se hizo referencia, pero sin imputar a ninguno de los sentenciados, debido a que los casos de niños desaparecidos eran producto de actos ilegales individuales de aquellos que entregaron las criaturas a terceras personas o se apropiaron de esos menores desobedeciendo las órdenes al respecto insertas en la Directiva Nº 404/75 (Lucha contra la subversión) emitida por el Comandante General del Ejército en octubre de 1975.
Para el debido conocimiento y ejemplo transcribimos el documento que el Comandante de la Zona 1 emitió para sus subordinados (ver página 92 del libro Obediencia Debida de D’Andrea Mohr, editorial Colihue. Bs. As., 1999, escrito con la colaboración de todas las ONG de DDHH) donde en el final del Apéndice 1 se establece el modo de proceder con niños de hasta 10 años que eventualmente quedaran desamparados debido a las operaciones militares.
Dice la citada Orden de Operaciones:
1) En caso de conocerse la filiación de los detenidos o desaparecidos deberá hacer entrega del o de los menores a los parientes de primer grado. 2) en el caso mencionado en 1) la entrega deberá efectuarse mediante acta documentada… 3) Bajo ningún concepto deberá hacerse entrega de los menores a los vecinos del lugar. 4) En caso de no conocerse la filiación de los detenidos deberá hacerse entrega de los menores al organismo más próximo de la PFA o provincial a fin que estos efectúen la entrega al Ministerio de Bienestar Social o dependencias similares provinciales. En el caso 4) la entrega se hará con firma documentada”…
Queda claro entonces que no existió ningún “Plan sistemático de apropiación de menores”, tal como expresan y publicitan numerosas fuentes parciales afines al terrorismo aunque sin precisar datos o pruebas que confirmen esa afirmación. La verdad es que ocurrió todo lo contrario ya que las máximas autoridades militares establecieron normas expresas para salvaguardar vida y derechos de los menores envueltos en las operaciones militares contra la insurgencia terrorista. Lo anterior no se contrapone con la existencia de actos personales ilegales de apropiación de menores, delitos basados en la convicción de algunas personas que, al actuar de esa forma, pensaban estar contribuyendo a mejorar el futuro de esos niños. Los medios de comunicación social nos han informado sobre estos casos cuando, al ser identificados y localizados años después por sus parientes biológicos o al enterase de su verdadera identidad por diferentes procedimientos, varios de ellos eligieron quedarse con aquellos que los criaron y educaron con amor, o bien mantuvieron con los mismos una relación afectiva firme y sentimientos de gratitud por el cuidado y amor brindados al margen de entender la ilegalidad del hecho consumado. Hay en estos momentos en la justicia una acción legal de un joven, ya mayor de edad, que no quiere tener el apellido de sus padres biológicos a pesar de las presiones de las llamadas “abuelas de Plaza de Mayo” y mantener el actual apellido de sus padres adoptivos.
Sobre la base de las denuncias oficiales insertas en el Informe de la CONADEP (Nunca Más) de 1984 y su posterior informe actualizado del 2006, se ha confeccionado un documento donde se observan los casos de las mujeres embarazadas que habrían dado a luz en cautiverio y los bebés o niños menores de 10 años que fueron inicialmente dados como desaparecidos en las denuncias oficiales citadas en los mencionados informes. De ellos y otra información obtenida en la web tenemos registrados 90 niños localizados a los que se les devolvió su identidad biológica.
■ Con respecto al número de 223 madres embarazadas que estuvieron detenidas según los mismos informes mencionados se aprecia que, como el 20% de ellas fueron denunciadas por sus familiares o amigos como transitando un embarazo de 1 a 2 meses –y al margen de la certeza de esos datos– podemos razonablemente pensar que las condiciones del cautiverio no eran las óptimas para que todas llegaran a dar a luz normalmente. Por lo que, arbitrariamente y para estimar un número más aproximado a la probable realidad, disminuimos un 20% que no habría podido llegar a feliz término y así obtenemos el número de 169 bebés (hoy jóvenes) nacidos en cautiverio que sumados a otros 9 niños apropiados ya nacidos, sumarían 175 que continuarían fuera del ámbito familiar biológico. Observamos que en el documento de referencia detallado en la web figuran tres casos que no llegaron a término (uno por aborto no deseado en un hospital y dos madres embarazadas muertas al resistirse a ser aprehendidas).
Insistimos nuevamente que estos guarismos surgen de las denuncias y los informes de la CONADEP 1984 y 2006, ya que no coinciden con los números ni con el contenido de los niños difundidos por la asociación
“Abuelas de Plaza de Mayo”, las que en su libro Niños desaparecidos – Jóvenes localizados 1976 a 1999 editorial propia, año 1999, registran sólo 129 niños desaparecidos que se deben sumar a otros 55, ya jóvenes, localizados, hasta esa fecha y restituidos, sumando 184. También se registran 9 muertos, de ellos 6 nonatos por muerte de madres embarazadas en combate y 3 como consecuencias de acciones armadas violentas contra viviendas en que se encontraban esos niños mientras sus padres y otros se resistían con armas de fuego.
Si hacemos un ejercicio de memoria y vemos que el ex secretario de DDHH Eduardo L. Duhalde, ya fallecido, había escrito un libro presentado a la vuelta de su exilio titulado El estado terrorista argentino, ed. El Caballito, Bs. As., 1983 donde a sabiendas mentía sobre la existencia de 30.000 desaparecidos (de ellas 10.000 eran mujeres y según lo ya expresado, deducía falazmente que los niños nacidos en cautiverio debían ser 500. Esta cifra de inmediato fue tomada como propia por las “Abuelas de Plaza de Mayo” (Sra. de Carlotto) como “bandera” en sus expresiones públicas sosteniendo aún hoy, que hay 400 niños desaparecidos sin aportar quiénes son.
Sería bueno que el periodismo le pidiera los nombres para su publicación y búsqueda y también, si ella creía que esas cifras eran ciertas y si pensaba que todas las 10.000 estaban embarazadas y detenidas. Lo más grave en este caso es que Duhalde fue un funcionario que dirigió un área clave en nuestro país y que junto con una presidenta de una ONG de Derechos Humanos mintieron a sabiendas sobre aspectos claves de nuestra historia reciente y que en lugar de despejar el camino hacia la verdad alimentaron aún más el relato falaz que benefició y aún beneficia al grupo responsable del inicio de la mayor tragedia argentina.
La conclusión emergente del relato mentiroso expresado por estos personajes llenos de odio y venganza, amén de otros intereses pecuniarios y de “estatus social”, permite razonar nuevamente lo difícil que es difundir la historia cuando se hacen dueños del poder personas ideologizadas que sostienen sus mentiras sólo para obtener réditos personales, políticos y económicos. Con sus acciones y declaraciones han bastardeado la verdad histórica de lo ocurrido, negando a las víctimas del terrorismo sedicioso marxista los beneficios morales, económicos y sociales que les dieron oportunamente a los victimarios del terrorismo convertidos en su falso relato en “inocentes víctimas”.
Esas víctimas del terrorismo insurrecto: hombres, mujeres y niños, aunque están todas enterradas, son los verdaderos ausentes de los recuerdos de la sociedad argentina por obra del odio y venganza de los familiares y militantes de las organizaciones político militares además de las seudo organizaciones de derechos humanos (sólo parcializado y de los 70).
ARGENTINA INÉDITA
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