Por Fernando Laborda
Si el gobierno nacional accedió a llegar a un acuerdo con las autoridades porteñas para desalojar el parque Indoamericano fue por la presión de gobernadores e intendentes del conurbano, temerosos de un efecto dominó que amenazaba con dejar al país en llamas. Y la rapidez con que quienes ocupaban el parque de Soldati lo abandonaron habría obedecido a una fuerte inyección de fondos del Ministerio de Desarrollo Social a organizaciones que los movilizaron, lo cual demostraría que mandan quienes delinquen.
Uno de los mayores interrogantes que despierta la llegada de Nilda Garré al flamante Ministerio de Seguridad es si considerará que el principal problema de la inseguridad reside en la delincuencia o en las fuerzas policiales. Es que un gobierno que, tras siete años, sigue desconfiando de su propia policía sólo puede condenar a la población a vivir sin garantías de orden público.
Néstor Kirchner acostumbraba delegar tareas en sus ministros, pero jamás les delegaba el poder. Cristina Kirchner parece haber comenzado a darles un papel más central a algunos colaboradores que antes se limitaban a observar de lejos la mesa chica de las grandes decisiones.
El de Nilda Garré es el caso más relevante de las últimas semanas, al punto de convertirse en un emblema del nuevo equilibrio en un gabinete donde Aníbal Fernández ha resultado el mayor perjudicado.
Pero el discurso oficial no ha cambiado mayormente, pese a la creación de la cartera de Seguridad. Todos, incluida su ministra, siguen insistiendo en equiparar la aplicación de la ley con la represión ilegal. Se trata de un mensaje que, además de alentar a la delincuencia y de tornar impracticable el poder de disuasión, puede conducirnos a la anomia y al caos, como lo demostró la actitud prescindente del Estado en los recientes episodios de violencia en Soldati.
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Se relaciona esto con la hipótesis del periodista francés Hervé Algalarrondo, de Le Nouvel Observateur, quien en su libro Seguridad: la izquierda contra el pueblo, sostiene que algunos gobiernos supuestamente progresistas ven en el delincuente a una mera víctima de la sociedad y a la seguridad como un reclamo de la derecha. La cultura de la excusa los conduce a asumir la defensa de quien viola la ley, ignorando a las víctimas de la delincuencia. Esta excusa para el delincuente y para la inacción del Estado no es ni más ni menos que lo que se ha visto en estos días en que tantos grupos se sintieron con derecho a apoderarse del espacio público y a usurpar propiedades privadas.
Pese al mensaje lanzado por Aníbal Fernández en el sentido de que, en adelante, quien ocupe un espacio público o privado perderá cualquier posibilidad de subsidio o beneficio, en las últimas horas las usurpaciones no han cesado.
En el gobierno nacional hay conciencia de que los últimos episodios de violencia han afectado negativamente su imagen. En el gobierno de Mauricio Macri, en tanto, se confía en que la sociedad valore su compromiso con el orden público, aunque se admite que en la opinión pública quedó al menos la sensación de que la Policía Metropolitana no existe.
Lo cierto es que la línea telefónica entre el Palacio Municipal y la Casa Rosada sigue descompuesta y la repetición de otro hecho como el de Soldati tendría un final incierto.
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