Arriando banderas

La ley de Caducidad fue una salida para lograr la pacificación total del país, respetando el espíritu de quienes acordaron la salida institucional y el fin de la dictadura. Pretender anularla es una vergüenza. Un acto desembozado de proselitismo electoral barato.

Prosigue la recolección de firmas -paralelamente a la campaña electoral de las primarias- para reformar la Constitución por medio de la "anulación" de la Ley de Caducidad. Faltan todavía bastantes de las firmas requeridas para que el proyecto se plebiscite conjuntamente con las elecciones nacionales del último domingo de octubre, pero no se está lejos de alcanzar el piso necesario para que ello suceda.

De ser así, la confusión del entrecruzamiento de pronunciamientos populares puede llegar a ser tan grande como inconveniente.

En primer lugar, lo que se propone es un mamarracho jurídico. Para algunos no es necesario recordar la génesis de la ley, pero brevemente, en homenaje a quienes no la conocen bien, vamos a decir simplemente, que fue una salida para lograr la pacificación total del país, respetando el espíritu de quienes acordaron la salida institucional y el fin de la dictadura, en el pacto del Club Naval. A saber, las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. Allí se acordó, no expresa pero sí implícita, lógica y naturalmente, que los militares entregaban el gobierno no precisamente para arriesgar la sanción penal contra quienes se excedieron en la represión a la guerrilla -se sabía perfectamente que los había e incluso en muchos casos quiénes fueron los responsables de tales excesos- sino para terminar con los intentos de revisionismo. Ello no impedía la búsqueda de los restos de los desaparecidos, y tampoco que se castigaran delitos de otra naturaleza cometidos por los militares, como por ejemplo los económicos. Esto fue avalado por la izquierda, hoy gobernante, y lamentablemente quienes estuvieron allí en su representación, el Cr. Juan Guillermo Young y el Dr. José P. Cardozo, no están entre nosotros para confirmarlo. Pero fue así, y no podía ser de otra manera.

La hipocresía del Frente Amplio -que pactó la impunidad a cambio de su reivindicación política- lo indujo a negar su propia conducta. Ya restablecida la institucionalidad del país, la Justicia recibió denuncias y cursó citaciones a militares involucrados en ellas y las Fuerzas Armadas anunciaron su negativa a someterse a investigaciones judiciales. Estando así al borde de la ruptura de una democracia débil que se había recuperado hacía muy poco, se buscó febrilmente una solución hasta que llegó la ley. Esta fue impugnada mediante el recurso de referéndum, pero el pueblo uruguayo la ratificó.

La ley rige entre nosotros desde diciembre de 1986. Integró el derecho positivo vigente del país durante veintidós largos años, y en el error o en el acierto, se aplicó en los hechos. Ahora se recurre a un procedimiento jurídicamente aberrante, que no existe en el derecho, como lo es la "anulación" de esa ley por medio de una norma constitucional. Es decir, se pretende que la Constitución disponga que la ley no fue tal, de manera que el país entero proceda como si no hubiera existido. Un acto de barbarie constitucional, revestida de ficción, que para peor, quienes la inventaron la presentan como una creación inteligente.

Esta monstruosidad que lastima en lo más hondo el principio de la seguridad jurídica de un país reconocido en el mundo como ejemplo de respeto y veneración por el derecho, nunca estuvo concebida, ni siquiera en el programa de gobierno del Frente Amplio, que lo único que estableció fue justamente, que la ley se cumpliera como sus disposiciones lo establecían, en lo referente a las investigaciones sobre los desaparecidos. Pero no derogarla -¿cómo se deroga un perdón?- ni anularla, lo que es un enchastre técnico. Con razón o sin ella, pero hasta ahí se llegó. No obstante, cuando Mujica comenzó su carrera presidencial, adhirió a la campaña. Y Astori, para no ser menos, hizo lo mismo. O sea, que los dos candidatos llamémosles "originarios" del Frente Amplio, al borrar con el codo lo que se escribió con la mano en el programa de gobierno, están arriando banderas olímpicamente, atentando, además, contra la plenitud conceptual del orden jurídico y haciendo trizas al sentido común.

Es una vergüenza. Un acto desembozado de proselitismo electoral barato, impropio de la investidura detrás de la cual ambos precandidatos están en carrera, y que desnaturaliza el concepto mismo de un gobierno republicano.

De algunos de estos agresores puede esperarse esto, y por sus antecedentes, más aun.

El País Digital

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