miércoles, 10 de junio de 2009

Arbitraria designación de jueces


Lo grave es la Presidenta ha alterado el orden de mérito de futuros magistrados, cuya selección realiza el Consejo de la Magistratura, órgano que cuenta con mayoría kirchnerista.

Cuando faltan pocas semanas para unas elecciones legislativas en las que el Gobierno corre el peligro de perder la mayoría en el Congreso y, con ella, la facultad de lograr imponer, entre otras cosas, sus candidatos a jueces, la presidente Cristina Kirchner sorprendió al enviar a la Comisión de Acuerdos del Senado los pliegos para cubrir sesenta vacantes que corresponden a jueces, fiscales y defensores públicos de distintos fueros de todo el país.

Sorprende a los observadores que, mientras el kirchnerismo ha sido especialmente lento, por no decir moroso, en la designación de jueces, a tan poco tiempo de un acto electoral se produzca el mayor envío de pliegos para magistrados efectuado por la presidente Cristina Kirchner.

Pero lo grave es que en este paquete la Presidenta ha alterado el orden de mérito de futuros magistrados, cuya selección realiza el Consejo de la Magistratura, órgano que cuenta con mayoría kirchnerista.

También reviste gravedad que entre los seleccionados haya jueces que se encuentran denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Marcela Rodríguez, diputada de la Coalición Cívica que ha integrado ese Consejo, afirmó, en tal sentido, que muchos de los magistrados elegidos por la Presidenta "son postulantes que serían muy difíciles de sostener públicamente con una composición diferente de las dos cámaras" del Congreso.

En cambio, un caso especialmente llamativo es el del juez civil Daniel Guillermo Alioto, actual titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Nº 80, quien tras enterarse del envío de los pliegos al Senado efectuó un planteo judicial de inconstitucionalidad.

Alioto consideró que tanto el Poder Ejecutivo como el Senado deben abstenerse de tratar las designaciones para las seis vacantes en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que él aspira integrar, porque se lo ha "excluido con arbitrariedad manifiesta y con violación de las normas aplicables al caso", pues en el concurso ante el Consejo de la Magistratura obtuvo el segundo lugar entre los concursantes.

Sin embargo, Alioto no fue incluído por la Presidente, quien en su puesto ubicó a una jueza que ocupaba el séptimo sitio en el orden de mérito del Consejo de la Magistratura. Si bien el Poder Ejecutivo elige los candidatos en forma discrecional a partir de las ternas elaboradas por el Consejo, lo que de ninguna manera puede hacer es ignorar el criterio de idoneidad de los candidatos y efectuar elecciones arbitrarias.

Otro ejemplo. Para poner al frente del Juzgado Nº 2 del fuero Contencioso Administrativo Federal la Presidenta eligió a Esteban Furnari, quien había quedado cuarto en orden de mérito en el concurso respectivo. Hoy, este juez ya ocupa ese puesto como suplente, y como tal falló en favor del Gobierno para la intervención de Aerolíneas Argentinas.

Esta designación arbitraria tiene lugar en uno de los fueros menos conocidos pero más importantes, en el cual se deciden asuntos de trascendencia. Por esto mismo, la elección de sus integrantes requiere la mayor de las transparencias.

Para el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 1 de la Capital, la Presidenta eligió al secretario letrado de la Corte, Adrián Federico Grümberg, y al fiscal Oscar Amirante, y excluyó a Diego García Berro, juez en lo penal tributario que integraba como suplente ese mismo tribunal oral desde hacía tres años y era el primero en la terna que el Consejo de la Magistratura había enviado al Poder Ejecutivo.

También habría habido arbitrariedades notorias con candidatos de la Presidenta para la Cámara Comercial, donde uno de los que ella eligió se encuentra denunciado en el Consejo de la Magistratura por la Inspección General de Justicia porque con pocos días de diferencia firmó dos fallos radicalmente opuestos en un mismo caso.

Por lo pronto, el Consejo de la Magistratura debería obrar con la mayor de las transparencias en el proceso de la selección de los candidatos a jueces, sin anular, como ha ocurrido, los concursos en los que hayan salido malparados candidatos que han sido protegidos por el Gobierno.

En el caso que nos ocupa, cabe la posibilidad de que la Presidenta se haya apurado para aprovechar la mayoría parlamentaria que le garantice la designación de jueces y camaristas amigos que puedan resultar fieles al kirchnerismo en el futuro inmediato. Un futuro que, a juzgar por el presente, estará plagado de denuncias judiciales y causas en trámite por hechos de presunta corrupción.

Lo que quizá no haya tenido en cuenta es que, según indica la actitud adoptada por tantos jueces federales penales elegidos por el menemismo, las lealtades de muchos magistrados se mantienen firmes en relación proporcional con el poder político del gobierno que los eligió. Cuando ese poder comienza a menguar, o cesa, muchos de los jueces de este fuero suelen convertirse en celosos investigadores de los funcionarios a los que antes se cuidaban de investigar, o cuyas causas demoraban sin razones valederas.

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