La presidente de la Nación mencionó una vez más, como lo había hecho al inicio de su mandato, la idea de un pacto social.
Por Jorge R. Enríquez (*)
Nadie sabe por qué razones ese pacto nunca se llevó adelante. El gobierno nacional, que lo había impulsado, no lo explicó.
Ahora se ha reflotado la iniciativa, pero no deja de suscitar muchas dudas.
En primer lugar, llama la atención que el mismo gobierno que promueve esa idea, haya bloqueado la posibilidad de alcanzar el pacto social más democrático, que es la ley de presupuesto debatida, negociada y sancionada por el Congreso. En esa gran mesa de negociaciones, que es el Poder Legislativo, estamos representados todos los argentinos. En ese ámbito es donde hay que fijar el rumbo económico y social del país.
Pero el oficialismo ha dicho que o se aprueba su proyecto sin tocarle una coma, o no hay ley de presupuesto. En otras palabras, una minoría -la primera, pero minoría al fin- ha decidido que los representantes del pueblo que no se subordinan a los dictados de Olivos no tienen legitimidad para acordar el gran pacto social.
Sí la tienen, en cambio, para el kirchnerismo, que al mismo tiempo alardea de luchar contra las corporaciones, la CGT y la UIA.
En segundo lugar, no es claro cuál sería la agenda de ese pacto corporativo. Si se pretende usarlo para congelar precios y salarios, los argentinos tenemos sobrada experiencia acerca de lo fugaces que son estos intentos artificiales de detener la inflación.
La inflación no se genera por la codicia de los empresarios y comerciantes, que unos años se comportan solidariamente -cuando no hay aumentos de precios- y otros en forma mezquina -cuando se les despierta el lado perverso-, sino que responde a desequilibrios macroeconómicos. Hay un exceso de emisión de moneda destinado a enjugar un déficit que no se compensa con créditos.
¿El pacto atacaría esas causas o se quedaría, como es lo habitual, en sus consecuencias? Todo sugiere esto último.
Moyano amaga con no integrarlo, pero sus razones no son ideológicas: presiona para que el gobierno le arregle sus causas judiciales y no le suelte la mano. Un ejemplo elocuente de lo que el kirchner-moyanismo entiende por independencia judicial.
La posición del dirigente camionero estaría bastante sumamente comprometida frente a la investigación que por estos días dos jueces federales, Norberto Oyarbide y Claudio Bonadio, han dado en llamar “la mafia de los medicamentos”. De ahí sus presiones al poder político para que logre frenar o desviar la pesquisa.
Todo esto pone al desnudo, más allá de las responsabilidades penales, un sistema en el que se confunde la gestión gremial, la actividad política y los negocios (o negociados) privados. Sindicalistas que son a la vez políticos y empresarios.
Es ese sistema, necesariamente corrupto, el que debe terminar, porque de lo contrario otro Moyano sustituirá al actual y todo seguirá de la misma forma.
Ricardo Alfonsín ha pedido que los partidos políticos formen parte de ese pacto social. Se le ha contestado que eso no está en consideración. Es una lástima. El día que se haga un pacto en serio, no meramente corporativo ni meramente coyuntural, los representantes del pueblo deberán tener una posición de primacía, porque ellos son los que defienden el interés general.
Y ese gran pacto deberá encarar los grandes temas de la economía argentina, en especial cómo atraer inversiones nacionales y extranjeras, cómo asegurar un horizonte de previsibilidad, cómo insertar a la Argentina en el mundo, cómo combatir la economía informal, cómo potenciar la productividad, etc.
Pero ese amplio acuerdo no servirá de nada si no está precedido por un pacto republicano, que restaure la institucionalidad dañada y que ponga a la ley por encima de los gobernantes circunstanciales.
(*) El autor es abogado y periodista
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