domingo, 14 de junio de 2009

Un caso de justicia violentada

El pasado 26 de mayo, se inició en el Juzgado Oral Federal Criminal de Mar del Plata el seudo "juicio" contra dos Oficiales del Ejército, por la presunta desaparición del señor Carlos Alberto Labolita, en 1976.

Por Horacio Guglielmone

Digo seudo "juicio" porque creo que nada tiene de justicia, ya que se violentan principios básicos de ésta al juzgar hechos de guerra con el Código Penal, se ha sacado a los procesados de sus jueces naturales, se aplican leyes con retroactividad, etc., lo que está expresamente prohibido por el Art. 18 de nuestra Constitución Nacional.

Como si esto fuera poco, dicho "juicio" se ha iniciado estando recusado, ante la Cámara de Casación Penal de la Nación, uno de los jueces del Tribunal, el Dr. Carlos Alberto Rozanski, sin que dicha Cámara haya resuelto al respecto, lo cual también está expresamente prohibido por las leyes vigentes. Todo ello, entiendo, habla de la nulidad de este "juicio" y de tantos otros.

Además, en la primera audiencia y sentado en primera fila, se encontraba el “secretario de derechos humanos” de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, conocido ex integrante de una de las organizaciones terroristas más violentas que agredieron a nuestra Nación en los años 70. Me pregunto: ¿a qué se debió la presencia de este "funcionario"? ¿A "garantizar" el desarrollo del "juicio"?

Como alguien dijo, ¿puede un ex terrorista garantizar ‘derechos humanos’ o la transparencia de algún proceso? ¿O su presencia fue un claro "mensaje" a los integrantes del Tribunal, en cuanto a la amenaza de juicio político que pesa sobre ellos si su fallo no responde a lo que busca el gobierno, como ocurrió en diciembre último con integrantes de la Cámara de Casación? ¿Advierte la sociedad argentina los peligros que esto implica para todos y cada uno de los ciudadanos y para la República, al haberse "abierto las puertas" a la ilegalidad, pero con "fachada" de Justicia?

Creo que el orden jurídico, en nuestro país, ha sido destruido, con el silencio cómplice de jueces, fiscales y muchos hombres y mujeres del derecho, pero, en contraposición a ello, ha comenzado a escucharse la voz de alarma de otros tantos. Espero que estos últimos eleven sensiblemente el volumen de dicha voz de alarma y que la sociedad escuche y despierte, para el bien de la República y del futuro de nuestros hijos y nietos.

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