Por Nélida Rebollo de Montes
La crisis revolucionaria y enfrentamientos de gente que exige al gobierno viviendas y múltiples dádivas en tiempo perentorio colisiona con la valiente defensa que hacen de su patrimonio los habitantes de la Villa Soldati quienes resguardan sus viviendas y el predio que les corresponde, parte del cual es repetidamente usurpado por esos intrusos. Esto revela en la continuidad de los días de violencia que se suceden con intención de despojo de bienes ajenos que el origen del estallido al que hacemos referencia no fue un detonante ocasional. Esta rebelión es impulsada por la izquierda kirchnerista, según algunos analistas, incluyendo en el desorden a los anarquistas y activistas de otras ideologías totalitarias con intensa gimnasia callejera. Todos ellos familiarizados con la protesta violenta; desafíos; agravios; amenazas y enfrentamientos con la policía y gendarmería los que permanecen pasivos por orden de quienes deben aplicar la ley para lograr la paz.
Precisamente se ha creado recientemente por sugerencia de partidos políticos de la oposición un Ministerio de Seguridad, habiendo designado la presidente a Nilda Garré al frente de ese Ministerio. Se le atribuye a la nombrada un desprecio odioso hacia las Fuerzas Armadas y la Policía.
Los atacantes filmados y captados en fotografías periodísticas dan razón a la sospecha que pertenecen a una asociación ilícita para delinquir. Se los acusa de haber planificado la multiplicación de los grupos dispuestos a usurpar terrenos en espacios públicos y en distintos puntos del país y de intentar ocupar casas no habitadas, por razones judiciales.
No es un secreto que los argentinos no sólo están preocupados y en algunas partes convulsionados por los graves hechos que están explotando en diferentes puntos de nuestro país. El proyecto republicano que prometió el gobierno kirchnerista a la sociedad, tendiente a producir cambios, no se está cumpliendo, pues las instituciones republicanas son avasalladas; los índices económicos manipulados; las Fuerzas Armadas y de Seguridad desmanteladas y permanentemente humilladas. Se recuerda, a propósito, que el abogado Luis Moreno Ocampo, Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, propuso una memoria punitiva a los represores pero no correctiva para los agresores. La justicia no puede ejercerse de dos maneras: o castigan a todos o perdonan a todos. También el esfuerzo productivo del campo lo malogran limitándolo; el Congreso y la Justicia convertidas en objeto de desobediencia con la aplicación de la ley del veto; la constante intromisión de Bonafini y un grupo de secuaces que se rotulan Madres de Plaza de Mayo y defensora de los Derechos Humanos, pero en realidad se dedican a promover fanatismo propios de doctrinas extremistas en consonancia con el amigo Hugo Chávez, presidente de Venezuela, todo un provocador que vive apropiándose de bienes de la gente decente del país nombrado. Precisamente ese personaje cuenta con la complicidad de nuestro gobierno que ni siquiera se aparta de él ante los agravios que infiere a su propio pueblo al que ha encarcelado por no poder desplazar las convicciones democráticas y humanas de los demás.
Debemos reconocer que carecemos de política de Estado clara y de servicios a la sociedad de la cual los gobernantes son empleados como se ha reconocido públicamente. Nuestro país está necesitando con urgencia que quienes nos gobiernan restituyan el equilibrio constitucional y legal para que se logre la paz social y la confianza de quienes nos gobiernan. También está en el pensamiento de los argentinos que para que la justicia sea posible todo ciudadano debe poseer la facultad de defenderse y reclamar la reparación del mal que le ocasionan cualquiera sea el responsable.
La mala gestión llega a cierto grado de contaminación que pone en peligro el sistema administrativo entero hasta el riesgo de que el país caiga en la anarquía. Desde el punto de vista constitucional, el Poder Judicial cumple la función de controlar a los restantes poderes, en la medida que ellos también ejercen, de acuerdo con las leyes, el poder público. Desde el punto de vista jurisdiccional la Constitución asigna normas jurídicas para dirimir conflictos, que la Constitución define como “el conocimiento” y decisión de todas las causas regidas por ellas y por las leyes de la Nación (artículo 116)
La justicia federal es un poder del Estado porque modera el desenvolvimiento político de los otros poderes sin dejar, por ello, de ser un tribunal de justicia; es un órgano de control que asegura la supremacía de la Constitución, a cuyo fin declara la inconstitucionalidad o la nulidad, en caso, de las leyes o de los actos de gobierno. Es un órgano de gobierno y un agente de cambio social, pues debe permitir la interpretación transformativa y dinámica del derecho federal. Es en realidad un árbitro en el sistema de poderes federativos.
Con estos conocimientos elementales para quienes gobiernan y para los gobernados resta decir que está haciendo falta con urgencia aplicar la ley y respetar la Constitución. Ojalá Dios ilumine a los que tienen en sus manos el sagrado destino de conducir el país, protegiendo a todos los ciudadanos, de los extremistas que se permiten convulsionar la seguridad de todos con la usurpación no sólo de los derechos de las víctimas sino también de sus bienes.
Nélida Rebollo de Montes, Profesora y periodista, distinguida con el Premio Benefactora de la Cultura. Ingresó en la Academia Provincial de la Historia con el trabajo titulado “Mujeres de mayo y prácticas electorales de 1816”. Con el voto unánime ingresó a la Sociedad Argentina de Escritores, institución que la distinguió con la “Pluma de Oro”, con la “Faja de Honor” y el “Gran Premio de Honor”. Autora del libro “Nuestro Tiempo y Nuestras Razones”, que incluye artículos de su profesión periodística, afrontando la difícil tarea del comentario instantáneo sobre los acontecimientos que se suceden diariamente. La gente valora en ellos el estudio relevante sobre el presente. El libro figura en las Universidades de Yale, de Columbia y en el catálogo online de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica.
Su Ensayo “Rosalía de Castro. Antonio de la Torre : dos testimonios de la pasión poética” fue incluido en la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela de España, en la Biblioteca Pública de Nueva York y en la Universidad Stony Brook de Nueva York de Estados Unidos de Norteamérica. Fue galardonada, en 1986, con el premio internacional “Honoris Causa”, otorgado por la Acción Católica Argentina con sede en Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica. En el mismo año, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) la premió en el año internacional de la Paz.
Fue elegida, en 1990, “Ciudadana Ilustre” de la Municipalidad de la Capital de San Juan y condecorada, en 1994, por el Diario la Razón. El Centro de Artistas Plásticos de San Juan la consagró, en el mismo año, “Benefactora del Arte”. Tres veces premiada, en 1997, 2001 y 2005, por ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina) y, en 1990, con el “Santa Clara de Asís”.
La Dra. Rebecca Ann Bill de la Universidad de Stanford de California, Estados Unidos, contratada por FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia de la República Argentina) consultó como fuente de de información un artículo periodístico de la Profesora Nélida Rebollo de Montes (argentina) titulado “La Suprema Corte de Justicia en la Presidencia de Mitre” y un libro del Dr. Harold J. Berman (estadounidense) de la Universidad de Cambridge y profesor emérito de la Universidad de Harvard. De ambos autores la Dra. Bill utilizó datos para su obra de investigación “Medición de la autonomía judicial. Juzgado Federal de primera instancia en lo penal de la República Argentina".
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