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| Ellos llegaron para destruir una gran Nación. El nuevo presidente, Pedro Sánchez (PSOE) y el líder de Podemos, Pablo Iglesias |
El gobierno socialista español anunció una batería de medidas para profundizar el trabajo de "memoria histórica" sobre la dictadura franquista (1939-1975), incluyendo una Comisión de la Verdad y un censo oficial de víctimas.
“Se trata de cumplir los principios básicos del derecho humanitario, del derecho internacional y de los Derechos Humanos”, dijo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al presentar los ejes de su política ante una comisión parlamentaria.
En un comunicado, el ministerio de Justicia anunció la creación de una nueva Dirección General para la Memoria Histórica, que tendrá por misión reformar de manera íntegra una ley aprobada en 2007 por iniciativa del anterior ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Como parte de esa reforma de la ley, congelada bajo los gobiernos conservadores de Mariano Rajoy (2011-2018), el ministerio dijo que quiere crear una Comisión de la Verdad y “retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura”, todavía presente en algunas ciudades y pueblos del país. Con una novedad, y es que habrá “sanciones económicas en caso de incumplimiento”, añade el ministerio.
Un artículo publicado el lunes pasado da cuenta de las propuestas para reformar la Ley de Memoria Histórica tanto del PSOE como de la Izquierda Unida (IU), así como los puntos coincidentes y las diferencias entre ambas. Lo más destacable de estas propuestas es el consenso de las dos formaciones en que debe ser el Estado quien se ocupe de exhumar las fosas de la Guerra Civil y no las familias o las asociaciones de víctimas como hasta ahora. La principal diferencia, por otro lado, es que los socialistas consideran que es “imposible” juzgar al franquista Antonio González Pacheco, (Billy el Niño), mientras la IU considera que sí es posible.
“Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el 'acceso a la verdad' mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las 'víctimas del franquismo' y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición”, afirmó Delgado en su primera comparecencia en el Congreso.
Entre los objetivos está también el de establecer “planes de búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista”, declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus sentencias, facilitar las exhumaciones y publicar un censo oficial de víctimas de la contienda y el franquismo.
Según el historiador británico Paul Preston, que la izquierda toma como "una de las referencias en la Guerra Civil española", 200.000 personas murieron en combate, y otras 200.000 fueron ejecutadas en el conflicto, de las cuales 150.000 por las tropas leales al general Franco. Terminada la contienda, muchas personas más fueron ejecutadas en los años '40 por su vinculación real o supuesta con la II República (1931-1939), que destruyeron Franco y sus seguidores.
El ministerio indicó por otro lado que se propone también la ilegalización de aquellas organizaciones “que hagan apología del franquismo”, lo que amenazaría la existencia de la Fundación Francisco Franco, que reivindica la memoria del General.
“¿Cómo es posible que todos los gobiernos de este país hayan consentido una Fundación dedicada a enaltercer la figura de un dictador que robó la democracia durante 40 años, asesinó a cientos de miles de personas, mandó al exilio a medio millón y metió a miles en la cárcel?”, se pregunta Emilio Silva presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). “Es porque forma parte de esa amabilidad hacia la dictadura. Es insostenible la existencia de una fundación de estas condiciones. Tiene los días contados” amenaza.
Silva espera con impaciencia el momento en que los restos del General español Francisco Franco sean exhumados del Valle de los Caídos, donde se encuentran en un grandioso monumento católico desde su muerte en 1975, y sean entregados a su familia. A ello se comprometió el gobierno del socialista Pedro Sánchez, quien sugirió que el traslado tendrá lugar durante el mes de julio. En el mismo lugar están enterrados unas 37.000 personas de los dos bandos rivales del conflicto.
Según Silva, el buen trato que ha tenido la memoria de Franco en la democracia, colocado en un lugar de privilegio en un monumento como el Valle de los Caídos, es una manifestación de debilidad democrática. Hay una cosa muy simbólica en todo esto y es que la democracia le va a dar a Franco una orden y Franco la va a obedecer. Físicamente es una cosa muy sencilla de hacer, pero representa deshacer un nudo en la historia reciente de España, casi un grillete.
ARMH lleva años exigiendo que se haga un estudio en profundidad de cómo se encuentran los restos enterrados ahí. Y que a partir de un informe técnico se distinga entre cuales cuerpos son exhumables y pueden ser devueltos a sus familias y cuáles no (seguramente arribará a España para esa misión nuestro ideologizado cuerpo medico forense, experto en supuestas identificaciones de desaparecidos).
Según el Estado, hay 12.000 cuerpos sin identificar. Patrimonio Nacional, que es dependiente del Ministerio de Presidencia, fue una institución relacionada con la gestión de la información del Valle de los Caídos. De hecho, buena parte de la documentación que existe la sacó la instrucción judicial que llevó a cabo el juez Baltasar Garzón (destituido por prevaricación y utilización de artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido [...] con violación de las garantías constitucionales).
Silva, hablando en nombre de ARMH dice que piden que en el Valle de los Caídos haya una exposición que cuente su propia historia: cómo se planeó, cómo se construyó, quiénes fueron obligados a trabajar allí, por qué fueron obligados, cómo fue su inauguración y qué uso se le dio. “Reconciliación es una palabra que suena muy bonita, pero que los organismos de derechos humanos han dejado de utilizar para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición’”. afirma Silva.
Fuente de la Información: Página 12
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ESPAÑA: INVESTIGAN EL ROBO DE BEBÉS ENTRE 1950 Y 1980
Y, lamentablemente, con la llegada al poder de los comunistas enmascarados bajo la apariencia de demócratas, se comenzará a reescribir la historia en España. Al igual que en Argentina, los buenos pasarán a ser los malos y los terroristas pasarán a ser jóvenes idealistas.
En ese contexto, el pasado mes de junio comenzó un juicio contra el Doctor Eduardo Vela, de 85 años, quien es sometido -pese a su avanzada edad- a una parodia judicial demasiado similar a las que nos tiene acostumbrados la justicia pro marxista argentina.
Aunque no existen cifras oficiales sobre cuantos serían los niños en esta condición, las "asociaciones que luchan por obtener justicia" estiman que son unos 30.000 bebés robados. Cualquier coincidencia con la cifra inventada por la izquierda argentina para para entrar dentro de la categoría de "genocidio"... ¿es mera coincidencia?
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Y, lamentablemente, con la llegada al poder de los comunistas enmascarados bajo la apariencia de demócratas, se comenzará a reescribir la historia en España. Al igual que en Argentina, los buenos pasarán a ser los malos y los terroristas pasarán a ser jóvenes idealistas.
En ese contexto, el pasado mes de junio comenzó un juicio contra el Doctor Eduardo Vela, de 85 años, quien es sometido -pese a su avanzada edad- a una parodia judicial demasiado similar a las que nos tiene acostumbrados la justicia pro marxista argentina.
Aunque no existen cifras oficiales sobre cuantos serían los niños en esta condición, las "asociaciones que luchan por obtener justicia" estiman que son unos 30.000 bebés robados. Cualquier coincidencia con la cifra inventada por la izquierda argentina para para entrar dentro de la categoría de "genocidio"... ¿es mera coincidencia?
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